No se trata de saber si el huevo precedió a la gallina o ésta al huevo. Se trata de saber, cuestión mucho fácil de dilucidar, de si se tuvo en cuenta al plasmar la ley, o se forjó la ley sin considerar el Derecho. Ante una u otra formulación, los resultados no son los mismos.
Siempre me sorprendió la grandeza sublimal que los medios de enseñanza y educación española dieron a la frase Cesariana de hace 2.000 años: “Llegué, vi y vencí”. Cortas palabras que señalan la subsiguiente aplicación de la justicia del vencedor.
Tras la victoria militar, los vencidos pasaron a pagar la paz del vencedor: Habían perdido el derecho a la ley, y se les ponía el precio de la derrota: la “Ley del Derecho”, pero derecho del vencedor.
No lo pasaron mejor los vascones que fueron sometidos por Suintilla el año 621: “humilló… a los vascones”. Volvió pues a imponerse la Ley del vencedor al vencido, contra el Derecho del nativo.
Si hemos de situarnos en tiempos más cercanos, es fácil de entender las leyes que preparó el rey católico que ocupó Navarra y el precio de la paz que pagaron los sometidos, sólo con conocer la frase de su general en jefe, el duque de Alba: “No dan leyes los vencidos, sino los vencedores”.
No me detendré en los siglos XVII y XVIII, donde la interpretación de los derechos jerárquicos se lleva a la enseñanza. Pero sí reseñaré el llamado abrazo de Bergara. La condición del vencedor fue hacer aceptar la Constitución, que anulaba los derechos del vencido. Una Constitución no eterna; ya la habían precedido la de Cádiz (1812) y un “Estatuto Real” (1833), pero sí modificable a tenor del poder establecido.
Desde entonces, ha habido una decena de Códigos y Leyes Fundamentales, y todos reservaron a la jurisdicción estatal el Derecho a legislar, su exclusividad en el gobierno, en el arbitrio de juzgar y en la interpretación judicial. Al unísono, la creación de leyes, el dictado de normas y reglamentos sujetos a ellas y su uniformidad en todo el territorio del Estado, ha sido y es una máxima de sus gobernantes. En todo momento el fundamento de legislar no ha sido para defender derechos, sino para mantener la ley del poder establecido. La Ley sobre el Derecho ciudadano.
Es expresiva al respecto la frase de Canovas del Castillo, siendo presidente del gobierno español en la segunda mitad del siglo XIX, de cómo se impone la ley bajo la amenaza: “Cuando la fuerza crea el Estado, la fuerza constituye el derecho”.
Aún fue más directo el invicto Caudillo cuando marcó el precio a pagar por la paz, allí donde más le costó imponer la ley del vencedor: Gipuzkoa y Bizkaia fueron declaradas “provincias traidoras”. Otra vez la ley frente al Derecho.
Ningún gobernante del Estado ha denunciado el “consenso” forzado para delimitar el texto Constitucional de 1978, ni renegado de las consecuencias del golpe de Tejero en 1981, ni de los retrocesos legislativos que posteriormente se han ido sucediendo. Está claro que todos los gobernantes del Estado “democrático” se han mantenido en el poder con leyes hechas frente al derecho. Hacer respetar las “Reglas” y “Leyes” calificándolas de “Derecho” es falsear los términos, puesto que las leyes, normas y reglamentos actuales tienen por objeto mantener el poder y el sistema existente.
Mentiría, pues, si ahora digo que me ha sorprendido el nuevo ministro del Interior cuando ha puesto en su discurso la prioridad de hacer respetar la “Ley y el Estado de derecho” por este orden. Todavía está reciente cuando al ministro Corcuera le acusaban de que sus muchachos abrieran las puertas a patadas. Y hoy ya nadie se extraña de que lo hagan con nocturnidad, alevosía y explosivos. No me extraña que los “agentes del orden” vayan enmascarados. Hace falta cara para defender que dicho trabajo sea conforme a Derecho.
Eso sí, ahora se suaviza el lenguaje, se guardan las maneras, y se apela incluso al derecho. Porque no es ley de Derecho cuando la Ley defiende logros del pasado (y me refiero a las leyes consensuadas del franquismo, frente a una ruptura con la dictadura), por mucho que se la encuadre en un marco llamado Constitución.
El social-nacionalista español Alfonso Guerra ha señalado en un reciente mitin, ante sus adictos del país vasco, cómo y dónde se impone el precio a la paz. Con el gracejo andaluz para quienes lo gozan o el sentido fascista para quienes lo sufren, ahí queda la frase: “Los cepillamos… los cepillaremos”.
En resumen, para hacer leyes es el Derecho lo que hay que considerar previo, base y razón, y no buscar la plasmación del Derecho en atención a lo contenido en las leyes anteriores. Esto último es imponer la ley por encima del Derecho. Mas grave aún, es poner la ley como precio por la paz. Es más o menos actuar solapadamente, uniendo el cinismo del gobernante a la fuerza que marca la imposición a un pueblo.
