Imagino que los lectores estarán a otras, más festivas, y hacen bien. Sucede que si estás fuera de la farra es difícil hablar de ella no ya como si estuvieras dentro, sino en plan de erudito castizo, y es de otros barullos de los que no te queda más remedio que hablar porque para estos no hay tregua que valga. Cuando se apague el eco de la última dulzaina, el pozo negro portátil de nuestros gobernantes seguirá ahí. Conviene saberlo, aunque haya un tiempo en que, por higiene, es mejor olvidarlo.
Sostener que la única verdad es la judicial, como acaba de hacer el ministro de la Policía, el magistrado Grande-Marlaska, además de una melonada, parecería impropio de un profesional del derecho en cualquier país con arraigada tradición liberal o democrática, mientras que aquí revela las temibles trastiendas intelectuales de quien lo dice: el autoritarismo más descarado y me temo que imposible de erradicar porque es de tan arraigada idiosincrasia nacional que hasta resulta de un casticismo sombrío. Son muchos años de confusión de la fuerza con la ley como para que eso desaparezca como por arte de magia.
Con todo, es coherente que el magistrado-ministro dude de la veracidad del copioso informe del Gobierno Vasco acerca de la tortura en el País Vasco, elaborado por el forense Etxeberria, en la medida en que seis de las nueve condenas recibidas por el Gobierno español por no investigar denuncias de torturas corresponden a actuaciones en las que él era juez actuante. Es una forma de protegerse y de justificar su inacción procesal que podría calificarse de encubridora.
No hace falta leer al difunto pensador Tzvetan Todorov, tan elogiado cuando conviene, en su breve ensayo Los torturadores voluntarios (2009), para entender que si la tortura como sistema se sostiene es porque cuenta con un abanico amplio de cómplices o encubridores, y cuando dice quién debe ser tenido como responsable, sostiene que “los ejecutantes voluntarios de la tortura son menos [responsables] que los altos funcionarios legales que la han justificado y alentado”. Todorov, un extranjero, que habla de los americanos…
Y que esto salga la misma semana en que un guardia civil retirado confiese con desfachatez ante las cámaras haber practicado torturas sin que eso tenga consecuencia alguna, resulta todavía más grave. Ahora bien, si tal cosa es posible es porque el antiguo uniformado está seguro de que lo que decía iba a ser silenciado y sobre todo aplaudido.
¿Generar las verdades judiciales?, dice Marlaska acorralado en su dislate. Pero si quienes defienden tal cosa ponen todas las trabas que pueden para que no se investiguen con eficacia y celeridad las torturas. ¿Qué burla es esta? Por no hablar de funcionarios condenados por torturas que luego son indultados y ascendidos.
Me acuerdo de cómo un juez mandó a prisión a un defendido por haber dicho que había sido golpeado en comisaría, tras amenazarle con procesarle… detenido que al final fue absuelto, pero se tragó los palos y el maco. Transición, bonita…
Tampoco hace falta haber ejercido la profesión de abogado y ganado juicios que deberías haber perdido, y perdido los que deberías haber ganado, por habérsete negado medios de prueba, entre otras cosas, para poner en solfa semejante dislate acerca de la Verdad judicial propio de un visionario o de un vendedor de Biblias.
Gran error el del presidente de Gobierno de nombrar ministro de Interior a alguien que trata una de las mayores lacras del sistema democrático español de esa manera. Está visto que no se trata de emprender lucha alguna contra los malos tratos o la tortura, sino de negar su existencia, echando mano de un famoso “manual de ETA” que nunca ha sido puesto a disposición mediática del público para que este juzgue por sí mismo, y que si se trata de unas instrucciones para el caso de detención que se publicaron en Francia, estas no dicen lo que dice la Policía española, los jueces como el ministro y los medios de comunicación que repican una información que tiene mucho de consigna. La carga de la prueba compete a quien afirma, con puñetas o sin ellas.
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