Un bien superior

Constitución de Cadiz, 1812. La primera constitución española. Articulo 10. “El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes: Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional: Nueva España con la Nueva-Galicia y península de Yucatán, Guatemala, provincias internes de Oriente, provincias internes de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno”.

Es importante releer este artículo de vez en cuando para entender cosas. También para entender las peticiones de penas a los presos políticos catalanes. Sustancialmente, las élites que controlaban el Estado hace 200 años y ahora son las mismas. Se han autorreproducido de generación en generación y han hecho siempre el mismo trabajo. Controlar y administrar con mano de hierro el territorio de las Españas, progresivamente empequeñecido por las guerras de liberación nacional. De paso, han garantizado sus intereses económicos particulares. España ha sido y es un gran negocio para los que controlan las profundidades del Estado. Habría sido muy extraño que unas élites con vocación imperial transoceánica como las de Castilla tuvieran, históricamente, una praxis de consenso en su territorio inmediato peninsular. De hecho, habría sido un milagro. Hay una tradición de Estado determinada, de poder por imposición. Una cultura política del dominio territorial. En su mentalidad, Castilla es la nación alfa. Cataluña, una posesión.

Ahora que el relato descaradamente ficticio de la Fiscalía sobre los ‘Hechos de Octubre’ se alinea con el relato descaradamente ficticio del juez instructor, que a su tiempo se alinea con el relato descaradamente ficticio de los medios de comunicación dominantes en la capital de la nación alfa, la verdad emerge, cruda pero útil: no son idiotas, saben perfectamente que mienten, y que están forzando los principios del derecho penal y de la verdad. Pero lo hacen, como lo hacía la Santa Inquisición, por un bien mayor a proteger por encima de todo. Si hace 500 años el bien superior era el control social de la Iglesia, ahora lo es la unidad de España. Infundir el pánico, escarmentar, advertir a todo aquel que piense en volver a intentarlo. Nuestros representantes electos, y los Jordis, están en manos de unos fanáticos peligrosos que controlan el Estado desde hace siglos y que están más envalentonados que nunca. La ‘Modélica Transición’ los dejó donde estaban desde tiempos inmemoriales: mandando.

EL MÓN