Parece que en los próximos meses se discutirá sobre un ‘referéndum acordado con el Estado’. Es natural. Por un lado, sería deseable, porque un escenario de esta naturaleza daría más garantías al cumplimiento efectivo de los resultados que alcanzaran eventualmente el ‘sí’ o el ‘no’, que son las dos opciones que tienen valor operativo en un referéndum. Este asunto no es menor, ya que en el mes de octubre pasado se pudo comprobar que ganar con el ‘sí’ un referéndum de autodeterminación no implica la posibilidad de aplicar efectivamente el resultado, si quien lo ha de aplicar no tiene suficiente fuerza para hacerlo. Porque el funcionamiento de un Estado se caracteriza precisamente por la ostentación del monopolio institucional de la fuerza, que es lo que permite aplicar la ley sobre unas personas en un territorio. Esto es un Estado.
Claro que la limitación que supone la falta de fuerza práctica tiene una relación inversa con el apoyo democrático que consigue un proyecto político. Y en este sentido, el referéndum del 1 de Octubre, a pesar de ser un evento de enorme relevancia e impacto en la política catalana del presente y del futuro, tuvo una participación limitada al 43% del censo (el 48% si se considerara que la violencia policial impidió el voto en una parte de las mesas, aunque este 48% tiene un cierto sesgo al alza, dada la posibilidad de desplazar el voto a otro colegio). Una gran mayoría con participación inferior al 50% no da tanta fuerza democrática como una mayoría con una participación más alta, ya que dificulta el reconocimiento de la independencia y del nuevo estado que realmente es importante, el de los ciudadanos del propio territorio que se oponen a la independencia; o, cuando menos, de una parte significativa, dependiendo de cual sea su participación en la decisión.
Ahora bien. Que la celebración de un referéndum acordado y con garantía de que se cumpla el resultado sea un escenario de salida del conflicto político que tenemos no quiere decir que sea lo que se puede esperar. De hecho, es muy probable (para mí, seguro) que la independencia de Cataluña por vía no aceptada (pero acatada) por las instituciones españolas sea menos difícil que la aceptación de un referéndum de autodeterminación. No es tan extraño.
El modelo de construcción nacional de España, desarrollado a partir de la semilla francesa, no puede aceptar la existencia de más de una soberanía en el Estado, al contrario de lo que sí pueden hacer los modelos centroeuropeos o anglosajones. Hace pocos días José Andrés Torres Mora, quizás el diputado con más capacidad analítica hoy entre los socialistas en las Cortes Españolas, escribía en el antiguo faro de la progresía española que «la [nación] española nunca estuvo dividida entre varios estados, y nunca lo estará».
Esta interacción entre los conceptos ‘nación’ y ‘Estado’ nos dice el qué; nos ilustra sobre los límites de la construcción nacional española a la hora de aceptar una pluralidad de soberanías. Como ya decía el artículo 1 de la Constitución de Cádiz (1812): «La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Y así fue como, con independencia tras independencia y estados nuevos, la nación española siguió subsistiendo, y dejaban de ser ‘nacionales’ los que perdían el DNI (a ver si se entiende aquello de «¿qué pone en tu DNI?»). La función histórica del Estado borbónico en España ha sido la uniformización nacional, de la que la Constitución de 1812 es una expresión clara. La llamaban liberal: era francesa y punto. Y como es el Estado el que crea la nación uniforme, sólo puede haber una nación dentro del Estado. Este concepto, este modelo de construcción nacional, es lo que rompería un referéndum pactado: la soberanía única dentro del Estado español. El referéndum certificaría la plurinacionalidad -ya no habría una nación única-, aunque el resultado fuera un ‘no’ a la independencia. En cambio, una secesión, por dolorosa que sea como amputación, permite mantener la nación identificada con el Estado, aunque un poco más pequeña; pero sustancialmente igual: todo en orden y bajo control central.
Mantener la posición de que un referéndum pactado de independencia es un escenario de salida del conflicto me parece ineludible, porque sería efectivamente la mejor solución, y nunca se debe dejar de mostrar la voluntad de diálogo. Ahora bien, supeditar la independencia a un referéndum pactado supone renunciar a la independencia en la práctica. Y el camino ya es bastante complicado en la práctica para reducir adicionalmente el coste de la rigidez política por parte de las instituciones centrales. «Abandonad toda esperanza, los que aquí entréis» es la inscripción que Dante Alighieri encuentra en la puerta del infierno en la ‘Divina Comedia’. Entrar en el referéndum pactado como condición necesaria de la independencia, al fin y al cabo, tiene la misma inscripción: «Abandonad toda esperanza».
ARA
