La Humanidad no ha conseguido arrumbar la violencia como instrumento de resolución de conflictos. El Estado mismo únicamente es reconocido, cuando tiene capacidad para rechazar la agresión exterior y puede imponerse a sus súbditos. La violencia, sin embargo, convulsiona la conciencia y quien la ejerce, pretende ser reconocido como pacífico y obligado por la malevolencia de su contrario a utilizar un medio que en principio rechaza. El prurito por justificar el uso de la violencia ha llevado a teorizar sobre la “guerra justa”. A decir verdad, resulta difícil aceptar que pueda darse tal guerra. En una guerra -conflicto generalizado- son afectados los inocentes en sus personas y bienes. No se entiende que alguien tenga derecho a dañar a quien no tiene ninguna responsabilidad en el daño que él mismo ha recibido. Determinar quién es inocente en un conflicto bélico parece sencillo; mujeres, niños, ancianos, población civil en general… ¿Y por qué no el soldado forzado a tomar las armas? Finalmente, no sólo éste es “culpable”, sino todo no combatiente, súbdito de un “Estado agresor”, que se interpone de cualquier manera frente a quien ejerce “su legítima defensa”.
¿Podríamos aceptar una responsabilidad objetiva, la del individuo de cualquier condición, al que las circunstancias han puesto entre el agresor y agredido? Simplemente absurdo, la responsabilidad es subjetiva, resultado de actuación consciente. En tal caso ¿Por qué ha de prevalecer el derecho del agredido sobre quien es tan inocente o más que él? El inocente, a su vez, estaría en derecho de reclamar una actuación hostil contra su agresor directo. No puede haber, en definitiva, guerra justa, que no es justificada por sus defensores, sino como una transposición al derecho internacional, de la situación de enfrentamiento violento, inmediato y puntual entre dos individuos particulares.
Los conflictos generalizados -guerras y turbulencias sociales- producen muchas víctimas, resultado desproporcionado de lo que pretende ser reparación de agravios individuales y colectivos. Determinar la responsabilidad individual en los perjuicios sufridos injustamente es tarea muy difícil y, normalmente, la paz se consigue con el acuerdo que supera los agravios causantes del conflicto y el olvido -amnistía- de las actuaciones destructoras de bienes y vidas. Se exceptúan aquellas que se llevaron a cabo en una situación de total superioridad por parte del agresor -cuando éste controlaba completamente la situación y el agredido se encontraba en indefensión absoluta- en actuaciones de violencia gratuita que no persigue ventaja militar; normalmente la eliminación física del contrario indefenso y abatido, calificada de crimen de guerra.
Aproximándonos a nuestro espacio, el conflicto que enfrenta a la nación navarra -Euskal Herria- ha provocado históricamente, y lo sigue haciendo, víctimas de toda índole. Si ninguna duda el más perjudicado es el Pueblo navarro, quien ha perdido su independencia, ha visto desmontado su sistema institucional y erradicada su cultura. Es un hecho histórico y actual, así como la resistencia de nuestro Pueblo a tal agresión propiciada por los estados español y francés. Como resultado del conflicto se han producido, y producen, innumerables víctimas por ambos lados, y cabría preguntarse, si no tienen derecho todas a la consideración de inocentes, no merecedoras de los daños que han sufrido. En este terreno cada bando reclama para los suyos la condición de inocentes y adjudica la de criminales a sus contrarios.
Lo cierto es que uno de los bandos se encuentra en condiciones de imponer sus puntos de vista y por lo que se refiere a España, este estado pretende aparecer como agredido, obligado a soportar la carga de víctimas, por la acción injusta del “terrorismo vasco”. La obligación de reparar a estas víctimas, se encuentra por encima de cualquier posibilidad de acuerdo, dirigida a satisfacer las inadmisibles exigencias de los vascos; de esta manera se razona desde España. En tal actitud se rechaza por parte de los españoles cualquier responsabilidad, empezando por no reconocer los daños infligidos a la Nación Navarra, así como que la actuación española genere víctimas del lado navarro. En esta materia se aplica un doble rasero que hace de los vascos violentos y poco razonables. No se cuentan sus muertos, ni sus presos y torturados. Las víctimas que los españoles estiman son propias representan un obstáculo insuperable de cara a la solución del contencioso, porque están por encima de cualquier interés inaceptable de las reivindicaciones vascas.
La insoslayable reparación de las víctimas -las españolas, desde luego- convierte en causa lo que es efecto del conflicto. En un ejercicio de perversión, nacido de la prepotencia, impone los criterios de justicia. España se constituye en juez, en un conflicto del que es parte principal y sentencia a su favor. Se establece que la violencia viene representada por la actuación frontal contra el Estado español. E.T.A. representa el paradigma y es condenable por ello. Desde la perspectiva de la nación navarra se debate el derecho de E.T.A a llevar adelante su estrategia. El enfrentamiento armado es práctica universal que se tiene por legítima, cuando un colectivo nacional se percibe sometido por la fuerza. En tal sentido E.T.A. ha encontrado a lo largo de su historia un apoyo de diversa amplitud en el seno de la colectividad nacional vasca, apoyo que respondía a las expectativas de alcanzar sus objetivos políticos declarados dentro de esa colectividad. Como cualquiera otro de los movimientos de resistencia a una ocupación de una Nación por parte de otra, sus integrantes se han atribuido la misión de conseguir la liberación mediante el enfrentamiento directo a lo que constituye una violentación de la voluntad nacional. No es el Estado que ejerce ésta -España- quien puede considerarse agredido, cuando el origen del conflicto es su propia violencia.
Claro que la legitimidad de un grupo armado estará en función del apoyo que encuentre en el seno del colectivo del que asume su liberación. En la situación histórica presente parece que E.T.A. dispone de un apoyo limitado en el seno de la sociedad vasca. Es resultado de una larga lucha que no ha proporcionado avances y sí mucho desgaste humano. Tampoco las urgencias vitales de la sociedad vasca parecen exigir unos esfuerzos que tienen tan gran coste social, con muertes, mutilaciones y presos con perspectivas de inutilizar una gran parte de su vida en las cárceles.
En el panorama presente España no muestra disposición a modificar sus planteamientos. No se siente acuciada por la actuación de E.T.A., mientras cree poder hacer frente a las exigencias de las fuerzas políticas vascas que actúan dentro de la legalidad. La cuestión de las víctimas no es, sino una cortina de humo, mediante la que se pretende ocultar la responsabilidad primordial que tiene España en el conflicto y su negativa a buscar una solución auténtica. En este esquema necesita polarizar en torno a E.T.A. la atención del conflicto y que se asuma que esta organización es la causa única del mismo. En esta ceremonia el Estado español plantea la exigencia insoslayable de la desaparición de la misma y hace recaer sobre los presos y familiares las cargas más pesadas de su particular visión de las responsabilidades, mientras ensalza y mira con benevolencia a quienes han estado en primera línea de la represión contra el soberanismo de Navarra. Desde luego, sin tener en cuenta que una verdadera paz ha de superar las causas del conflicto y la reparación de las víctimas de una manera colectiva y no con el castigo de quienes las causaron, porque aceptaron que el enemigo es también el colectivo que se opone de manera conjunta a la libertad de la propia Nación.
