Recapitulemos: ¿cómo es que se acepta el juicio contra el gobierno si es una farsa ilegal?

Hay cosas en las que todo el independentismo y una parte del país que hay más allá estamos de acuerdo. Una muy clara es que el juicio contra el gobierno es una farsa. No conozco ningún independentista que crea que se hará un juicio justo.

De hecho, esta cuestión no es opinable, porque hay una prueba evidente. Alemania, el patrón oro del derecho penal, ya ha hecho el juicio que se hará en Madrid, contra el presidente Puigdemont, y ha determinado que no hay culpabilidad, ni por rebelión ni por sedición. Y esto hace imposible de aceptar o defender que España tenga el derecho de juzgar y condenar a veinticinco años de prisión al vicepresidente Junqueras y los otros encarcelados.

La violación de derechos básicos que implica la simple realización del juicio se agrava aún más con la violación gravísima de los derechos de los parlamentarios, derechos reforzados en cualquier democracia.

Los que están en las cárceles hace un año que se encuentran en una situación abusiva de prisión provisional. Pero, además, hoy hay una tercera parte de los diputados independentistas en el Parlamento de Cataluña que viven con una amenaza legal encima, tres de los cuales no han podido ser investidos presidente de la Generalitat, a pesar de tener suficientes votos; y aún hay siete diputados que no pueden ejercer con normalidad el trabajo que les encomendó la ciudadanía en unas elecciones. Con esta actuación tan especialmente grave, el Estado español viola la legalidad internacional, que debería marcar su ordenamiento jurídico, lo que todo el mundo asume: porque todo el mundo sabe bien, incluso los juristas españoles, que pasados ​​más de seis años Estrasburgo deshará la condena jurídica, pero cuando ya se habrán cumplido sus efectos políticos.

Todo ello no tiene ninguna justificación, pero reconozco -y esto es verdad- que este escándalo monumental desnuda al régimen y sirve para poner de manifiesto y para explicar cuando sea necesario a cualquier observador que esto que tenemos delante es un juicio con motivaciones políticas. Una definición aceptada por todos los represaliados.

Pero entonces debemos seguir recapitulando y nos daremos cuenta de que si este juicio es político hay una estrategia política también para plantar cara. No creo que podamos discutir entre nosotros sobre este punto. Sobre la estrategia jurídica, cada uno decidirá. Sobre la estrategia política, supongo que también cada uno decidirá. Pero no creo que se pueda discutir que un juicio de estas características reclama sin duda una estrategia política, no únicamente judicial. Y la pregunta siguiente, por tanto, es cuál es esta estrategia.

Esto lleva a interrogarnos en primer lugar sobre si hoy, todavía, la independencia es para los partidos independentistas un objetivo o no. Inmediato, quiero decir. No dentro de diez años o veinte, o como una utopía preciosa. Y lo pregunto simplemente porque a mí me parece fuera de discusión que la mejor manera de hacer que se acaban las amenazas y las arbitrariedades españolas es dejando de ser ciudadanos de este Estado que, violando las propias normas jurídicas y las normas internacionales, utiliza un instrumento de coerción legal para perseguir la disidencia política. En una Cataluña independiente, Llarena y Marchena simplemente no tendrían nada que hacer e incluso podrían ser juzgados por todo el mal que cometen.

Si la independencia es un objetivo político a corto plazo todavía, entonces la pregunta es cómo se coordina la lucha por la independencia con la lucha por la libertad de los presos y el retorno de los exiliados. Porque la verdad es que ahora mismo esta coordinación no se ve por ninguna parte. De entrada, ya es raro que un país que ha declarado la independencia se someta a los tribunales del país del que se ha querido independizar.

Si, en cambio, la independencia ya no se considera un objetivo político inmediato, entonces la lista de preguntas a hacer va a parar a una columna diferente.

Sobre todo porque el razonamiento lógico inmediato nos debe llevar a cuestionarnos si esta tesis se defiende porque voluntariamente se ha decidido que hay una alternativa mejor a la independencia o si es porque se piensa que no es posible de ganar y que el solo hecho de aspirar a ella ya tiene un coste enorme que justifica que se aplace el proyecto.

Si hay, dentro del independentismo, alguien que voluntariamente haya encontrado un camino mejor que el de la independencia me gustaría mucho escuchar su explicación. Pero entiendo que no es así, y que por lo tanto la única razón que se puede invocar para dejar de lado la independencia como proyecto a corto plazo es la incapacidad de conseguirla.

Pero este argumento -si es que es éste- abre dos nuevas derivaciones. La primera es que la razón lógica para esgrimir que no se puede conseguir la independencia sería que no somos suficientes para hacerlo, que no tenemos fuerzas. ¿Pero cómo se sabe, esto, si el independentismo ha ganado todas las elecciones con una clara mayoría y las encuestas siguen afirmando (ayer mismo, una nueva) que aún crece? Y sobre todo: ¿cómo se puede afirmar que no se puede ganar ahora, con la gente que ahora somos, si en octubre y en diciembre del año pasado se ganó?

Porque se ganó el primero de octubre y no creo que ningún independentista pueda decir que el primero de octubre fue una derrota. Se ganó el 27 de octubre, cuando a pesar de todas las presiones se proclamó la independencia. Y se ganó el 21 de diciembre contra el golpe de estado y participando en las elecciones más irregulares de la historia.

Si hoy la República no es efectiva no es porque el Estado español derrotase al independentismo ni una sola vez, que no lo hizo. La República no es efectiva por la incomparecencia del gobierno el fin de semana posterior a la proclamación. Cualquiera puede especular sobre qué habría pasado si la situación hubiera sido otra, pero argumentó que no somos suficientes sabiendo que sí fuimos los suficientes para hacer el referéndum y que sí fuimos bastantes para proclamar la independencia parece -me parece a mí- que requeriría un poco más de argumentación y sobre todo que se aportara algún dato claro que lo pudiera demostrar.

Y si digo esto es porque, de lo contrario, cuesta mucho entender el peligro que abocan sobre la población los partidos independentistas aceptando, como parece que aceptan, la ejecución y las consecuencias de este juicio.

Porque, ¿quién puede discutir que cuando juzgan y condenan a los presos se habrá establecido un precedente legal que ya nos vinculará para siempre a todos? Si se puede meter en la cárcel, gracias a una farsa ilegal, a una presidenta del parlamento o a un vicepresidente condenándolos a veinticinco años con una acusación falsa y contraria a la norma jurídica, ¿quién podrá vivir sin miedo y en libertad en este país, a partir de entonces? Si no se impide un juicio que ha sido ganado en Alemania, que causa estupor en toda Europa y que una enorme mayoría del país ve como una agresión ilegal, ¿cómo se impedirán sus secuelas, el régimen de terror que le seguirá?

Son preguntas -y me parece que hoy he hecho muchas- que sólo pretenden encontrar una explicación a la situación tan extraña e insólita que vivimos. Y suscitar un debate que durante demasiados meses tengo la sensación de que muchos, yo mismo, no hemos encarado como se debía. Con respecto a todas las posiciones, empezando evidentemente por las de los presos y exiliados, pero también con la convicción, que me parece que nadie tiene el derecho de discutir, que es el futuro de todos los ciudadanos lo que está en juego. Que de hecho es el futuro del país que está en juego.

¿Y por qué no deberíamos hablar y discutir libre, apasionada, valientemente, entonces?

VILAWEB