Sondeos, rigor, vergüenza

La que hoy termina es, de todas las que recuerdo, la campaña en la que se ha hablado más de medios de comunicación. Sólo los públicos, naturalmente: Catalunya Ràdio y TV3 han sido amenazadas de cierre, de jibarización o de depuración ideológica. A instancias del PP y de Ciutadans y al amparo de la indefensión provocada por el 155, la Junta Electoral Central ha sometido a las emisoras de la CCMA a un asedio inaudito en democracia, prohibiendo a sus periodistas hablar de «presos políticos» o de «Gobierno en el exilio «, dictándoles qué manifestaciones podían transmitir y cuáles no, abriendo expedientes sancionadores por determinados comentarios editoriales, queriendo imponer una «neutralidad» informativa de la que -por ejemplo- Radiotelevisión Española se ríe.

Para el grueso de los medios privados, esta situación ha sido un regalo. Porque, mientras la opinión pública se distraía valorando si García Albiol había tachado de «anormales» a todos los trabajadores de TV3 o sólo a algunos, el conjunto de cabeceras periodísticas que tienen como redactora jefe a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría han podido menospreciar las más elementales normas de la deontología profesional y adoptar, frente al 21-D, actitudes de una parcialidad, de un sectarismo y de un partidismo desconocidos desde 1977, desde que todavía existía la llamada Cadena de Prensa del Movimiento.

Tiempo habrá, y estudiosos, para analizar con calma las portadas, los editoriales y los artículos de opinión de periódicos que, de serlo de referencia, han pasado al libelismo más penoso. Hoy quisiera referirme a un aspecto menor del sesgo de la prensa privada; menor pero que ilustra hasta qué punto se han perdido las formas y se han abandonado incluso las apariencias de imparcialidad: la cuestión de quien hace los sondeos para los diarios.

En el caso de La Vanguardia, la empresa encargada de este trabajo a partir de 2015 -una fecha significativa- es GAD3, que hace lo mismo para el madrileño Abc. El presidente de GAD3 es el sociólogo Ignacio Michavila, hermano pequeño de quien fue ministro de Justicia de Aznar (2002-2004) y diputado del PP (1993-2000 y 2004-2009) José María Michavila, situado -al menos mientras se dedicó a la política- en el ala más integrista de la derecha española. Los hermanos Michavila Núñez (hay cuatro, en total) son hijos de Benjamín Michavila Pallarés, general de división del ejército del aire, y sobrinos de Federico Michavila, teniente general del mismo ramo armado. Ignacio Michavila es, por su parte, comandante de artillería en excedencia voluntaria y ha trabajado largamente como analista en el ministerio de Defensa, pero también fue un influyente asesor electoral del presidente valenciano Francisco Camps.

Llegados aquí, quizás algún lector de buena fe está pensando que ni el apellido ni la familia determinan la posición ideológica. Admitiremos, sin embargo, que la biografía propia ya es más significativa. Si se añaden las tomas de posición libres y espontáneas, queda poco margen de duda. El viernes pasado -poco después de presentar un sondeo hecho a demanda de Sociedad Civil Catalana-, Ignacio Michavila participó en una conversación sobre las elecciones catalanas, organizada y difundida por la FAES y moderada por el director del ‘think tank’ de Aznar, Javier Zarzalejos. Le acompañaba Joan López Alegre, activo tertuliano unionista hoy reconciliado con el PP del que procede y autor, en 2016, de un simpático libro-autorretrato: ‘Hablar de todo y no saber de nada’. Por supuesto, López se mostró apocalíptico, diciendo que un referéndum es «una insensatez», hablando de «la balcanización de Cataluña», comparándonos con el Ulster, augurando, «después de las empresas, el éxodo de personas», etcétera.

Por contraste, el sociólogo Michavila mantuvo un tono más académico, pero de ninguna manera neutral, ni equidistante, ni matizado. En su discurso había siempre un «ellos» (los independentistas) y un «nosotros» (los constitucionalistas); las del 21-D serán «unas elecciones de carácter regional», el Proceso ha sido algo «artificial, movido desde arriba», la aplicación del artículo 155 está siendo «proporcional»…

El presidente de GAD3, el hombre que dirige la cocina de las encuestas electorales del Grupo Godó, comparó la campaña de Puigdemont con la de Donald Trump; y se refirió a «la esquizofrenia» de los independentistas; y, recuperando aquella vieja idea de Jorge Fernández Díaz, aludió compungido a «muchas familias que, hermanos, no se van a poder reunir a comer en Navidad»; y avisó que «primero empiezan [a irse] las empresas, y luego viene el desempleo». Y, en referencia a las grandes manifestaciones unionistas del 8 y el 29 de octubre, concluyó que «la mayoría social catalana no quiere renunciar a sus derechos como españoles».

¿Ustedes se imaginan al responsable de una empresa de sondeos expresando, en plena campaña electoral, descalificaciones y prejuicios de este grosor contra el PSOE, el PP o Ciutadans, incluso contra Podemos, y no debiendo dimitir a continuación? ¿Qué garantía de rigor y objetividad ofrecen, en estas condiciones, las encuestas que La Vanguardia ha publicado estos últimos meses? Habrá que concluir que, por la unidad de España, es válido sacrificarlo todo, incluyendo la democracia y la vergüenza.

ARA