Esta semana hemos conocido que el ‘Boletín Oficial de Defensa’ (BOD) ha publicado la reincorporación al servicio de la Guardia Civil de Antonio Manuel Guerrero, condenado a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente de una chica de 18 años durante 2016. Un violador que se jactaba en las redes de serlo. Tal como informa “el cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar” en su web oficial, “la misión principal de la Guardia Civil será garantizar la protección de los ciudadanos frente a los actos delictivos que puedan amenazarlos” y, también, se dice, “la atención y el auxilio a los ciudadanos”. Está todo dicho.
Esta semana, también, hemos sabido que el fotoperiodista Jordi Borràs, conocido por ser uno de los profesionales de la comunicación con personas de la extrema derecha en Cataluña y para denunciar sus movimientos, la violencia y el más que habitual camuflaje en marcas como Sociedad Civil Catalana o Ciudadanos, y conocido a la vez por haber sufrido, directamente o a través de las redes, amenazas de todo tipo, fue objeto de una agresión durante la que un policía nacional le rompió literalmente la cara a puñetazos mientras gritaba a favor de Franco. Hemos sabido, igualmente, que la unidad de Asuntos Internos del cuerpo ha abierto al agresor un simple expediente informativo y la ha mantenido en su puesto de trabajo. Tal y como informa este “instituto armado de naturaleza civil” en su web oficial, la Policía Nacional tiene como misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. También está todo dicho.
Esta semana hemos sabido también que se han archivado 51 denuncias por agresiones durante el 1-O en seis escuelas de Barcelona porque el juez entiende que, a pesar de las evidencias registradas documentalmente y los efectos en forma de lesiones convenientemente certificadas médicamente, la actuación de la policía fue proporcional y porque, cuando podría haber indicios de delito, no se ha identificado a los agentes responsables. No queda muy claro qué ha hecho el juez para identificar a los agresores, a pesar de la opacidad y la falta de colaboración de los cuerpos policiales afectados. Como ha denunciado ‘Iridia’-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos-, ni la fiscalía ni la Policía Nacional ni el ministerio han investigado adecuadamente estos hechos ni tampoco han permitido la identificación de los responsables de los supuestos delitos. Con una lógica perversa, la carga de la prueba de delitos cometidos por cuerpos del Estado se ha hecho recaer en las víctimas.
Y, finalmente, esta semana se han cumplido nueve meses de los primeros encarcelamientos por motivos políticos, a contar desde aquel 16 de octubre en el que la juez Lamela ordenó la entrada en prisión de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Oriol Junqueras y Quim Forn llevan en prisión 258 noches; Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa llevan 149, y Carme Forcadell, 118. Todos preventivamente, por delitos que la justicia alemana y belga ya han negado que se hayan cometido y en contra de evidencias documentales y testimoniales que desmienten, sin posibilidad de discusión, la fabulación que han construido los informes de la Guardia Civil y los fiscales y los autos de los jueces.
A estas alturas, y no continuaremos con casos que multiplicarían la extensión de este artículo por diez, es bastante evidente que, en España, las instancias que deben ser los máximos garantes de los derechos y las libertades de la ciudadanía (Tribunal Supremo, Policía Nacional y Guardia Civil) son los primeros responsables activos de su incumplimiento y de sus violaciones. Se produce, de este modo, una anomalía, habitual en regímenes dictatoriales o totalitarios, que es absolutamente irregular en sistemas democráticos y en estados de derecho. El resultado es una indefensión absoluta de una ciudadanía que observa estupefacta no sólo la arbitrariedad de las instancias judiciales sino incluso la impunidad con que las fuerzas policiales están ejerciendo una violencia, ahora ya indiscriminada, para la que no disponen de ningún tipo de legitimidad. Los casos mencionados no son la excepción: son la norma.
Extraña, por ello, que haya quien todavía no sea consciente de la gravedad de la situación y que, desde convicciones supuestamente democráticas, no se movilice abiertamente y de manera contundente contra la furia represiva de un Estado que ha perdido el control sobre la fuerza de la que es el administrador supuestamente legítimo. Cuando la fuerza que el Estado ha de administrar, en beneficio de la seguridad de la ciudadanía, se utiliza indiscriminadamente para reprimir la disidencia política, o cuando miembros de los cuerpos de la mal llamada ‘seguridad’ rompen la cara a un periodista o son responsables de abusos sexuales y quedan amparados por todos los aparatos del Estado, esta fuerza es simplemente violencia. Lo podemos llamar impunidad o podemos decir, simplemente, ‘barra libre’. Y de esta batalla es incomprensible que algún demócrata pueda quedar al margen. Por decencia y por dignidad.
Extraña, por ello, también, que haya quien, en la batalla por el reconocimiento de la independencia declarada y la República proclamada por el Parlamento el 27 de octubre, que el Parlamento no ha revocado, considere que la lucha en defensa de los derechos y las libertades y contra la represión es separable, e incluso contraproducente, respecto de aquella otra. La defensa de los derechos y las libertades y la oposición frente a la represión policial y judicial es un principio elemental del republicanismo. No son causas diferentes: son la misma. Y aún más: es deseable, y en eso trabajan las mentes más lúcidas y comprometidas del país, que la defensa de los derechos y las libertades, y contra la represión, pueda extenderse a una mayor parte de la ciudadanía, más allá de la que explícitamente está a favor de la independencia y la República. Pero la batalla por la independencia y la República no puede prescindir de ninguna manera de la batalla por los derechos y por las libertades. Porque mañana puedes ser tú. Tanto si ya lo sabes, como si todavía no.
ARA
