Ayer fue un día para recordar mucho tiempo. Muy significativo. Primero la juez Lamela exoneró a Florentino Pérez y a cinco exministros del gobierno español, tanto del PSOE como del PP, de las acusaciones de malversación, fraude y cohecho por el escándalo del Castor. Poco después de mediodía estalló una auténtica bomba informativa, cuando la Audiencia de Navarra dejó en libertad a los violadores de la Manada, sólo con una fianza de seis mil euros. En medio, la alcaldesa de Berga había sido condenada a seis meses de inhabilitación, acusada de haber mantenido la estelada colgada en el balcón municipal, y el coordinador de Mossos por la República había denunciado vejaciones en su declaración ante la Guardia Civil, que lo investiga.
Desde hace mucho tiempo, cada día nos llegan noticias de decisiones judiciales que indignan. La doble medida judicial es un auténtico escándalo. Y el ejemplo de Navarra es incontestable: los jueces consideran que el hecho de que uno de los violadores de la Manada sea un guardia civil y otro un militar no tiene importancia porque ambos estaban fuera de servicio. Pero, en cambio, la pena contra los muchachos de Altsasu es agravada, a pesar de que el guardia civil involucrado en ese caso también iba vestido de calle y se encontraba fuera de servicio. A unos los tratan de una manera y a otros de otra, independientemente de qué hayan hecho y de qué sean acusados. Toda una lección para entender qué no es justicia.
Dentro del Estado español es cada vez más evidente que, muy particularmente la Guardia Civil y la justicia -y concretamente aquella parte de la justicia más relacionada con los asuntos políticos-, forman un estado paralelo, profundísimo y negro. Que tiene una agenda propia y que sirve al poder de manera impune. Da igual qué vote la gente, qué diga el parlamento y quién mande en el gobierno, que ellos siguen viendo el mundo en blanco y negro. Favorecen a los suyos y atacan a quienes consideran contrarios, lo que refleja una manera de entender su papel literalmente guerracivilista y completamente enfrentado a la neutralidad que una democracia reclama a los servidores públicos.
Uno de los grandes, gravísimos errores, de la transición fue no disolver la Guardia Civil ya desde el principio. Otro fue no depurar la administración de justicia. Alfonso Guerra se emocionó con la Guardia Civil, a pesar de decir que era lector de García Lorca, y la salvó de la disolución cuando era el momento de liquidarla. Y nunca nadie se tomó en serio la tarea de limpiar en términos democráticos la administración de justicia. Al contrario: incluso el Tribunal de Orden Público franquista, el peor de todos, fue abrillantado, reciclado y habilitado hasta hoy. Se usaron los mismos jueces, los mismos funcionarios, las mismas máquinas de escribir, las mismas sillas, los mismos ceniceros, los mismos calabozos, incluso el mismo edificio durante años y años. Las inercias sólo se acaban si se actúa con contundencia y el precio de no haberlo hecho es muy llamativo.
Hoy, cuando mucha gente asiste asustada a la liberación de los miembros de la Manada, hay que decir que esto no es un acto de justicia, sino de solidaridad ideológica y política. Hay unos jueces, asquerosamente machistas -que el machismo también formaba parte del corazón ideológico del franquismo, que simplemente consideran que aquellos violadores son ‘de los suyos’. Porque son guardias civiles y militares. Simplemente por eso, que, como ya ocurría en la España franquista, lo tapa todo. Porque ellos creen firmemente que todavía hay bandos, los bandos que legitimaron el régimen de Franco y de rebote la monarquía creada por Franco. Ellos todavía piensan que existen los ganadores y los rojos separatistas. Y la justicia no es igual si estás en el un lado o en el otro y la guardia civil no te trata igualmente si estás en el un lado o en el otro. Es tan crudo como esto. Tan lamentable como esto. Tan repugnante como esto.
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