No habría ningún obstáculo en que el independentismo negociara con el gobierno de Pedro Sánchez si hubiera un plan para hacer frente a la situación política que ocurra cuando Pedro Sánchez ya no esté en La Moncloa. Debería tratarse de una estrategia común al independentismo, que reuniera las instituciones con el gobierno catalán a la cabeza, los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los movimientos sin estructura formal como los CDR; en definitiva, habría que consensuar la misma línea de actuación que llevó al país al 1-O, el 3-O y a la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, porque en el momento en que la derecha españolista monopolice las instituciones centrales del Estado, no habrá otra opción que perseverar en un nuevo gesto de ruptura. En este sentido, pues, la pregunta que encabeza este artículo sólo parece tener una respuesta posible: negociar y dialogar con Pedro Sánchez para ganar tiempo.
El poder democrático de la mayoría independentista catalana contra el poder del uso de la fuerza exigido desde el resto del Estado para aplastar la expresión de esa mayoría (una exigencia que aún se hará más intensa y terminará por precipitar la caída de Sánchez si a este se le ocurre proponer la mínima concesión a las reivindicaciones catalanas). Las coincidencias entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno del PSOE, pues, se reducen a mantener las formas dando por supuesto que no habrá ningún intercambio ni ningún acuerdo. Entretanto, desde el campo catalán hay que ir forjando el muro de contención que detenga la marea ultra y que desactive sus partidarios dentro del país. En este sentido dos aspectos pueden apuntalar el proyecto independentista en un relativo corto plazo mientras se mantiene el tiempo de interludio de la era Sánchez: uno, que se precipite el pronunciamiento de alguna instancia judicial supraestatal, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que se reconozca la violación de los derechos sufrida por los presos políticos y se inste a su liberación inmediata.
En este escenario Sánchez también se vería sometido a una enorme presión por parte de un españolismo enloquecido (y en el que seguramente ya habría resucitado su tradicional antieuropeísmo) pero al menos podría alegar que el movimiento no ha sido producto de su iniciativa sino que ha sido forzado por un agente externo. El otro aspecto en el que el independentismo ha de profundizar en este tiempo antes de la tormenta es el de asegurar apoyos de estados soberanos que, a diferencia de lo que sucedió el 27 de octubre de 2017, en este nuevo envite sí estén dispuestos a actuar inequívocamente en favor de la causa catalana no tanto con un reconocimiento directo de la República (que si procediese en algún caso siempre sería bienvenido) sino al menos en la denuncia de la represión española en los diversos foros de los que España sigue formando parte.
El gobierno autonómico no es, obviamente, la República catalana, pero como saben bien el PP, Ciudadanos y Vox, mientras este gobierno funcione con todas las herramientas de construcción nacional a su disposición será más fácil que la mayoría democrática a favor de la República sea incontestable e irreversible.
EL PUNT-AVUI
