Esperando a los bárbaros

Para el próximo 29 de septiembre se ha anunciado una manifestación españolista en la plaza de Sant Jaume. Ha sido convocada por Jusapol, una organización concebida, teóricamente, para apoyar la equiparación de las policías estatales con las autonómicas. Sin embargo, como se puede ver, también incita a la acción política directa en un clima de crispación y enfrentamiento con la intención obvia de intensificarlos porque, en aquella fecha, la plaza estará ocupada por los independentistas en apoyo del gobierno del MHP Torra.

La manifestación se hace en apoyo y homenaje a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que el 1-O se dedicaron a zurrar salvajemente a la población pacífica, con un saldo de más de mil heridos que todo el mundo ha podido comprobar. Es imposible imaginar un objetivo más colonial y provocador. Los mismos que cometieron actos vandálicos ese día, y por los que ya hay media docena imputados en los tribunales, o bien sus compañeros, quieren humillar otra vez a las víctimas, imponiéndoles su presencia indeseada en homenaje a los apaleadores que tienen un objetivo común cuando, el suyo, fue aniquilar por la fuerza bruta el de los demás sin conseguirlo, por cierto.

La responsabilidad de los convocantes y de las autoridades que no impidan esta agresión planificada a la convivencia ciudadana será enorme. Porque no se trata del ejercicio legítimo del derecho a manifestación de unos ciudadanos normales con un punto de vista propio. Se trata de una manifestación convocada por una asociación de funcionarios armados donde se invita a asistir a otros funcionarios armados y sin que esté claro ni garantizado que no vayan de paisano pero con armas y con la intención de provocar disturbios y violencia, como ya se ha demostrado suficientemente en otras ocasiones que hacen. Y sin que esté claro que, al final, no haya actos de vandalismo y agresiones a los ciudadanos en Barcelona como, irremediablemente, pasa al acabar las manifestaciones de la derecha nacional española.

Porque se sumará encantada a la convocatoria, con sus ‘cutters’, sus palos y sus vestidos del Ku Klux Klan, sus ‘Vox’, sus ‘SCC’, sus ‘Democracia Nacional’ y otras organizaciones fascistas o parafascistas. Es, por tanto, una convocatoria intimidatoria, para hacer ver a los catalanes, una vez más a garrotazos, cómo se les ama en el Estado que les oprime.

En realidad, esta convocatoria es el segundo acto del «¡A por ellos!».

Y deja en el aire la duda de si el govern controla los aparatos represivos del Estado. Ya está claro que a los jueces no. Falta ver si controla las fuerzas de seguridad o si, por el contrario, es un juguete en sus manos. Es cierto que el orden público en Cataluña es competencia de la Generalitat pero, teniendo en cuenta que los que vienen a la provocación serán agentes de todo el Estado, cabe preguntarse qué hará el Gobierno. Cabe preguntarse qué harán aquellos 600 «piolines» destacados en Cataluña por el ministro del Interior, Marlaska, de quien hay que esperar intenciones aún más agresivas y contrarias a las libertades que su predecesor, el inefable Zoido.

Si no se prohíbe esta provocación, pensada para que estalle un conflicto peor en Barcelona que justifique una intervención con o sin 155. La Generalitat, es de esperar, vigilará el orden público y evitará la violencia con todos los medios a su alcance. Es su deber. No se puede dejar a la población pacífica de Barcelona a la espera de qué pasará cuando lleguen los bárbaros.

Al meticuloso y eficaz cumplimiento del deber de protección de la tranquilidad ciudadana de la Generalitat que, se espera, tomará medidas para impedir los excesos que los manifestantes tratarán de cometer, se sumará la respuesta de una población movilizada y muy consciente de qué se juega. Está claro que es necesario que la visión general del conflicto España/Cataluña se mantenga como aparece ante el mundo: la revolución catalana es esencialmente democrática y pacífica. La violencia siempre viene de fuera: la traen las fuerzas de la represión, de uniforme o de paisano, y sus ayudantes y colaboradores civiles que están en todas partes, también en el gobierno, como lo demuestra la presencia de Borrell, que sería extraño que no hiciera acto de presencia.

Es muy probable que, de manera complementaria a la acción pública defensiva de la Generalitat, se sume una actitud generalizada de indiferencia de la población y aislamiento de los violentos. Lo que se ha llamado un «Tortosa». Será difícil porque, como demuestra la experiencia, vienen a atacar directamente y habrá que acumular toneladas de paciencia y resistir a la indignación que despiertan estas provocaciones.

Hay que esperar tranquilamente a los bárbaros y dejarlos pasar en medio de la indiferencia general.

EL MÓN