Se cumplen 20 años del cierre ilegal de Egunkaria. Este país ha cambiado mucho en estos 20 años. Los tiempos de este presente difieren mucho de aquellos tiempos en los que la violencia de ETA y otras violencias de estado asuelaban a esta sociedad. El contexto es otro muy diferente, afortunadamente. El cierre de Egunkaria fue ilegal, según la sentencia de 2010 de la propia Audiencia Nacional, un durísimo fallo contra la operación judicial, política y policial que dirigió penosamente el juez Del Olmo. 18 personas fueron detenidas y encausadas únicamente con el testimonio de un informe de la Guardia Civil que ni siquiera alcanzó la categoría de informe pericial. Es decir, carecía de valor probatorio alguno, pero se echó mano del mismo para cerrar un periódico en euskera.
Hubo también denuncias de torturas y malos tratos que derivaron en 2012, en el caso de quien fuera su director y ahora es director del diario que le sucedió Berria, Martxelo Otamendi, en otra condena del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado español por no investigarlas. Además, decenas de personas perdieron su puesto de trabajo. A día de hoy, ningún representante del Estado ha pedido perdón por aquel atropello antidemocrático contra la libertad de expresión y el derecho de información a las personas implicadas, periodistas, accionistas y lectores. Tampoco ha habido autocrítica. Ni, tras la sentencia de 2014 que cerró también la causa económica abierta contra sus directivos y accionistas, se dio un solo paso para compensar la pérdida patrimonial que supuso el cierre. Como si no hubiera ocurrido nada. Como si esas personas no hubieran sufrido un proceso judicial colectivo con sus consecuencias laborales, económicas y vitales sin que hubiera una prueba objetiva que avalase la causa.
El proceso se saltó todas las salvaguardas constitucionales y garantistas de un Estado democrático bajo el falso argumentario del todo es ETA, pero la memoria oficial de aquellos hechos intenta enterrar la historia real de lo ocurrido. Ni el juez Del Olmo –que continuó tranquilamente en su carrera judicial–, ni ningún responsable político o policial del impulso a aquella operación ni tampoco los medios que la aplaudieron de forma entusiasta o miraron para otro lado han asumido responsabilidad penal, judicial o económica alguna. Una justicia de impulso y obediencia política que intentó criminalizar y desprestigiar al euskera y a la cutura vasca. Fracasó el objetivo final. Pero fue uno de los casos en los que el Estado se saltó las líneas de un sistema democrático bajo la excusa de la lucha contra ETA. Se cerró Egunkaria como antes se cerró Egin, otra operación judicial, política y policial que fue luego tumbada en el Supremo por no ser ajustada a Derecho, pese a lo cual Gara tuvo que asumir el pago de la deuda con la Seguridad Social del periódico cerrado años antes.
Hay casos similares no tan mediáticos, pero en los que igualmente se vulneraron derechos de las personas encausadas. Y los ha seguido habiendo: basta recordar el caso Alsasua o el proceso contra los dirigentes políticos catalanistas que acabaron encarcelados o exiliados y aún son perseguidos judicialmente. El cierre de Egunkaria, 20 años después, sigue siendo judicialmente ilegal e injusto, democráticamente inaceptable y otro arbitrario abuso de poder
Noticias de Navarra
Varios centenares de personas se manifiestan en contra del juicio a Egunkaria
