Nos han declarado la guerra

El Estado español nos ha declarado la guerra. No es una guerra con carros de combate, esto no -estamos en la Unión Europea-, es una guerra mucho más contemporánea, geopolíticamente hablando. No es que no haya sectores españoles a los que el cuerpo les pida otra cosa, ¡claro que los hay!, sólo hay que ver la amenaza de Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, al presidente Puigdemont, haciéndole saber que puede tener el mismo final que el presidente Companys, o los términos militares en que se expresa Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta española, cuando habla de «descabezar» y «liquidar» el independentismo catalán.

Pero hay líneas rojas que el absolutismo no puede atravesar aunque sólo sea por acondicionamiento estético. Para ello utiliza estrategias que, a pesar de tener la misma finalidad, es decir, la aniquilación absoluta de la disidencia, tengan una apariencia democrática. Erdogan, sin sonrojarse, también dice que Turquía es un régimen democrático. Se trata de legalizar la injusticia para poder acusar a los disidentes de incumplir la ley, y, a partir de ahí, estigmatizarlos y presentarlos como excrementos sociales, como elementos terroristas que pondrían en peligro la propia democracia. El supremacismo nunca tiene escrúpulos de conciencia ni respeta los derechos humanos cuando ve amenazado su estatus. Todo ello, pues, la lleva a la mentira. Y eso es lo que está haciendo el Estado español con los Comités de Defensa de la República (CDR), fabricar una mentira.

El plan consiste en intentar transformar la imagen pacífica y democrática que tiene el independentismo catalán en todo el mundo en una imagen violenta, sanguinaria y terrorífica que permita que el Estado español deje de ser visto como el agresor y parezca la víctima. Necesita, sin embargo, que el planeta se lo trague, lo que, piensa, le legitimaría para llevar a cabo una política netamente fascista de criminalización del independentismo y de persecución de las ideas, de la libertad de expresión y, en definitiva, de los derechos civiles. En su delirio, no le importan nada las sentencias del Tribunal Internacional de Derechos Humanos que le caerán un día encima, ya lo explicitó Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, con un desprecio repugnante por los principios democráticos más elementales: «El Estado pagará el coste de quitar de en medio Puigdemont». A esta ideología de ultraderecha no le asustan las facturas. ¡Las facturas rayos! La sagrada unidad de España, precisamente porque es sagrada, justifica todos los medios, por abyectos que sean. Como dice el dicho: ‘dame pan y dime tonto’.

Y eso es lo que están haciendo. Y si lo están haciendo habiendo miles de imágenes que los desmienten, o después de que su ministro de Exteriores fuera ridiculizado por la BBC cuando pretendía hacer creer que las imágenes de la violencia policial española de la emisora eran falsas, imaginémonos a qué extremos están dispuestos a llegar en caso de tener éxito en su mentira. Si ya ahora violan los derechos humanos sin ningún tipo de escrúpulo, ¿qué no harán en caso de poder construir un relato en virtud del cual los CDR serían el equivalente catalán de ETA, de Hamas o de Al Qaeda?

Por todo ello, ahora más que nunca, hay que extremar la vigilancia en cada concentración o manifestación en defensa de los derechos nacionales de Cataluña para evitar que los individuos infiltrados por el Estado o por organizaciones nacionalistas españolas puedan tener éxito en sus propósitos a la hora de generar situaciones violentas, ya sea quemando contenedores, rompiendo escaparates o provocando a la policía. Como decía el alcalde de Verges, Ignasi Sabater, uno de los pueblos más afectados por la ola de ruedas pinchadas en días posteriores al 1 de Octubre, «van uniformados de día y descontrolados de noche». Por cierto, impunidad absoluta para quienes amenazaron de muerte a este señor. Una de las amenazas telefónicas decía esto: «¿Está Ignasi? Dile al hijo de puta que primero fuerón los pinchazos de ruedas y ahora los pinchazos serán ya en la barriga. Muerto. Hijos de puta todos». Hace falta, pues, aislar inmediatamente los violentos encapuchados, con pasamontañas o disfrazados con una estelada e identificarlos como lo que son.

Recordemos también que Joan Coma, concejal de Vic, fue llevado a la Audiencia Nacional española acusado de incitación a la sedición por haber dicho que «para hacer una tortilla hay que romper los huevos». Esto sucedió el 24 de octubre pasado, hace seis meses. Si fuera hoy le acusarían directamente de terrorismo. Quien no será nunca acusado de terrorista o de incitación al terrorismo es Federico Jiménez Losantos, ya que la violencia que propugna es en nombre de la unidad de España. Después de hacer una llamada a coger rehenes alemanes en las Islas (Baleares) y hacer estallar cervecerías en Baviera, añadió, preguntándose y respondiéndose él mismo: «Pero usted qué propone, ¿una acción? ¡Naturalmente!». Así las cosas, ¿todavía hay alguien que se pregunte por qué el asesinato fascista de Guillem Agulló permanece impune? ¿Todavía hay alguien que se pregunte por qué todos los asesinos sanguinarios del GAL están en casa mientras que se piden penas de treinta años para los prisioneros políticos catalanes que pusieron las urnas al servicio de la ciudadanía?

El Estado español nos ha declarado la guerra, amigos. Y lo que hemos visto no es nada comparado con lo que puede venir. Si no paran de violar los derechos humanos, ¿por qué habrían de dejar de incumplir sus propias leyes? El artículo 17.2 de la Constitución española dice: «La detención preventiva no podrá durar más tiempo de lo estrictamente necesario para hacer las indagaciones para aclarar los hechos y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial». ¿Y qué hace la «autoridad judicial»? Liberar el fascistas que asaltaron la (librería) Blanquerna, «porque tienen hijos», y encarcelar a personas inocentes indefinidamente porque no renuncian a su independentismo, que, como todo el mundo sabe, es herejía en el Estado español.

La catalanofobia tiene la misma raíz que el antisemitismo y otras fobias ideológicas. Hay que satanizar a la víctima para justificar su flagelación. Es el principio de Goebbels al servicio del Estado: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Mentir, mentir, mentir…, siempre queda algo». Es necesario, pues, que tengamos presente que obedecer leyes injustas, someternos a las leyes que nos aprisionan, nos hace cómplices; cómplices del agresor y responsables del mal que nos inflige. Pensemos en la gran lección humanística de Rosa Parks, cuando ya era una anciana: «Cuanto más cedíamos, cuanto más obedecíamos, peor nos trataban».

EL MÓN