el 8 de enero de 2008, el parlamentario Ion Erro (IU) solicita en el Parlamento la relación de bienes inmatriculados. El 7 de febrero, la presidenta del Parlamento, Elena Torres (PSOE), solicita esta información al Ministerio de Justicia. El 18 de abril de 2008, la directora general de los Registros y del Notariado remite a la presidenta del Parlamento de Navarra la información solicitada. Llama poderosamente la atención la simplicidad y rapidez con que se obtuvieron las notas simples (excepto los Registros de la Propiedad números 3 y 8 de Pamplona que remitieron listados) de esas 1.087 inmatriculaciones realizadas en Navarra entre 1998 y 2007. El 24 de abril de 2008 se produce una primera comparecencia de la Plataforma junto con la Comisión Municipalista ante el Parlamento.
El 14 de junio de 2012 el pleno del Parlamento de Navarra aprueba una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a realizar un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica.
El 13 de enero de 2016, se produce una nueva comparecencia de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ante la Comisión de Presidencia del Parlamento Foral. El 17 de marzo se presenta una moción suscrita por los cuatro grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno en la que se da cauce a las demandas de la Plataforma. El 7 de abril se aprueba dicha moción. El 1 de julio de 2016, el Ministerio de Justicia responde que no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes por la Iglesia católica. Ese mismo Ministerio que 8 años antes había remitido esa información.
El 19 de abril de 2018, el Parlamento de Navarra aprueba una moción para solicitar del Decanato de los Registradores de la Propiedad las notas simples de las inmatriculaciones realizadas entre 1978 y 2015. El Gobierno de Navarra se dirige al Ministerio de Justicia que se remite a la contestación que están preparando para el Congreso de los Diputados. Pero el 11 de diciembre de 2018, ese Ministerio remite al Gobierno de Navarra un listado de 1.431 inmatriculaciones realizadas en Navarra antes de 1998.
El 20 de febrero de 2019, la Plataforma comparece de nuevo en el Parlamento Foral proponiendo una moción que será presentada al día siguiente y aprobada el 7 de marzo. El Parlamento insta al Gobierno de Navarra a recabar del Colegio de los Registradores de la Propiedad las notas simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. En esa misma resolución se insta al Gobierno de Navarra a que investigue qué inmatriculaciones pudieran ser bienes comunales y, en ese caso, a que realice las acciones administrativas o judiciales oportunas para la recuperación de los mismos.
El 3 de febrero de 2020 se mantiene una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que da un impulso decisivo a la ejecución de la moción de 7 de marzo de 2019. El 29 de julio nos informan desde el Gabinete de la presidenta que el tema de las inmatriculaciones se ha asignado al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
El 23 de noviembre de 2021, el titular del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia entrega al presidente del Parlamento las notas simples de las casi 3.000 inmatriculaciones realizadas en Navarra entre 1946 y 2015 y presenta en Comisión el trabajo realizado y los resultados obtenidos.
Ha sido un largo y tortuoso recorrido que finalmente ha dado sus frutos. 3.000 inmatriculaciones que pueden esconder alrededor de 5.000 bienes inmatriculados.
En ese camino hemos aprendido cuáles son las fechas de referencia que han de considerarse. La reforma de Aznar de 1998 no es el inicio del fenómeno de las inmatriculaciones, como algunos se empeñan en seguir manteniendo. Es la reforma franquista de la Ley Hipotecaria de 1946 la que abre el camino a este escándalo monumental.
Hemos comprobado la necesidad de disponer de las notas simples ya que los listados (el presentado en febrero por Carmen Calvo es buena prueba de ello) no contienen información suficiente para identificar un bien inmatriculado y además ocultan que en cada inmatriculación puede haber varios bienes.
Hemos constatado que las fuerzas políticas de derechas (y sus jueces y sus medios de comunicación) están dispuestas a mantener ese privilegio franquista que permite la apropiación privada de bienes que no les pertenecen. Jueces en esta tierra han dictaminado que las ermitas de Sangüesa y la de Muskilda en Otsagabia son propiedad de una institución privada dependiente del Estado Vaticano. Pero también denunciamos la debilidad de quienes se consideran de izquierdas pero se arrodillan ante el poder fáctico que representa la Iglesia católica. ¿Qué queda del discurso de investidura de Pedro Sánchez: “el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”?
*Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro
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