La descomposición del régimen político que viene de la transición es tan profunda que los diversos estamentos de poder empiezan a actuar, visiblemente, de forma gremial en defensa de lo que ellos consideran -autónomamente- que es esencial. Los ejemplos más claros son las estructuras judiciales y la monarquía, que toman las decisiones que más les convienen para la preservación de sus estatus y privilegios. Los jueces españoles, por ejemplo, están emprendiendo una durísima ofensiva político-jurídica contra todo lo que se mueva, desde políticos independentistas a actores progres, pasando por raperos contraculturales y funcionarios catalanes. El Estado, en su conjunto, está sufriendo las consecuencias debido a un desprestigio internacional que ya no niegan ni en Madrid. Pero a los jueces les da exactamente igual.
Pasa lo mismo con la monarquía. Felipe VI y el entorno borbónico optaron por hacer un discurso agresivo el pasado 3 de octubre, entendiendo que esto les aseguraba el mantenimiento del sistema monárquico, surfeando sobre la ola de nacionalismo español. No sólo eso, sino que tanto el Emérito como el ‘Preparao’ han dejado muy claro que no tolerarán que les toquen ni un euro de la fortuna familiar, al margen de los procedimientos por los que la hayan obtenido. Y también viene de ahí el empeño de Felipe de Borbón en venir a Cataluña, empeñado en pisar, al mismo tiempo, el territorio y la sociedad catalana. Ellos, a la suya.
El resultado es que el Estado español se sobrepone a su propio gobierno, incapaz de aplicar ninguna estrategia coherente. Ridículo tras ridículo, el régimen se radicaliza. Y acelera, con contumacia castellana, la carrera hacia el abismo.
EL MÓN
