Las amenazas son un clínex

Que las amenazas de Rajoy no pueden contra el referéndum se ve en un detalle que ha pasado desapercibido:

Como era previsible, el Tribunal Constitucional suspendió la ley del Referéndum de manera urgente. Pero durante el 6 de septiembre, mientras los grupos unionistas del Parlament hacían lo posible para dilatar la sesión y que no empezara nunca el debate sobre el referéndum, el gobierno de Rajoy también pidió al Tribunal Constitucional que anulara los acuerdos de la Mesa del Parlament. Es decir: que anulara el acuerdo según el cual se podía debatir la ley. Es decir: que anulara el debate. Eso también se esperaba. De hecho, justamente porque se esperaba, los grupos soberanistas hicieron uso de un procedimiento de urgencia. Temían que, si la Mesa acordaba debatir la ley unos días antes del debate, el TC suspendería el acuerdo y el debate sería “inconstitucional”. Lo esperaban porque eso ya había ocurrido antes. La presidenta del Parlament tiene dos juicios penales pendientes por permitir dos debates que habían sido anulados con la misma estrategia: el de las conclusiones del proceso constituyente y el de si se tenía que hacer o no un referéndum. Ahora tiene una tercera querella.

Los grupos unionistas también lo esperaban: dilataban la sesión esperando que el Constitucional suspendiera el acuerdo de la Mesa y poder declarar el debate ilegal, y presionaban a Carme Forcadell porque saben que todo esto tiene un coste personal para ella y querían ver cómo se hundía. Esto último no lo consiguieron, los bullies, y la suspensión del Constitucional no llegó nunca. Madrid los dejó tirados, una vez más, esperando que hicieran el trabajo sucio. Soñaban con que el pleno urgente daría a los partidarios del referéndum una imagen de antidemócratas. De ahí esos discursillos para fanáticos.

Pero cuando el día siguiente, el 7 de septiembre, salió el papelito del Constitucional sobre la cuestión, sorpresa. Por primera vez desde que gobierna, Rajoy no había pedido la suspensión “automática”.

Lo explico: hay un artículo de la Constitución, el 161.2, que permite al Gobierno español pedir la suspensión automática de cualquier cosa que considere inconstitucional hasta que se resuelva si lo es o no. Es una potestad muy bestia, que da poder de veto al Gobierno central. El centralismo es eso. Y eso es lo que hizo el gobierno de Rajoy con el 9-N.

Bien, pues en el papelito que publicó el TC el 7 de septiembre se ve que Rajoy no ha apelado al artículo 161.2 que le permitiría suspender el acuerdo de la Mesa sobre el debate de la ley del Referéndum automáticamente. En cambio, el papelito del TC no lo declara inconstitucional porque no puede, porque no lo ha debatido, ni lo suspende porque Rajoy no le ha pedido que lo haga automáticamente. Sólo lo admite a trámite.

Rajoy sabe que declarar un debate parlamentario ilegal y, todavía más, mientras se está produciendo con centenares de periodistas acreditados y toda la prensa internacional publicando artículos sobre la reacción del Gobierno del Estado, es un gesto que lo coloca en desventaja interna y externamente. No puede frenar un debate como no puede frenar un referéndum. Sólo puede alimentar la confusión, al coste de las libertades de todos los españoles. Eso hace.

No prohibiéndolo, abandonaba el Parlament al ruido, para extender el miedo. Estrategia a la cual el pobre Coscubiela se sumó con tanto entusiasmo que incluso ofreció su hijo al altar de la unidad de España. Ni siquiera Dios se atrevió a tanto con el hijo de Abrahán.

Todos los instrumentos de represión que hasta ahora ha utilizado el Gobierno son el mismo cartón-piedra: hacer el referéndum difícil, pero no hacer uso de la fuerza. La querella contra el Govern y contra la Mesa del Parlament es para asustar, dado que no evita nada antes del referéndum. Que el Tribunal de Cuentas pida el coste del 9-N a sus organizadores es para acojonar con el patrimonio. Eso tampoco evita un referéndum. La carta que el Constitucional, a petición del gobierno de Rajoy, ha enviado a los alcaldes. La amenaza de la Moncloa a los voluntarios. Las advertencias a los directores de los medios de comunicación públicos. La amenaza que ha hecho la fiscalía a los directores de medios de comunicación privados para que no publiquen publicidad del referéndum. O la petición de que si las webs del Govern están hospedadas fuera de España se prohíba el acceso desde el interior de España. Eso y el registro de la imprenta de Constantí son graves recortes de las libertades, pero en los tiempos digitales no evita nada. Son papelitos que no evitan un referéndum si el Govern lo organiza y si sales a votar, votes sí o no. Pero degrada la democracia: si los españoles aceptan este proceder, aceptarán estar atados por los mismos límites.

El miedo es un sentimiento noble que nos ayuda a calcular las consecuencias de nuestros actos. Pero cuando el miedo no guía las acciones en contrapeso con el coraje, sino que anula la disposición a tomar decisiones, entonces te conviertes en un marginado de ti mismo, un cáscara vacío que llena el viento.

Nada de lo que pueda hacer Rajoy puede frenar el referéndum si tú no quieres. Nada de lo que pueda hacer Rajoy puede degradar la democracia española si tú no quieres. Poned las urnas, salgamos a votar, y que se suenen la nariz con los papelotes del TC. Las amenazas, en 2017, son un clínex.

ELNACIONAL.CAT