¿Qué es la sociedad civil? Escrito con minúsculas tiene una trascendencia mucho más importante que cuando el españolismo catalán lo escribe con mayúsculas. La teorización sobre la sociedad civil viene de lejos. Del pensamiento del filósofo ilustrado inglés John Locke (1632-1704), lo que se convirtió, además, en el fundamento del liberalismo político. En su obra más conocida, Dos tratados sobre el gobierno civil, publicada en 1690, en el contexto en que triunfó la llamada Revolución Gloriosa que instauró en Inglaterra una monarquía parlamentaría que ha durado casi ininterrumpidamente hasta nuestros días, Locke criticó el absolutismo y defendió el derecho de rebelión ante la tiranía. La democracia es incompatible con los tiranos.
Según Locke, el poder tenía que estar dividido para poder controlarlo y cada grupo tenía que cumplir una misión: unos tenían que aprobar las leyes (poder legislativo) y otros debían gobernar (poder ejecutivo). Si el poder se ejercía mal, los súbditos tenían el derecho de rebelarse. Locke opinaba que los hombres son libres e iguales por naturaleza, y que para mantener estos principios era necesario que existiese un derecho político basado en un pacto social. Era un planteamiento muy osado en una época en que el mundo estaba dominado por el oscurantismo eclesiástico y por unas monarquías sostenidas en el derecho divino. Locke apelaba al pueblo para que interviniera en política, si bien conminaba al poder legislativo que lo representaba “a elaborar las leyes en su nombre según convenga al bien público o de la sociedad, y a ejecutarlas siempre que se necesite su propia asistencia (como si se tratara de decisiones propias)”. Esta es, expuesta sintéticamente, la teoría de la representación.
El origen del poder y del Estado reside en un acuerdo —o en un convenio, pónganle el nombre que ustedes quieran— entre los individuos movidos por el deseo de asegurar mejor sus derechos. Este es el origen, pues, del “contrato social” ilustrado. Los individuos consienten en renunciar a su libertad natural para someterse a un poder común. Sin embargo, esta renuncia no es incondicional ni absoluta, puesto que la sociedad civil, a pesar de mantener una relación indirecta con la política porque no participa directamente en la toma de decisiones, en los regímenes democráticos también es protagonista de las acciones políticas trascendentales. Solo las dictaduras prescinden de la sociedad civil. O por lo menos lo intentan.
El pensamiento crítico y libre tiene que rebelarse contra cualquier forma de dominación
A pesar de que la sociedad civil en Catalunya es mucho más que la ANC y Òmnium, protagonistas indiscutibles del proceso soberanista de la última década, es innegable que las dos organizaciones soberanistas han influido, y de qué manera, en la elaboración de lo que se ha denominado “hoja de ruta”. Los Jordis están encarcelados precisamente por eso. Ahora bien, no conozco ni un solo partido soberanista que no haya deseado dominar las cúpulas de estas dos asociaciones, que ciertamente tienen más afiliados que según qué partidos. El intento de los partidos de dominarlas ha demostrado que tenían una actitud perversa con la que han roto el principio básico de la relación que tiene que mantener el poder con la sociedad civil. Garantizar el consentimiento tendría que impedir esta voluntad de control de los partidos, que quieren dominar a la vez el Govern, el poder legislativo y la sociedad civil. El pensamiento crítico y libre tiene que rebelarse contra cualquier forma de dominación. En la concepción primigenia de Locke de lo que era la sociedad civil, el poder se tenía que disolver si no respetaba los derechos fundamentales de los individuos. Hoy en día esta idea tendría que seguir siendo válida.
¿Qué lejos queda la Ilustración, verdad? Una oleada de intolerancia está destruyendo a todo trapo la democracia liberal. Y uno de los fundamentos de la intolerancia es el dogmatismo. El patriotismo constitucional de Aznar, por ejemplo. O la intransigencia ideológica. O creer que la sociedad civil debe imponerse al poder surgido de las urnas, que tiene el privilegio de equivocarse, puesto que los individuos pueden castigarlos en futuras elecciones. La democracia es dinámica y hay que tener muy arraigadas las convicciones democráticas para no caer en esos o en otros defectos. La economista Elisenda Paluzie, que fue la candidata más votada al secretariado nacional de la ANC en las elecciones del pasado mes de marzo, ha propuesto ahora una consulta para reaccionar a una posible candidatura alternativa a la presidencia de la Generalitat que no pase por restituir a Carles Puigdemont, el president depuesto por el 155. Paluzie lleva días defendiendo la opción de repetir los comicios en el caso de que Puigdemont no pueda ser investido. Es muy legítimo preguntar y ya se verá cuál será el resultado de esta consulta, que se celebrará los mismos días que el president Puigdemont estará reunido en Berlín con el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya.
Cuando alguien preside una entidad de la sociedad civil, que por definición es una organización transversal y no partidista, este papel, digamos político e ideológico, no le corresponde
¿Puede la sociedad civil decidir por los grupos parlamentarios? Yo creo que no. Este error ya se ha cometido demasiadas veces. Cada cual tiene que cumplir su papel. La sociedad civil no puede ser utilizada como un lobby. Es mucho más que eso, como he explicado al principio. Me resulta extraño que la ANC se plantee la consulta para “dar voz a las socias y socios para que decidan la posición política que la ANC debe adoptar ante una situación tan excepcional”. Me resulta tan extraño como ver a Paluzie levantando el puño mientras canta Els Segadors en el acto final de la manifestación del Primero de Mayo convocada por la Intersindical-CSC. Yo estaba allí y lo vi. Cuando alguien preside una entidad de la sociedad civil, que por definición es una organización transversal y no partidista, este papel, digamos político e ideológico, no le corresponde. Mal va cuando las cosas se confunden. Ni el poder, en un sentido amplio, puede pretender controlar a la sociedad civil, ni la sociedad civil puede arrogarse una representación política que solo avalan las urnas.
Hoy voy a recibir unos cuantos palos. Ya lo sé. Pero estoy convencido, tanto como Locke, que la existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un requisito necesario para mejorar la democracia. Incluso es un requisito previo. Y en estos momentos, cuando la democracia en Catalunya está amenazada por el tripartito del 155 y en Europa por el ascenso del autoritarismo, la única manera de reconocer la legitimidad de los resultados de las elecciones del 21-D —impuestas por el Estado pero ganadas por el soberanismo en su conjunto—, es que sea el president Puigdemont quién decida quién tiene que situarse al frente de la Generalitat para dirigir un Gobierno que, a todos los efectos, será provisional. Los 34 diputados y diputadas de Junts per Catalunya sostienen sus decisiones en las 948.233 personas que les dieron la mayoría entre los partidos independentistas. Es mucha gente. Mucha más, si le sumamos los 935.861 votos de ERC y los 195.246 de la CUP, que el número de afiliados a la ANC que decidan participar en la consulta de este fin de semana. No desprecio ninguna iniciativa. Todo el mundo es libre de defender su criterio. Sólo reclamo para cada cual lo que es suyo.
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