Una estrategia republicana común: ¿desobediencia o ampliar mayoría?

COMPARATIVA DE HOJAS DE RUTA (1)

Las diferencias estratégicas en el seno del independentismo son más que evidentes. El debate entre ampliar la base y construir República, la unidad orgánica o de acción, los grados de desobediencia a ejercer… Son elementos que no tienen un enfoque común. El choque entre JxCat y ERC emergió en el Parlamento a mediados de julio, mientras que la CUP les acusa a los dos de hacer “procesismo 2.0” y se ratifica en el anuncio de situarse en la oposición.

En este marco, el presidente parlamentario de los republicanos, Sergi Sabrià, apostó por sellar una estrategia común por escrito, si bien los anticapitalistas les reprochan tanto a ellos como a sus socios falta de voluntad para abordar hasta ahora esta cuestión. Mientras tanto, Demócratas reclama convocar una mesa de partidos para afrontarlo conjuntamente y la ANC ha revelado que ha iniciado conversaciones con el Gobierno para fijar una estrategia republicana.

¿Qué posibilidades de éxito hay? ¿Las diferencias sobre el papel son tan relevantes como escenifican los choques públicos o son, más bien, cuestión de matices? En ‘Nació Digital’ analizamos las ponencias que PDECat, ERC y la CUP han aprobado en los respectivos cónclaves de los últimos meses, en los que han concretado sus hojas de ruta, para comparar en diez puntos sus similitudes y diferencias. Las detallamos en dos artículos (al final de cada uno encontrará los documentos avalados por cada formación). Esta es la primera entrega.

 

  1. Movilización y desobediencia

La ponencia de ERC varió sensiblemente respecto a su redacción original en la medida en que fue poniendo más énfasis en la necesidad de contemplar la movilización y la desobediencia como un elemento a prever para implementar la República, si bien no se concreta demasiado en qué formato. La redacción final plantea “no renunciar bajo ningún concepto a cualquier vía democrática y pacífica”, y afirma que “la desobediencia civil” y “la resistencia no violenta” deben servir para presionar para forzar al Estado a negociar.

Estas acciones, afirma, pueden ir “desde una manifestación hasta una huelga, pasando por un cierre de cajas”, sin poner límites, si bien, priorizando el ensanchamiento de la mayoría social, concreta a realizar “una vez alcanzados los apoyos suficientes”. “Hay que plantearse actos de desobediencia civil, cívicos y pacíficos, ya sea por parte de nuestros representantes políticos como de la propia masa social, ante actuaciones políticas, judiciales y policiales, de carácter claramente represivo y antisocial”, subraya.

Los republicanos también se comprometen a “formar y organizar, conjuntamente con el resto de organizaciones y entidades del ámbito soberanista, la sociedad civil para que en el momento oportuno pueda defender de manera pacífica y efectiva la implementación de la República”. Que no se repita, por tanto, la situación de falta de coordinación ni directrices posterior al 27-O, cuando se renunció a defender la República en la calle.

Finalmente, ERC también reconoce la importancia de las actuaciones individuales de los catalanes para desconectar del Estado y el régimen del 78 y, por ejemplo, apuesta por potenciar las entidades financieras y empresas “con conciencia social y que no dependan de los favores del BOE” , aquel “sindicalismo comprometido con el marco catalán de relaciones laborales”, o la internacionalización de las empresas, para hacerlas menos dependientes de posibles boicots.

A su vez, la CUP se expresa en unos términos similares, pero deja mucho más claro que la desobediencia debe ser el motor central de actuación de la nueva fase del proceso, en el que apuesta por “la movilización y la desobediencia civil e institucional masiva no violenta “y por” emprender nuevas ofensivas que creen tensión e inestabilidad permanente y profundicen la crisis del régimen político del 78 dentro y fuera del Estado español”. “Reagrupar, acumular y volver a desplegar una ofensiva política y social. Ni dilatar, ni retroceder”, subrayan, para dejar claro que no quieren tiempo para coger aire.

Ni un paso atrás ni un descanso, los anticapitalistas pretenden “mantener vivo el embate con el Estado español, […] a través de la desobediencia a todos los niveles, dentro y fuera de las instituciones”, con un objetivo claro : “Llegar a ese lugar desde el que podamos desafiar al Estado e iniciar la aplicación de los acuerdos, leyes y acciones necesarias para establecer de forma real la nueva República”.

Para lograrlo con más garantías, la CUP defiende -como ERC- “articular un sindicalismo nacional y de clase que esté al servicio de las demandas populares” y la independencia, si bien pide que esta surja del “sindicalismo combativo”. También reclama “denunciar aquellas empresas que hayan actuado al servicio de la represión del Estado”.

Finalmente, el PDECat, con una redacción muy similar a la de ERC, tampoco renuncia “a ninguna vía democrática y pacífica” y pretende ganar la República “desde la confrontación, no violenta e inteligente con el Estado español”. En resumen, defiende “un compromiso irrenunciable con el pacifismo, la no violencia y la acción activa (interna e internacional) de todas las instituciones, la movilización ciudadana y la y la obediencia estricta a la legalidad que surja de nuestro Parlamento”.

No parece, por tanto, que haya grandes divergencias de fondo en el ámbito de la movilización y la desobediencia, más allá de los acentos de cada uno. En la práctica, sin embargo, es uno los campos donde han surgido más choques, ya que JxCat y ERC prefieren aplazar este embate con el Estado cuando la situación de los presos y exiliados se estabilice -después del juicio- y cuando se haya ganado más músculo a nivel social e institucional, pero la CUP quisiera mantener la tensión desde el primer momento.

 

  1. Ampliar mayorías

La gran obsesión de ERC es el aumento del apoyo social a la independencia y, además, por la izquierda y las clases populares, ya que defiende que “hace falta una mayoría social activa y organizada que vaya más allá de la que sería necesaria en un contexto de estricto respeto democrático a las mayorías referendarias y parlamentarias”. No se necesita una simple mayoría, por tanto, sino “una amplia hegemonía ideológica, política y cultural” que identifica con la fuerza que salió a la calle en la huelga general del 3 de octubre.

A nivel político, esto implicaría aumentar “las sinergias y complicidades con aquellos sectores que, favorables a los principios democráticos y al ejercicio del derecho a decidir”, todavía no son independentistas, en relación a los comunes, y avanzar hacia “un diálogo fluido y provechoso con los partidos políticos constitucionalistas de tradición catalanista”, refiriéndose al PSC. A nivel social y territorial, apuesta por buscar nuevos apoyos entre las clases trabajadoras, las mujeres y los recién llegados, así como hacer campaña en Barcelona y las áreas metropolitanas del país.

Para ello, los republicanos defienden que “el independentismo se implique activamente en procesos de cambio social y de renovación democrática que puedan ser impulsados ​​por sectores no independentistas”, para resaltar la voluntad de construir un nuevo país más justo. El discurso, además, debería basarse en “un patriotismo cívico, laico e inclusivo”, para impedir ninguna fractura de la sociedad, subrayando que la nueva República “será sensible a la hora de respetar y preservar las identidades múltiples y los sentimientos de pertenencia diversos que se encuentran presentes en el seno de su ciudadanía”.

En realidad, la CUP plantea sobre el papel una estrategia similar hacia un público casi idéntico, ya que apuesta por “ligar de manera inseparable y definitiva la lucha por las libertades nacionales, la lucha por los derechos sociales y la lucha feminista” y, en el caso del movimiento independentista, reforzar “el papel central en la lucha de las clases trabajadoras, populares y feministas de clase”.

Para conseguir esta “ampliación del republicanismo catalán por la izquierda”, insta a generar “espacios de decisión comunitarios compartidos entre el independentismo, el republicanismo y los movimientos sociales” y que la militancia independentista se inserte “de lleno en el contexto de los procesos sociales y políticos que genera la lucha de clases en el capitalismo patriarcal y en las luchas contra todo tipo de injusticias y opresiones”. “La participación de la clase trabajadora y el conjunto de las clases populares” en la construcción de la República es otro de sus pilares.

En cuanto al PDECat, esta formación no hace tantas distinciones y se dirige a toda la ciudadanía. Insta a “responder a las necesidades de todos los ciudadanos defendiendo que este debe ser un proceso con voluntad inclusiva y de máxima participación cívica para ampliar los apoyos sociales” y lograr “grandes mayorías que permitan salvaguardar la voluntad popular, y especialmente la de los sus legítimos representantes”. Por ello, subraya que “el PDECat en el territorio debe tener clara su vocación de partido interclasista, pragmático”.

 

  1. Negociación con el Estado

El objetivo final de ERC con la ampliación de la mayoría social y las acciones de desobediencia es forzar al Estado a negociar el ejercicio de la autodeterminación, es decir, “conseguir que el gobierno de Madrid asuma un marco de diálogo y negociación bilateral para hacer posible una resolución democrática”, para la que “habrá que contar con la mediación de instancias internacionales”.

Un objetivo en ningún caso sencillo, por lo que pide agudizar “la paciencia, el coraje, la constancia, la resistencia, la flexibilidad y la visión a medio y largo plazo”, pero también “la virtud de la determinación y la capacidad de sacrificio”. Ahora bien, si no hay manera de que el Estado se avenga a negociar, los republicanos avisan -sin fijar ningún plazo- que “no se puede descartar una declaración de independencia”, la cual debería cumplir los requisitos exigidos en Kosovo por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya en 2010. En todo caso, ERC descarta participar en foros multilaterales del Estado y prima la relación bilateral.

A su vez, el PDECat también prefiere intentar el logro de la República “preferiblemente con el acuerdo del gobierno español pero sin renunciar al ejercicio de unilateralidad al derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña”. Por ello, fija que “el reconocimiento del derecho de autodeterminación, la República y la liberación de los presos políticos deben ser las prioridades a la hora de abrir diálogo con el Estado español” y, para lograr alcanzar estos objetivos, no descarta acabar “bloqueando la agenda política del gobierno español”.

En cambio, la CUP es todavía mucho más escéptica ante posibles marcos de independencia pactada, ya que subraya que “no hay ninguna posibilidad de negociar nada con el Estado español que no sea la rendición” y, de hecho, alerta de que, si este “confirmara que el movimiento [republicano] se debilita, profundizaría su intervención en todos los terrenos”. Los anticapitalistas admiten que hay que acabar en una fase de negociación multilateral, pero afirman que ésta sólo se logrará si primero se tensa la situación al máximo y los otros actores se ven forzados a sentarse.

El reconocimiento de la República, afirman, “sólo puede ser producto de la capacidad para justamente llevar a los estados y a la comunidad internacional a un terreno de negociación y acuerdo en torno al ejercicio de la autodeterminación -aunque la autodeterminación hay que prepararla, reforzarla y ejercerla siempre, al margen del reconocimiento y de la voluntad negociadora del resto de la comunidad internacional-“. Este escenario, sin embargo, “sólo puede ser producto del ejercicio combinado y sostenido en el tiempo de una desobediencia institucional masiva apoyada por todos los aparatos institucionales posibles, del impulso de una estrategia de desobediencia civil activa masiva y extendida a todo el territorio, y del máximo control posible sobre el territorio y sobre la economía”.

 

  1. Govern y Parlament

El rol que ERC reserva al Govern para avanzar hacia la independencia se basa principalmente en la elaboración de políticas sociales, como herramienta para ensanchar la mayoría, por lo que las denomina “políticas republicanas”. El objetivo es visualizar “que, en función de las posibilidades de la legalidad vigente, sea visualizado que Cataluña ofrece más derechos que España […] incluso en el caso de que el TC español continúe tumbándolas”. De hecho, apuesta por “volver a poner sobre la mesa todos aquellos contenidos, especialmente en cuanto a las leyes de contenido social, suspendidos por el TC”, una vía para seducir a los comunes.

A parte, los republicanos también esperan que el Gobierno actúe para “construir y disponer de las herramientas de poder necesarias para implementar el proyecto republicano”, aunque no especifica cuáles son, además de “promover la transformación de la economía catalana para hacerla más fuerte y autosuficiente, así como justa y concienciada socialmente, para alejarla de la telaraña del régimen del 78”, o de “definir e impulsar sistemas de participación directa […] en tantos ámbitos de la vida pública como sea posible”.

En cuanto al Parlamento, ERC defiende que debe “reforzar la iniciativa política para hacer efectiva la República” -sin demasiadas concreciones-, “impulsar iniciativas políticas con sentido de Estado” o “hacer respetar la soberanía del Parlamento y las mayorías parlamentarias que en cada caso avalan la aprobación de leyes”, refiriéndose de nuevo a las leyes tumbadas por el Estado.

Por el contrario, la CUP es muy escéptica en relación al rol que pueden jugar las instituciones, ya que entiende que estarán muy vigiladas y, por tanto, “la iniciativa política no vendrá promovida por los parlamentos y las instituciones autonómicas, sino que ésta sólo iniciará acciones de recuperación de soberanías por desbordamiento de la acción del movimiento popular”. Por ello, apuesta por “crear nuevas institucionalidades” a partir da la construcción de “espacios de soberanía como nuevos espacios de legitimidad asamblearia y democrática”. En este sentido, insta a sus diputados a renunciar a hacer trabajo centrado en el Parlamento y dedicar su tiempo a “una actividad intensiva en el territorio para acumular fuerzas en favor de la República”.

Sin embargo, los anticapitalistas ponen deberes muy concretos al Gobierno, los cuales pasan por crear “un poder financiero propio (banco central catalán y banca pública)”; asumir “el control de los sectores estratégicos como la energía, las comunicaciones y el transporte” y la gestión directa y pública de todo el sistema sanitario y de servicios sociales; la expropiación “de todo el parque de viviendas vacías propiedad de bancos y grandes tenedores”; y la expulsión de las fuerzas de ocupación, de manera que permita hacer un control efectivo del territorio”.

En cambio, el PDECat no aborda en su ponencia cuál debe ser la tarea del Govern y el Parlamento para avanzar hacia la República.

 

  1. Consejo de la República

La tarea del futuro Consejo de la República no está muy definida en las diversas ponencias y, de hecho, la CUP ni siquiera lo citan -aunque algunos integrantes tienen cierta confianza puesta en el mismo-. El PDECat, sin embargo, espera que su acción permitirá “estructurar la reivindicación nacional y construir la República”, así como “mostrará la gran contradicción del Estado español en relación a la vulneración de derechos políticos de los representantes elegidos por sufragio universal” y expondrá “la situación de Cataluña ante democracias avanzadas que han resuelto cuestiones políticas similares a través de referéndums acordados”.

A su vez, ERC se compromete a reconocer, apoyar y participar de este ente donde su principal cara visible será Toni Comín y lo reconoce como “un ente de la República en el exilio y representación legítima de lo que decidió el pueblo de Cataluña en el referéndum del 1-O”. Ante un escenario en que el Estado frenará muchas iniciativas de la Generalitat, los republicanos creen que el Consejo de la República “será un espacio libre desde donde estas políticas se podrán sacar adelante y hacer realidad”.

Según prevén, este órgano permitirá trabajar en el ámbito de la Unión Europea, pero “también mucho más allá, en clave de hacer efectiva la legislación interna tumbada por el TC, protagonizando también la acción diplomática catalana y como ente impulsor de todas aquellas políticas en mayúscula que hay que estudiar, definir e implementar con el fin de convertirse en un Estado independiente”. Le contemplan, por tanto, más atribuciones que el mismo PDECat.

NACIÓ DIGITAL

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