El economista y exdiputado de Juntos por el Sí analiza la situación política y asegura que, «pese a Gürtel, la defensa de la unidad de España pesará más que la corrupción»
Según lamenta, «una parte de la izquierda española actúa como la francesa ante las torturas en Argelia»
Germà Bel (les Cases de Alcanar, el Montsià, 1963) es economista y profesor de la Universidad de Barcelona. En su obra escrita hay títulos de lectura necesaria (‘España, capital París’ o ‘Anatomía de un desengaño’) para entender las razones del desencuentro entre Cataluña y el Estado, aunque, durante mucho tiempo, creyó en la posibilidad de un encaje.
Conoció el corazón de la política española como diputado en el Congreso entre 2000 y 2004, aunque antes, de 1990 a 1993, había sido asesor en el ministerio para las Administraciones Públicas y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Su evolución del catalanismo que el PSC representó hasta el soberanismo independentista -fue diputado de Juntos por el Sí y una de sus voces más libres- ayuda a explica los cambios producidos en la sociedad catalana. Dialéctico temible, crítico siempre, alejado de fundamentalismos, cree que un error del proceso fue no haber debatido suficientemente. Ahora, advierte del riesgo que supone el ascenso de un Cs que le trae muchos recuerdos.
– La sentencia del caso Gürtel, ¿puede tener consecuencias políticas imprevistas?
– Habría tenido un efecto muy fuerte si no se hubieran aprobado los presupuestos el día antes. Se habría tenido que ir a elecciones. El PP ya presenta una cara de UCD que no se aguanta. Pero con los presupuestos, el PP ha comprado dos años de tiempo. En todo caso, la defensa de la unidad de España pesará más que las consecuencias políticas de la corrupción. Es lo que pasa cuando se han corrompido las instituciones y la democracia y un presidente del Consejo General del Poder Judicial dice que la unidad nacional es la base del estado de derecho.
– ¿Le sorprendió la actitud del PNV aprobando las cuentas de Rajoy?
– No. El PNV es nacionalista, lo que quiere decir que tiene unos parámetros muy definidos de sus intereses. Esto no quiere decir que no pueda haber simpatías o solidaridades, pero actúa en clave nacionalista, que a veces se confunde con el soberanismo o el independentismo catalán, el cual tiene un problema con el Estado español, no con el mundo en general.
– ¿Hasta qué punto es criticable el voto de los nacionalistas vascos?
– Lo es desde el momento en que dijo que condicionaría su voto al 155 y no lo ha hecho. No hay excusa atenuante. Habría sido diferente si hubieran dicho que harían lo posible para no facilitar el paso a Rivera. Pero no haberse enredado con el 155.
– ¿Hasta donde tiene recorrido la estrategia de gestos simbólicos del soberanismo?
– Yo no creo que sean gestos simbólicos. No entiendo que nadie pueda considerar las decisiones de los tribunales de Schleswig-Holstein fruto de un gesto simbólico. Se dijo primero que marchar al exilio era simbólico. Cada vez que las autoridades degradan el estado de derecho y prevarican, obviamente, generan una opinión en cada ciudadano. Y para mí es la vía operativa de avanzar. Dando dinero a los barrios no avanzarás. La política social debe hacerse porque es correcto hacerla, no porque se quieren comprar votos. El independentismo debe ser progresista, no peronista. Quien vota por identidad no cambiará el voto porque le des un cheque en dinero o en especie, y hace bien.
– La restitución de consejeros encarcelados, ¿no es simbólica?
– Para mí, lo menos simbólico de todo es reivindicar que el presidente y los consejeros los elijamos los ciudadanos, no el gobierno central que decide si se publica un nombramiento en el DOGC o no, o el juez Llarena. Para mí, simbólica es la posición de quienes creen que debemos hacer lo que nos dejen. La idea de restitución es prioritaria para 38 de los 70 diputados independentistas elegidos, a la que no se ha negado ERC.
– Ha sido crítico con el referéndum del 1-0. Cuéntenoslo.
– El referéndum tiene dos vertientes y me remito a lo que he publicado. Como acto de autodeterminación y como instrumento de creación de un Estado. Y el referéndum -y esta era mi objeción previa a la hoja de ruta- nunca me pareció un instrumento que llevara a la creación de un Estado. Porque esto significa asegurarse una fuerza física que garantice que lo puedes implementar. Dicho esto, un punto y aparte importantísimo. No se podrá entender la política catalana en las próximas dos décadas sin tener en cuenta el 1 de octubre.
– ¿Los dirigentes soberanistas no conocían lo suficiente como era este Estado?
– Lo conocían. Probablemente no hubo suficiente reflexión sobre qué se podía esperar de las reacciones del Estado. Es posible que fuera porque se debatió poco en el proceso de decisiones.
– ¿No debatir bastante ha sido el principal error del soberanismo?
– Probablemente, sí.
– Y ahora, ¿cómo ve el momento?
– Estamos en la fase de acumulación de fuerzas. Lo que me preocupa es un Gobierno -el que finalmente se constituya- que sea una jaula de grillos para poder marcar posición de cara a las municipales del año que viene, disolviéndose en un espacio independentista al que los hechos de octubre no han mermado el apoyo electoral pero sí que han mermado la confianza.
– ¿Ve irreversible el triunfo de Albert Rivera?
– No se deben hacer demasiado predicciones, pero parece que el siguiente peldaño en la degradación democrática en España será Albert Rivera. Es un neofalangista. No tiene ningún fundamento ideológico que no sea la unidad nacional. Si llega a gobernar, topará con Europa por las tentaciones de hacer cosas para no perder votos. El problema de Rivera será satisfacer las demandas que ha creado. El PP es un partido nacionalista conservador de orden. Ciudadanos es un partido de épica del desorden, como eran los falangistas y los ideólogos de la barra de bar de los años treinta. Ciudadanos está haciendo una difusión social del odio.
– Épica del desorden.
– La épica del desorden es lo que Ciudadanos tiene en común con el falangismo y el fascismo italiano.
– ¿Cuál ha sido el momento más sobrecogedor de los que vivió en el Parlamento como diputado de Juntos por el Sí?
– El pleno de los días 6 y 7 de septiembre. Me entró una tristeza muy grande. Yo había estado en el Congreso de los diputados y había visto abandonos de votación, por indignación, en diversos momentos. Lo que no vi nunca es el menosprecio de los diputados de Ciudadanos, PP y PSC. Pensé que en Madrid no habrían hecho aquellos insultos y desprecios. Se ha dicho que no se discutieron y votaron enmiendas, ¡pero si está documentado que sí! Me entró mucha pena.
– Quisiera tocar el tema del traslado de sedes empresariales. En su momento se instaló un discurso apocalíptico sobre el futuro de la economía catalana con los cambios de sedes.
– Hace dieciocho años que escribo sobre este tema. La economía española tiene tres fases de centralización empresarial muy fuerte. La de los años de la dictadura de Primo de Rivera, los años veinte, con el desarrollo de los sectores financiero y de seguros, que son sectores servicios exentos de la servidumbre del transporte físico, y no tienen tantas desventajas para una ciudad como Madrid. La segunda es la creación del sector público español los años cuarenta, con el INI. La tercera fase es la que se vive a raíz del crecimiento presupuestario y regulatorio del Estado.
Hay una centralización de empresas, que se ubican junto al regulador. Es la fase de los años noventa que hace que surja el debate del traslado de sedes sociales. Es la privatización total hecha por el primer gobierno del PP y los medios se hacen eco de los traslados. Uno de los factores que hacen que mucha gente vea la independencia como la solución más razonable es este proceso de centralización económica, basada no en una idea de mercado, sino de centralización (recuerde el libro España, capital París ). Este es uno de los combustibles del proceso de independencia y venimos proponiendo soluciones desde los años noventa.
– Es un fenómeno que viene de muy lejos, según lo que apunta.
– ¿Dónde tiene la Caixa la sede operativa en mercados financieros? Hace tiempo que la tiene en Madrid. El centro de decisiones de Agbar está en París desde que está en manos de Suez. Hay gente que piensa que este es el tipo de empresas que construyen la estructura de la economía. Sólo la gente que cree que son los gobiernos los que hacen la economía puede pensar que es crucial dónde tiene su sede social la Caixa. Empresas como Facebook o Amazon no vendrán a ejercer poder político. El día que toque, harán ‘lobi’, como es lógico. Como Volkswagen a través de Seat.
En cambio, ACS, Gas Natural, Banco Sabadell (recordemos la frase «haría falta un Podemos de derechas») no vienen a hacer ‘lobi’, vienen a jugar en política. Hay algo que la gente no ha entendido bien. Las empresas del Ibex no hacen cuadrar a nadie. Es el gobierno quien hace cuadrar el Ibex. Que te recoloquen un exministro está muy bien, pero cuando las empresas dependen del gobierno, quien manda es el gobierno. El Estado tiene su propia dinámica.
– El traslado de sedes es más una causa que un efecto del proceso.
– Es más una causa. En octubre lo que hay es una aceleración. Las empresas reguladas por el Estado tienen el centro de decisión en el Estado. Agbar sabe que, si no tiene la sede social en Madrid, no puede competir por el Canal de Isabel II. Ahora, el traslado de sedes no tiene efecto fiscal. Y de momento, los trabajadores no se han marchado. Las cepas de Codorniu no han emigrado a la Rioja. ¿Alguien piensa que las decisiones de Endesa se toman en Madrid? Se toman en Italia.
– Hay un intento de deslegitimar el discurso contra la represión, incluso desde sectores supuestamente progresistas españoles que niegan que haya presos políticos y exiliados. ¿Qué piensa?
– En estos casos, la identidad es antes de que el progresismo. Quien niega que tenemos presos políticos o exiliados no es que deja de ser o que no sea progresista, sino que antepone su identidad nacional. No nos ven como parte de su grupo. Decir que los exiliados de ahora no lo son porque estaban peor los de los años setenta es como decir en los años setenta que era peor en los cuarenta. Cuando se dicen estas tonterías quiere decir que la gente como José Sacristán tiene unos estándares de derechos civiles y políticos de mediados del siglo XX, lo que no creo, o que sencillamente tienen la misma mirada que cierta izquierda francesa ante las torturas en Argelia: no me gusta pero no es para tanto.
– ¿El enfoque sobre el proceso del diario El País le ha sorprendido?
– El País siempre ha sido un diario del ‘establishment’ desde que consiguió ganar las elecciones de 1982. Y además, ahora les devora la deuda. El proceso ha mostrado el precio de los principios. Distingo, como aconsejaba Machado, entre valor y precio. Digo precio. Se han mostrado los principios de gente como Juan Luis Cebrián, gente autoritaria. Quien tiene el culo alquilado…
– ¿Reconoce el PSC actual, al que estaba vinculado?
– Fui militante 24 años y afiliado 32 años y estuve en la ejecutiva de las JSC y del PSC. En estas cosas me gusta ser frío. El PSC estaba a favor de la autodeterminación, pero en contra de la independencia. Las JSC llevaba en todos los congresos de las JSE una enmienda en favor de la autodeterminación. No estoy hablando del 1977, sino del 1987 y 1988. Pero hay un momento en que el PSC deja de poder imaginarse al margen del PSOE si fuera necesario. Entonces, deja de ser el PSC en el que yo había entrado.
– Fue diputado socialista en el Congreso entre el 2000 y el 2004, en la segunda legislatura de Aznar. ¿Qué aprendió?
– Vi la metodología del gobierno de Aznar, que en el tema territorial, ante la duda, imponía su poder. No sólo en Cataluña. He visto a Cristóbal Montoro amenazar a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE con dejarles sin modelo de financiación si no aceptaban la competencia de sanidad. Por ello, el Estatuto de Maragall tiene tantos artículos. Tiene mucho texto del siglo XVII.
– ¿Del siglo XVII?
– De cuando las Cortes catalanas querían evitar la arbitrariedad del Estado. Lo explica John Elliot en ‘La revuelta de los catalanes’. Hay gente que dice que Cataluña no tenía soberanía. Pero el conde-duque de Olivares quería recaudar impuestos y movilizar tropas mediante el concepto de la Unión de Armas, que en Cataluña fracasó porque las Cortes castellanas no podían obligar a las catalanas. Las máximas autoridades internacionales en construcción de estados en la Europa moderna explican que Barcelona y el territorio de Cataluña tenían la condición de ciudad-estado en el contexto de la época, pero esto es rechazado por muchos historiadores españoles. El Estatuto de 2006 quería reglamentar todo para que quedaran pocas cosas que interpretar.
– ¿Por eso fue un texto tan extenso?
– Esto lo tengo explicado en ‘Anatomía de un desengaño’. La ley debe defender al débil. Pero en España no es así: la ley defiende al Estado de los ciudadanos. Y, en otro sentido, también vi qué pasaba irreversiblemente cuando discutimos en el grupo socialista los problemas geológicos que planteaba el AVE para llegar a Lleida. La reacción de la secretaria general del grupo, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que se haría una pregunta, pero no por un diputado catalán, sino de Aragón, para no perder votos. Pensé que acertaba el punto… y saqué las consecuencias oportunas.
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