La Comisión de la Verdad ve bases para reabrir los sumarios y presentar una querella por delito de lesa humanidad
Visitantes viendo las fotografías de la muestra organizada por la iniciativa Sanfermines 78: Gogoan! sobre los sucesos de San Fermín de 1978 en los que murió Germán Rodríguez, con motivo del 40 aniversario de los hechos. (Unai Beroiz)
Existió un plan diseñado para reprimir a la población y en la investigación para esclarecer los hechos intervinieron algunos de los protagonistas de llevarlo a cabo, lo que ha impedido, 40 años después, depurar responsabilidades sobre lo acontecido en Pamplona el 8 de julio de 1978. Son dos de las seis conclusiones que aparecen recogidas en el dictamen de la Comisión de la Verdad, elaborado a instancias del Ayuntamiento por un grupo de trabajo de la UPNA, en el que se aboga por la reapertura del sumario y presentar una denuncia por el delito de “lesa humanidad”, que no prescribe.
El alcalde Joseba Asiron y representantes de las cuatro formaciones del equipo de Gobierno comparecieron ayer en rueda de prensa en el edificio consistorial junto a una de las integrantes del equipo investigador, Nerea Pérez Ibarrola, para informar del contenido del informe. El viernes se dará a conocer públicamente en el teatro Gayarre durante un acto institucional, que incluirá la presentación de un audiovisual y una mesa redonda.
“Existió un plan premeditado para ejercer una represión importante por parte de las Fuerzas de Orden Público durante las fiestas de San Fermín de 1978, como una especie de escarmiento contra una población navarra que se consideraba un peligroso referente en cuanto a lucha obrera y popular”. Así recoge, de forma literal, la primera conclusión del informe, que incluye un análisis técnico documental sobre los sucesos ocurridos durante los Sanfermines de 1978 y un dictamen del grupo de trabajo a partir del informe anterior.
información oculta
Lo primero que destaca es la falta de colaboración -antes y ahora- de determinados organismos públicos a la hora de facilitar documentación relativa al caso. La última se produjo el mes pasado en el Congreso, cuando PP, PSOE y Ciudadanos impidieron la desclasificación de toda la documentación obrante en el Ministerio de Interior relativa a los sucesos de 1978.
No hubo ninguna investigación en Navarra, más allá de un informe sobre los daños en algunas dependencias del Palacio de Diputación, mientras que la vía judicial quedó neutralizada en el momento en el que se abrieron tres sumarios distintos, aunque hay una última petición en curso que está pendiente de respuesta. La investigación judicial fue “negligente, insuficiente y mediatizada por la intervención de las propias fuerzas y personas culpables de los hechos”. El dictamen aboga por reabrir los sumarios, agruparlos en un solo sumario, que se realicen todas las pruebas que en su día se admitieron y luego no se realizaron y que se procede a la identificación de todos los mandos y fuerzas intervinientes, así como su toma de declaración.
Una vez realizadas estas investigaciones sería el momento de solicitar las actuaciones pertinentes contra las personas responsables, lo que deberá determinar en su momento el Ayuntamiento.
Los hechos comenzaron la tarde del 8 de julio de 1978 cuando agentes de la Policía Armada entraron a la Plaza de Toros al finalizar la corrida tras exhibirse una pancarta a favor de la amnistía. Lo hicieron aprovechando la entrada a la plaza de los txikis, que fueron los primeros en sufrir la intervención policial.
batalla en las calles
A partir de ahí los incidentes continuaron fuera del coso taurino y se alargaron hasta bien entrada la madrugada, sobre todo en las inmediaciones de la Plaza del Castillo y avenida de Carlos III, con vehículos incendiados y calles cortadas por barricadas.
Hubo cargas con porras, pelotas de goma, bombas de humo y disparos de fuego real: hubo un muerto, Germán Rodríguez, y seis heridos por bala. A ellos se sumarían otros heridos, que, según algunos listados, podrían situarse entre 50 y 55 personas.
Testigos presenciales constataron la presencia de policías patrullando por la calle Paulino Caballero hasta el cruce con la avenida de Roncesvalles y a dos miembros de la Policía Armada de la Bandera Móvil de Logroño disparando sus armas (una de ellas arma larga) desde el cruce mencionado hacia la avenida de Carlos III, lugar donde fue abatido Germán Rodríguez Saiz y herido de bala Fermín Ilundáin.
Desde ese lugar y en dirección a la avenida de Carlos III se produjeron, al menos, una veintena de disparos por arma de fuego, como muestran las huellas de sus impactos en señales de tráfico, edificios, vehículos aparcados y árboles.
El dictamen analiza los meses inmediatamente anteriores a los Sanfermines de 1978 -cuando se produjeron una serie de hechos que evidenciaban la conducta represiva de los aparatos del Estado en Pamplona- y cómo se recogieron los hechos ocurridos el día 8 de julio en la prensa nacional.
los apuntes
El alcalde y tres concejales. Además del alcalde y de una de las autoras del informe, acudieron a la presentación los concejales Joxe Abaurrea (EH Bildu), Mikel Armendáriz (Geroa Bai), Manuel Millera (Aranzadi) e Íñigo Rudi, asistente de I-E, en sustitución de Edurne Eguino.
Equipo de la UPNA. El informe técnico documental sobre los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978 ha sido realizado por Emilio Majuelo y Juan Carlos García de la UPNA y en el grupo de trabajo han participado Josu Chueca, Pedro Ibarra, Amaia Kowasch, Jacinto Lara, Nerea Pérez Ibarrola, Pepe Uruñuela y Begoña Zabala.
Atentados de ETA y represión policial. El informe analiza el tenso clima de Pamplona, donde unos meses antes había sido asesinado el comandante de la Policía Armada Joaquín Ímaz Martín y en mayo murió apuñalado un guardia civil, por lo que se detuvo a 5 personas.
Chupinazo excepcional. El Chupinazo de 1978 se había disparado desde la primera planta al estar ocupada la segunda por personas en huelga de hambre que pedían amnistía para esos detenidos, algunos de ellos miembros de peñas.
No sabían nada. Cuatro años y medio después de ocurridos los hechos declararon ante un juzgado algunos de los mandos policiales. Ninguno ofreció datos sobre los disparos efectuados entre las 21.40 y las 22 horas.
Desclasificación. La Comisión de la Verdad aboga por que el Ayuntamiento apruebe una moción en la que se inste a los organismos y autoridades competentes a que desclasifiquen o, en todo caso, faciliten copia de los documentos relativos a esos sucesos.
la cifra
3.797
Testimonios. El dossier ‘Así fue’, elaborado por la comisión de peñas, ha resultado muy valioso para los investigadores, aunque tenga una parte pequeña de declaraciones de testigos y de afectados por las cargas policiales (2.549 declaraciones sobre las cargas policiales en el interior de la plaza, y otras 1.248 sobre los hechos producidos fuera de ella).
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