Siempre hay distancia entre la realidad y la manera que tenemos de describirla, explicarla o querer transformarla, siempre hay distancia entre “las palabras y las cosas”. Esto lo sabemos, pero tendemos a olvidarlo.
Las ideologías han ido creando a lo largo del tiempo “ficciones lingüísticas” legitimadoras (varias concepciones de la libertad, la igualdad, la clase social, la nación, los dioses, los valores, etc.) que nunca coinciden con la realidad a la que se refieren. Vivir en un universo de ficciones no equivale, sin embargo, a hacerlo en un océano de mentiras. No todos los análisis y propuestas son equivalentes. Hay ficciones que sin coincidir con la realidad no mienten.
La calidad de un estado de derecho está también relacionada con la densidad de mentiras que emanan de sus instituciones. Cuando estas últimas hacen un uso sistemático de las mismas están indicando el carácter perverso y de baja calidad del estado de derecho y de la democracia correspondiente. Lo estamos viendo en estados de la Unión Europea: Hungría, Polonia, Eslovaquia, la República Checa… y en el actual Estado español. De hecho, hoy ya no es necesario ser un Estado estrictamente democrático y de derecho para ser miembro de la UE. Esto resulta una aseveración que hace poco tiempo habría parecido un imposible. Pero los hechos apuntan en esta dirección. En algunos estados, los artículos del Tratado de la UE que apelan a los valores liberal-democráticos son cada vez más un conjunto de ficciones retóricas que tienden a convertirse en ‘mentiras sistémicas’.
Hay varios indicadores que muestran que el Estado español se está convirtiendo en un engaño de derecho. En primer lugar, el tipo de aplicación del artículo 155 vulnera la propia Constitución. Hay suficiente consenso entre los juristas sobre que este artículo no permite en ningún caso disolver un Parlamento o cesar un gobierno autonómico. Se trata de una posibilidad que fue explícitamente rechazada en el periodo constituyente. Estamos ante un fraude de ley.
Además, cuando la máxima autoridad del poder judicial (presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial) presenta la unidad de España como la base y el fundamento del estado de derecho, significa que este último es subsidiario y, por tanto, prescindible cuando se amenaza aquella unidad.
En relación a Cataluña, los comportamientos de algunos jueces del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Nacional (AN) vulneran el principio de legalidad en nombre del de oportunidad política, y se sitúan en la práctica por encima de la ley. No es que haya “desproporcionalidad” en las medidas tomadas, sino, más bien, arbitrariedad y discrecionalidad. A los jueces Llarena y Lamela se les puede atribuir lo que el físico ruso Landau decía los cosmólogos: “Suelen estar equivocados, pero no dudan nunca”.
Es fácil constatar que en las “medidas cautelares” de estos tribunales hay una voluntad de criminalizar ideas legítimas y perfectamente legales. Mientras inventan una serie de pretendidos delitos (rebelión, terrorismo, etc.) que no se aplican a los casos concretos, la fiscalía y los tribunales se inhiben ante las agresiones policiales y de la extrema derecha, actuando como si estos hechos no fueran relevantes. La imparcialidad de la cúpula del poder judicial hace tiempo que ha saltado por los aires.
Las invasiones del poder ejecutivo en el poder judicial y del poder judicial en el poder legislativo son también indicadores de una laminación profunda del estado de derecho. La ‘tiranía de la mayoría’ resulta imparable cuando los jueces no actúan con imparcialidad y la separación de poderes es muy deficiente.
También se constata una voluntad de querer dejar resueltos los casos judiciales en la fase de instrucción, redactando autos con vocación de sentencia firme. Los informes de la Guardia Civil en los que se basan algunas de las acusaciones supuestamente periciales son auténticas chapuzas faltas de rigor y sobradas de valoraciones que se acercan a los procedimientos del franquismo. La interpretación que se hace de la desobediencia vulnera derechos políticos y reglas procedimentales, mientras que las imputaciones de “terrorismo” muestran una clara parcialidad prevaricativa. Pasar con la rapidez e impunidad con la que lo hacen algunos jueces de las ficciones a las mentiras socava la legitimidad de todo el sistema constitucional.
Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC), dotado gracias al PP de unas capacidades ejecutivas inéditas en Europa, toma medidas cautelares no solicitadas por nadie sobre temas que ni siquiera ha admitido a trámite (!). Se trata de un absurdo procedimental que vulnera, además, la autonomía y la inviolabilidad parlamentarias (competencias de la mesa del Parlamento). El judicial es un poder tan criticable como todos los demás, y aún más en sede parlamentaria. Que un Parlamento debata sobre una ley declarada inconstitucional no rompe ningún principio liberal-democrático.
Con más de dos millones de ciudadanos catalanes que apoyan a partidos independentistas, el miedo y la represión del Estado no parecen una buena estrategia para solucionar el conflicto de fondo. La disuasión es y será escasa. El convencimiento y la persuasión son y serán inexistentes. Lo que se hace es estabilizar la inestabilidad.
A diferencia de otros ámbitos, el poder judicial español no fue reformado tras la Transición. En buena parte, el poder judicial sigue la inercia y los estilos de la cultura jurídica de la dictadura.
Son muy claras las advertencias del Consejo de Europa sobre los déficits del estado de derecho español. También lo son las conclusiones de los relatores de derechos humanos y de libertad de expresión de la ONU, así como las quejas de Amnistía Internacional sobre las obstrucciones de la fiscalía para investigar los hechos del 1 de octubre. Y parece que se le volverá el trabajo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con los recursos contra las previsibles sentencias de los tribunales españoles. Recordemos que este tribunal europeo ya ha condenado varias veces al Estado español por incumplimiento del Convenio de Derechos Humanos.
Del TC, el TS y la AN se puede decir lo que Cervantes atribuía a los humanos: “Cada uno es como Dios le hizo, y aun peor muchas veces” (‘El Quijote’, segunda parte).
ARA
