Tres estrategias se disputan la nueva hoja de ruta para la República

El movimiento soberanista llegó al primero de octubre con el grado de unidad más alto desde que había comenzado la fase moderna del proceso hacia la independencia. Al menos, de cara al exterior. Las disputas entre ERC y los herederos de Convergencia fueron superadas por el objetivo común del referéndum y por un trabajo soterrado de los independientes de Juntos por el Sí y los máximos dirigentes de la ANC y Òmnium, hoy encarcelados. El referéndum, incluido en la hoja de ruta del verano de 2016, dio una dirección conjunta a la acción de los partidos y las entidades. Una vez superada esa meta, y tras el batacazo del 155, la represión, los encarcelamientos, los exilios y las elecciones impuestas, el soberanismo no ha vuelto a tener una hoja de ruta común. Por lo menos, hay tantas hojas de ruta como partidos, aunque no siempre son defendidos en bloque por los miembros de cada formación. Podemos trazar tres grandes estrategias que aún disputan la nueva hoja de ruta. Pero hay que tener en cuenta que las tres tienen tantos matices como familias y tradiciones tiene el soberanismo.

Cumplir el mandato democrático del primero de octubre

La CUP ha expresado abiertamente su opción: desplegar la República votada el 1 de octubre y declarada el 27 de ese mismo mes, dejar de obedecer a los tribunales españoles y tomar el control del territorio con la acción de la población en la calle y de la mayoría en el parlamento. En resumen, la CUP propone que se cumpla el mandato del referéndum y, por tanto, la República se despliegue a partir del punto donde se dejó el fin de semana del 28 y 29 de octubre, una vez que fue aprobada la aplicación del 155 por el Estado español. En esta estrategia está la investidura de Carles Puigdemont como presidente legítimo antes del golpe de estado contra las instituciones catalanas. La desobediencia a las instancias del Estado español es una consecuencia lógica, para la CUP, del cumplimiento del mandato democrático.

Para hacerlo, con tan sólo cuatro diputados, la CUP se ha ofrecido a ocupar los puestos de la mesa del parlamento que deben permitir que el pleno haga la investidura de Puigdemont y despliegue la legalidad republicana que se había previsto en la ley de transitoriedad. Si este despliegue de la legalidad republicana topa con el boicot del Estado español y con una capacidad superior a la fuerza de la mayoría parlamentaria y la movilización en la calle, la CUP opta por un choque democrático que podría llevar a un bloqueo institucional indefinido hasta a una solución negociada o, en el mejor de los casos, a la victoria del soberanismo por decantación. Es decir, propone una resistencia fuerte y sin miedo a la represión contra las imposiciones del Estado español.

Ampliar la base haciendo acción de gobierno republicana

Evidentemente, esta estrategia topa con la voluntad de ERC y de Juntos por Cataluña, con un peso muy superior al parlamento. Esquerra pide recuperar rápidamente el control de la Generalitat y dedicar todos los esfuerzos a ampliar la base de apoyo a la independencia. El diagnóstico que hacen los de Junqueras, encarcelado en Estremera (España), es que el independentismo no tiene todavía la fuerza necesaria para desplegar la República desde la independencia. Por lo tanto, sugieren avanzar para construir este apoyo mediante alianzas y vínculos con sectores que están al lado de la frontera del soberanismo. Por ejemplo, el espacio de los comunes y Podemos o, incluso, el PSC, según han expresado públicamente voces de ERC.

Proponen concretar estos avances con una acción de gobierno que procure reforzar el flanco social hacia la izquierda con leyes que anteriormente ha tumbado el Tribunal Constitucional con el pretexto de la ausencia de competencias del autogobierno autonómico. Continuar aprobando leyes que sean tumbadas en Madrid puede ser, para ERC, una manera de ir demostrando a los ciudadanos que puedan ser más afines al soberanismo y los principios democráticos que no hay más recorrido dentro de España. La hoja de ruta mayoritaria dentro de las filas de ERC dice que hay que acumular más fuerza para poder hacer la independencia frente a la actitud desacomplejadamente represiva del Estado español. En esta dirección, En esta dirección, hay que encontrar una fórmula de investidura que no colisione con las prohibiciones de los tribunales españoles y que permita formar un gobierno para gestionar el autogobierno y ponga fin al 155.

Un referéndum impuesto: el desatascador

Esta propuesta de avanzar en la acumulación de fuerza antes de desplegar una república independiente es vista de una manera diferente desde Juntos por Cataluña y, concretamente, desde el entorno de Carles Puigdemont. Si bien esta formación nueva -que integra miembros del PDECat- no se decanta por la vía desobediente de la CUP, tampoco quiere limitar la estrategia a un trabajo de orden interno para reforzar la base republicana. De hecho, no hay nadie que no apoye reforzar la base del soberanismo. La cuestión es qué estrategia puede beneficiar más este reforzamiento. Dentro Juntos por Cataluña, de acuerdo con la recuperación del gobierno de la Generalitat -en este caso, sin la prisa de ERC-, Puigdemont busca que el choque democrático interior vaya alineado con una estrategia de internacionalización que pueda desembocar en una solución tutelada externamente.

La propuesta mayoritaria dentro Juntos por Cataluña pretende combatir las imposiciones desde el interior -gobierno de la Generalitat y movilizaciones de calle- en busca de una extralimitación constante del Estado español que facilite la activación de la mediación internacional. ¿Con qué objetivo? Si se llega externamente a la conclusión de que la represión policial y jurídica del Estado español no es la vía correcta, se debe abrir una negociación política. Y esta puede tener un desatascador, un punto intermedio entre el desarrollo del mandato del primero de octubre que quieren los independentistas y la disolución autonómica que quieren los unionistas. Un desatascador que, desde un punto de vista democrático, no puede ser otra sino un referéndum aceptado por ambas partes. Dentro de esta estrategia, se inscribe la necesidad de ir probando las investiduras de candidatos prohibidos para forzar la prevaricación del juez Llarena (Tribunal Supremo español) y poder mantener el pulso y el pleito internacional con el Estado Español, tanto desde el punto de vista jurídico como político. La principal función del Consejo de la República y el Espacio Libre de Bruselas sería precisamente esta: preparar el terreno y avanzar en el reconocimiento de la interlocución catalana.

Un calendario que corre

Son las tres estrategias, en líneas gruesas, que actualmente se disputan la centralidad independentista. Tras el golpe de estado del 155 y de las elecciones impuestas, cuando no se desplegó la ley de transitoriedad y el gobierno fue expulsado, las tres familias principales del soberanismo comenzaron a trazar y rehacer sendas opciones estratégicas. Además, las entidades soberanistas se han recompuesto y han rehecho las estrategias. La irrupción de los CDR también ha redibujado el espacio de movilización popular. De aquel impacto de un otoño frenético, han nacido tres vías diferentes y, por tanto, muchos matices que impiden ofrecer la imagen de unidad que permitió llegar al referéndum. El calendario corre y exige un acuerdo que, por ahora, parece bastante lejos. Si el 22 de mayo no se ha alcanzado el acuerdo, unas nuevas elecciones darán a los ciudadanos la oportunidad de juzgar las estrategias de cada candidatura.

Vilaweb