Ni Garoña, ni las demás centrales nucleares

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A la luz de las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, el pasado 30 de marzo en Bilbao con motivo de la Junta de Accionistas de la multinacional, parece que la central de Santa María de Garoña tiene sus días contados. El presidente de Iberdrola ha alegado que Garoña es inviable económicamente e incluso el resto de las centrales nucleares que operan en el Estado Español, debido a los “impuestos y obligaciones que se han ido imponiendo sistemáticamente a la industria nuclear”.

Quizá el cierre de Garoña esté más próximo, pero hay que ser extremadamente cauteloso. Y por varios motivos. Primero, es posible que Iberdrola esté interesado en otros proyectos energéticos y Garoña, con las inversiones que hay que realizar para cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, no es tan atractiva económicamente. Pero, sin embargo, no hay que olvidar que Iberdrola cuenta con el 50% de las acciones de Nuclenor, empresa propietaria de la central, mientras que el otro 50% es de Endesa, y esta compañía sí que parece que está más interesada en la reapertura de Garoña, al haber apostado por la generación de electricidad con carbón, un combustible en horas muy bajas.

En segundo lugar, en los últimos años, ha dado la impresión, que en la reapertura de Garoña ha hecho más presión el Gobierno del PP que la propia empresa propietaria, y ello se debe a que se ha utilizado Garoña como tapadera para abrir el proceso de alargamiento de vida del resto de centrales nucleares que aún operan en el Estado Español, como Almaraz I y Almaraz II, Asco I y Asco II, Cofrentes y Vandellós II. Y no hay que olvidar, que el Gobierno del PP cuenta con un plazo de seis meses para tomar una decisión sobre Garoña -tras el dictamen emitido a principios de febrero por el CSN, favorable a la reapertura de la central, y que en virtud de ese dictamen permitiría operar a Garoña hasta 2031-, siempre que Nuclenor cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Por otra parte, el presidente de Iberdrola afirmó también en la Junta de Accionistas celebrada en Bilbao que “no tiene mucho sentido mantener en activo una instalación que da pérdidas -en referencia a Garoña-, pero tampoco al resto de las centrales aún operativas en España, porque el 50% de sus ingresos se destina a pagar sus obligaciones que impone el Gobierno como garantía de seguridad”. Sin duda, se trata de una crítica velada, o dejemos en advertencia, de Iberdrola al Gobierno, por los impuestos establecidos y que acarrean pérdidas a las centrales nucleares. Pero, detrás de ello puede estar el deseo de Iberdrola y del resto de empresas del sector nuclear, de conseguir que el Gobierno español suavice la carga impositiva a la producción nuclear o establezca alguna medida que lo compense.

Un tema que está de por medio en esta cuestión es el de los residuos radiactivos, a los que todavía no se ha conseguido una solución definitiva sobre cómo gestionarlos y que mantendrán su peligrosidad durante miles y miles de años. Su gestión supone mucho dinero, y que además de las empresas propietarias de las centrales nucleares, también los ciudadanos y ciudadanas estamos costeando a través del recibo de la luz. Actualmente, la empresa pública Enresa se encarga de su gestión.

Todas estas cuestiones planteadas, a mi entender, y a pesar de la buena noticia que hemos tenido en los últimos días, también debido a la presión que ha hecho desde amplios sectores de la sociedad vasca y de sus instituciones, así como de otras comunidades autónomas, no debe suponer, ni mucho menos que el cierre inmediato de Garoña hay que darlo como seguro.

Pero, además, y en la hipótesis de que se dé el cierre de Garoña, todavía tenemos motivos suficientes para seguir manteniendo la lucha por el cierre de las demás centrales nucleares. Está demostrado, hoy en día, que no es necesaria la energía nuclear y eso no hay más que ver en países europeos como Italia, Austria, Suiza, etcétera, que funcionan sin centrales nucleares, o el caso de Noruega y Suecia, próximas al 100% de deshacerse de la energía nuclear. Y también está Alemania, que, tras la catástrofe de Fukushima, el Gobierno aprobó en 2011 un calendario para cerrar de forma gradual las centrales que había en funcionamiento y fijó el año 2022 para el apagón nuclear.

Por otra parte, en el caso del Estado español, no son pocos los estudios que consideran factible contar en 2050 con un parque eléctrico completamente desnuclearizado formado exclusivamente por energías no contaminantes, que darían además trabajo a cientos de miles de personas entre empleos directos e indirectos. Sería posible seguir el ejemplo alemán y proceder al cierre programado y progresivo de las centrales con un despliegue planificado de las energías renovables, y si hubiera alguna carencia, podrían completarse con el gas natural de forma transitoria.

Por tanto, podemos vivir sin nucleares, y no exponernos a un grave accidente nuclear. La energía nuclear civil es una apuesta fallida del desarrollismo en la segunda parte del siglo XX por aprovechar y amortizar las investigaciones militares en el armamento atómico, y ofrecer en teoría una energía limpia, barata y segura, que se ha demostrado en la práctica que no lo es. Hoy en día sabemos que hay que prescindir de ellas, y que tenemos tecnologías y alternativas energéticas que la hacen innecesaria.

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