La convocatoria electoral impuesta del 21-D fue un gran desafío para el movimiento republicano, tanto en términos de estrategia política como de preservación del relato histórico: oponerse podía parecer de entrada lo más consecuente -se había declarado la independencia y un gobierno extranjero no podía convocar unas elecciones en el territorio de la República Catalana-, pero a la vez era demasiado arriesgado, teniendo en cuenta que después del 27-O el Gobierno de la Generalitat no había dado los pasos necesarios para implementar la República. Aceptar las elecciones, por otra parte, suponía admitir que el territorio catalán continuaba legalmente bajo jurisdicción española y, en consecuencia, se aceptaba el hecho de que la República todavía no era una realidad objetiva, más allá de su legitimidad democrática.
Pienso que fue un acierto concurrir a ellas, ya que así no se regalaron las instituciones al españolismo, ni se cometió el grave error de boicotear las elecciones impuestas, algo que habría supuesto convertir a los defensores de la democracia en sus saboteadores y, por tanto, otro regalo para el españolismo. Esta disyuntiva, sin embargo, provocó la apertura de un paréntesis que muchos pensábamos que se cerraría al día siguiente del escrutinio o, como mucho, justo después de la constitución del Parlamento, con la revalidación de la mayoría republicana; es decir, con el cumplimiento inmediato del programa de los partidos republicanos de restituir la legalidad previa al 155 y retomar el camino hacia la implementación de la República Catalana, ratificada nuevamente en las urnas.
Sin embargo, casi tres meses después, no podemos afirmar que se haya cerrado el paréntesis, ni deshelado esta fase de suspensión en que entró el movimiento republicano al día siguiente de la declaración de independencia, a pesar de las movilizaciones multitudinarias que durante todo este tiempo han encabezado los CDR y, el domingo, la ANC. Parece evidente que se mantiene la confusión estratégica entre las fuerzas republicanas, pero no sólo eso, ya que también se han producido algunos movimientos dentro del campo republicano que, en vez de querer cerrar el paréntesis, lo que quieren es poner un punto y aparte. Estos movimientos, además, habría que calificarlos de sísmicos, en la medida que están haciendo sucumbir los fundamentos de la legitimidad republicana que deberían permitir recomponer la estructura completa del proceso de liberación nacional, aprovechando el tiempo muerto que podían proporcionar las elecciones del 21-D. El epicentro de este terremoto, sin duda, lo hemos de ubicar en Esquerra Republicana de Catalunya.
Ya durante la campaña mostraron ciertas vacilaciones discursivas, tanto en cuanto al quién debía ocupar la Presidencia de la Generalitat -empezaron a hacer tambalear el relato de la restitución-, como en cuanto a su defensa de la República proclamada, apenas mencionada en sus mensajes electorales. Lo que con anticipación podía parecer una estrategia jurídica, luego se fue asentando en nuevas vibraciones sísmicas: las declaraciones públicas de Joan Tardà sobre la necesidad de ampliar la base social, cuestionando así si la actual era suficiente, fue apenas el comienzo. Todos los hechos indicaban bruscos movimientos en el sismógrafo, con cada vez más dirigentes de ERC cuestionando la viabilidad de investir a Puigdemont, la necesidad de constituir un gobierno “efectivo” y, con todo, invocando una nueva fase política, como se ha dicho, en la que no se cerraría el paréntesis sino que se pondría un punto y aparte estratégico.
Si todo ello resultaba confuso, el artículo firmado por Marta Rovira y por Oriol Junqueras clarificó un poco la novísima posición de ERC, al menos en cuanto al “porqué”: hay que ampliar la base social del independentismo, dado que actualmente ésta no es suficiente para poner en marcha la construcción de la República. La tesis central del artículo en cuestión es la siguiente: «Hemos medido nuestras fuerzas, hemos constatado nuestra fortaleza pero también nuestras debilidades (…), necesitamos más consistencia y una mayoría más sólida, amplia y transversal para superar una división en bloques (…) Como país debemos entrar en una nueva fase. Todo lo que hagamos -todo- a partir de ahora debe servir para ampliar la base».
Y la receta que, de manera general, proponen para alcanzar este reto de ensanchar la base social del independentismo, según ellos insuficiente, consiste en hacer justo lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. La nueva fase debe abandonar la Revolución Catalana, la lucha política basada en la dialéctica entre la tesis españolista y la antítesis republicana, para dirigirse a una nueva política de seducción desde la construcción de grandes consensos: «Lo que genere consensos y complicidades hacia el proyecto republicano, adelante. Lo que no los genere, descartamos hacerlo»; y sobre lo que no los genera, se refieren, justamente, a «declaraciones altisonantes y de los fuegos artificiales que después del espectáculo, no dejan en herencia a nuestros hijos ninguna herramienta concreta». Sin duda, se están refiriendo a la Declaración de Independencia del 27-O.
Sin ánimo de querer hacer sangre con la idoneidad de haber asumido esta autocrítica y este giro unilateral de volante, sin contar con el conjunto de las fuerzas republicanas, en un momento en que era más necesario que nunca vertebrar una estrategia conjunta, ni tampoco entrando en la cuestión que se formula buena parte del electorado independentista, en relación con el hecho de que esta nueva estrategia no se presentó durante la campaña, sino justo después de las elecciones, abordaré el punto que me parece más relevante: ¿qué consecuencias tiene esta apuesta de ERC para la construcción de la República Catalana?
En primer lugar, la apuesta de construir grandes consensos, como se ha visto, pasa por acercar posiciones con los Comunes y el PSC y, esto, tiene una primera consecuencia que ya se ha empezado a palpar: abandonar la vía unilateral (soberana) y la desobediencia a las leyes injustas que nos mantienen sujetos a la ocupación española. Esto nos lleva a reciclar un análisis que ya se había descartado: la esperanza de un cambio político en España (que sigue sin intuirse, sino más bien lo contrario con el ascenso de Ciudadanos) y la apuesta por una bilateralidad que nunca se rechazó por indeseable, sino por inviable, ya que entendimos que no se podía entablar ningún diálogo (ni mucho menos negociaciones) sin un interlocutor. Consiguientemente, si el adversario no está dispuesto a abandonar la represión, ni a abrirse a estos consensos que se invocan, la consecuencia de todo ello tiene un nombre: capitulación.
En segundo lugar, teniendo en cuenta esto, acercarse a los Comunes y al PSC no significa mecánicamente ampliar la base social independentista, sino una renuncia automática a los propios objetivos programáticos. Si se alegara que esta renuncia tiene un planteamiento estratégico a largo plazo, significaría que se tiene la previsión de que las bases de estos partidos fluctuarán hacia el independentismo (o directamente hacia ERC), después de un nuevo ciclo de desengaños con el marco político español. ¿No es esto exactamente lo que se había dicho que había ocurrido desde 1978 y, más recientemente, desde la liquidación de la reforma del Estatuto? Por otra parte, esto presupone un cierto determinismo histórico: que la sociedad avanzará necesariamente hacia posiciones independentistas, como si el adversario fuera un agente estático, que no se moverá para convencer ni para ensanchar su propia base, ya sea mediante la zanahoria, ya sea mediante el palo.
En tercer lugar, me gustaría conocer exactamente el balance de adhesiones a la República que ha analizado ERC, para llegar a la conclusión de que la base social del independentismo sigue siendo insuficiente. Pero, en todo caso, lo que más me preocupa es cuál es la base social que considerarían suficiente: ¿un 50% de los votos en unas elecciones autonómicas? ¿Un 60%? ¿Cuál es el umbral que hay que situar para sentirnos suficientemente legitimados como para implementar la República? Porque a este paso, acabaremos afirmando que hasta que no la proclamamos por unanimidad, debemos desistir. La trampa de los porcentajes mínimos es una trampa del adversario, o trampas al solitario cuando un mismo se las impone. ¿Es que no ganamos el referéndum del 1 de octubre? ¿Es que no lo ratificamos en las urnas el 21-D? El Estado es bastante explícito en cuanto a este falso dilema: el único porcentaje que cuenta es el que pueda salir de unas elecciones estatales, ya que no reconocen el pueblo catalán como sujeto político.
En cuarto lugar, no se negará la importancia de ampliar la base social del proyecto republicano, pero si se ha dicho que el adversario no es un agente estático, tampoco podemos aceptar pasar nosotros a un plano de pasividad; es decir, no podemos esperar a que cambien de parecer los electores, ni mucho menos las maquinarias partidistas. Para interpelar efectivamente las bases sociales de los Comunes y del PSC no podemos pretender llegar a consensos con los aparatos de los partidos, sino confrontar proyectos y legitimidades, como el 1 de octubre. En este sentido, tal vez habría que hacerse la pregunta al revés: ¿es suficiente la base social del españolismo para detener un proyecto como el de la República Catalana, más si esta se implementa a través de un Proceso Constituyente profundamente democrático?
Haría falta que ERC nos aclarara, pues, cuáles son los beneficios de esta “retirada estratégica” que nos proponen, si es que están ahí. Porque a estas alturas, el movimiento popular republicano es bastante sólido y maduro como para no aceptar cualquier relato derrotista, ni tacticismo partidista que nos pueda conducir hacia la liquidación de esta República que votamos y proclamamos, gracias al compromiso de los representantes políticos, pero sobre todo gracias a la abnegación de los valientes defensores de las urnas del 1 de octubre. Hay que mantener la unidad y por eso no podemos caer en la trampa de las acusaciones de traición anticipadas, pero también hay que ser firmes y críticos con aquellas posiciones que no parecen responder a los anhelos de la inmensa mayoría del pueblo organizado. Y ahora que hemos dado pasos decisivos, como también los ha hecho el Reino de España, no podemos olvidar que la República es la vía a la democracia, y no lo contrario. Y que tenemos todo el derecho a ella.
EL MÓN
