La primera lección sobre la justicia española me la dio mi abuelo Cirilo, cuando de niño me cantaba una jota diáfana: “La Ley es tela de araña pensada p’a los más ricos se libran los bichos grandes y atrapa los pequeñicos”.
Pronto aprendimos que, además de pobres, los jueces tenían obsesión por meter en la cárcel a disidentes políticos, siempre, eso sí, en nombre de la ley vigente. Legalidad, ante todo. Estábamos en el Franquismo y, de pronto, los mismos jueces siguieron aplicando las leyes de la democracia, cuando todo ese estamento debería haber sido enterrado en el Valle de los Caídos, junto a su caporal.
Ya en democracia, seguimos padeciéndolos. Un día, los parapoliciales me quemaron el coche: lo rociaron con gasolina, hicieron un reguero de 30 metros en una empinada cuesta y desde arriba le prendieron fuego. Para no tener que pagar, la compañía de seguros expuso al juez el evidente atentado, pero la Guardia Civil emitió un informe diciendo que el reguero era producido por los líquidos que se habían desprendido del coche en llamas. “Señor Juez -le dije- los líquidos en una cuesta van hacia abajo, no hacia arriba”, y le invité a que se personara a ver el lugar del atentado, muy cerca del Juzgado.
“Yo no puedo contradecir un informe de la Guardia Civil”, me dijo por última respuesta. Desde entonces, la jurisprudencia española tiene un caso donde se certifica que la ley de la gravedad es al revés: los pesos y los ríos suben, no bajan. Aquel juez, con su plomiza cabeza, también ascendió en el escalafón.
Esta anécdota es una minucia, cagarruta jurídica irrelevante en el estercolero gigante de sentencias que los vascos y vascas han padecido, por una judicatura hija de la ocupación militar primero y del franquismo después. Poder sostenido, en último término, por una Policía y un Ejército sin el menor gen democrático en su cromosoma histórico. Ya nos lo advirtió Cánovas en el siglo XIX: “Cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el Derecho”. Y con ese argumento, derrotados en las guerras forales, los vasconavarros perdimos la capacidad de juzgarnos en nuestra tierra, con jueces paisanos. Navarra, 1841. Ayer mismo.
El resultado hoy día es un pequeño país con miles de torturados y torturadas, que han denunciado sus horrores ante docenas de magistrados sordos, que miraban a otro lado cuando no se reían. Luego sus señorías ascienden, son candidatos al Premio Nobel de la Paz o nombrados ministros de Justicia.
Jueces que mantienen las cárceles llenas de parias o de independentistas, mientras la cúpula del poder, encabezada por los Borbones, es un pudridero público, donde ya es imposible seguir las tramas corruptas que engarzan a toda la casta. Una justicia diseñada para permitir guerras;para que puedan dar a la banca el dinero de los jubilados;para desahuciar proletarios;para castigar a los pueblos que intentan ser libres;para permitir que el 1% de la sociedad arrample con el 90% de la riqueza e impedir, como pedía Séneca, “que la igualdad sea el principio de la Justicia”. Jueces en Madrid para impedir que los parlamentos de Euskal Herria puedan emitir sus propias leyes. Y claro, para reprimir a quien proteste, sea cerrando un periódico, deteniendo un rapero, prohibiendo ikurriñas en los ayuntamientos navarros o pancartas en balcones sanfermineros. También para repartir castigos ejemplarizantes como en Atsasu. Aplicando esa justicia, los jueces son conscientes de las injusticias que cometen.
¿Quién juzga a los jueces? ¿Ellos mismos? “Quien a sí mismo se capa buenos dídimos se deja” dice la voz popular, y bien lo han demostrado ahora los 750 jueces que han salido en defensa de sus colegas, que se han burlado de toda la sociedad con la sentencia de La Manada. Si una verdadera justicia superior juzgara a esos jueces, sin duda lo purgarían: Dios los mandaría al Infierno, Supermán al planeta Krypton y una Revolución a la guillotina. Pero mientras, entre ellos se cubren, se tapan, se cooptan, dejando paso únicamente a los suyos y marginando a jueces y juezas, pocos en verdad, que, como el recordado Joaquín Navarro, creen más en la justicia que en las leyes. Lejos de regenerarse, la Justicia española sigue bajando escalones de descrédito. “Con paso firme se pasea hoy la injusticia” comenzaba el poema de Bertolt Brecht.
¿Qué hacer? Pues mientras esperamos a dioses, supermanes o revoluciones, en nuestros antiguos Fueros y libertades vemos una vez más, las soluciones, siquiera parciales, a la Justicia. Como antes de 1841, necesitamos leyes propias, que sean aplicadas por jueces del país, hasta su últimas instancias. Quitarnos de encima todos los jueces “extranjeros”, como exigían nuestras Cortes soberanas. Y decidir en Iruña, no en Madrid, tal como en 1866 propuso la propia Diputación navarra a las otras tres provincias. Independentistas, federalistas y meros foralistas deberíamos estar de acuerdo en ello. Todavía habría clases y tendría vigencia la jota de mi abuelo, pero todo comenzaría a ser diferente.
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