Hace falta que ERC sea ‘siempre nuestra’
Roger Castellanos
EL MÓN
El borrador de la ponencia política «Hagamos República» para el Congreso Nacional de ERC de este año, filtrado la semana pasada -no sabemos si legítimamente o no-, responde a algunas cuestiones que interpelan al partido republicano desde hacía meses y permite clarificar un poco mejor los debates que se empezaron a abrir a partir del mes de octubre y que fueron emergiendo especialmente después de las elecciones impuestas del 21-D, generando un escenario de confusión estratégica en el seno del movimiento republicano. Hay que agradecer, pues, el esfuerzo de los compañeros y compañeras de ERC para el análisis crítico de la historia reciente, afrontar los retos del presente y encarar el debate estratégico imprescindible para el futuro más inmediato.
Sin embargo, habiendo analizado el documento -que será responsabilidad de los militantes de ERC el subsanarlo y del movimiento popular el criticarlo constructiva y fraternalmente-, no se puede afirmar que se planteen grandes novedades: por un lado, corrobora una línea política que ya advertíamos hace tiempo y que se explicitó en el artículo firmado por Marta Rovira y Oriol Junqueras el mes de marzo y que abordé aquí: «No a la liquidación de la República del 1 de Octubre». Las cuestiones que entonces se apuntaban, se han acabado de aclarar: ERC apuesta por una retirada estratégica en pro de abrir una nueva fase de acumulación de fuerzas que permita un nuevo crecimiento de la base social del independentismo, de cara a afrontar un ‘futuro’ embate con el Estado español.
Por otra parte, sin embargo, sigue siendo confusa -y aquí mi crítica- la articulación estratégica de esta nueva fase y, sobre todo, los fundamentos de análisis que les lleva a hacer esta formulación y las consecuencias que esto puede tener para con el movimiento popular republicano. En mi opinión, pues, hay dos grandes carencias en la propuesta estratégica de ERC que pienso que habría que rectificar de cara a garantizar el fortalecimiento del movimiento popular y la unidad de acción de las fuerzas republicanas: hay que corregir el análisis acomplejado y ‘naïf’ de la realidad catalana y española (que los ponentes llaman «realista») y el hecho de que no haya ninguna propuesta nueva que no se haya planteado antes desde el autonomismo institucional (lo que llaman paradójicamente «hacer república»).
En primer lugar, comparto buena parte del análisis de lo que el documento llama «Octubre catalán», en cuanto a que el movimiento independentista nunca había llegado tan lejos, como tampoco lo había hecho el Estado español, mostrando su verdadera faceta autoritaria, tal como lo demuestra la aplicación del 155, la represión general, los presos políticos y los exiliados. En cambio, no puedo entender la propuesta que se desprende de desmovilización o transfiguración del movimiento republicano como consecuencia del análisis según la cual, a pesar de haber llegado a su máxima expresión el 1 de Octubre, ahora considera que éste no es suficiente como para defender y ganar actualmente la República Catalana, votada y proclamada democráticamente.
Esta perspectiva se fundamenta en la tesis de que, de manera general, considera que la base social actual del independentismo y la correlación de fuerzas es insuficiente para hacer efectiva la República: «1) sólo la mitad de la sociedad catalana, aproximadamente, da algún tipo de apoyo a la independencia; 2) entre los soportes ausentes es particularmente importante el de una parte probablemente mayoritaria de la clase trabajadora, indispensable en un proceso de liberación nacional; 3) una parte importante de los medios de comunicación presentes en Cataluña -especialmente los más tradicionales- son fuertemente partidarios del mantenimiento del régimen del 78 y de su correlación de poderes políticos y económicos (…); 4) los grandes poderes económicos catalanes más vinculados al BOE se oponen de forma frontal a una República que representa una grave amenaza para sus privilegios».
Pues bien, este análisis que se califica de «realista», yo lo llamaría acomplejado y ‘naïf’. Me explico: por un lado, los puntos 1) y 2) pienso que son verdaderas trampas en el solitario que poco nos sirven para interpretar la realidad objetiva y subjetiva de nuestro país, sino que más bien sirven para engrosar los discursos propugnados históricamente, por un lado, por un falso «voluntarismo democratista» que reclama cifras de apoyo ingentes a la independencia, unos porcentajes que nunca se han reclamado a la inmensa mayoría de naciones sin Estado, y que ni se alcanzarían en algunos estados ya constituidos, al tiempo que ignoran el desprecio del Régimen del 78 a la democracia y al derecho a decidir. Si bien es cierto que, como dice el documento, no podemos confundir la mayoría social con la mayoría parlamentaria, ¿qué umbral de votación podemos establecer, si no es aquel que se obtiene por la vía de las urnas? Si ganamos las urnas del 27S, el 1O y el 21D, ¿cuantas veces más debemos votar como para considerarnos suficientemente mayoritarios?
Esto es un falso dilema por, al menos, dos razones, si es que damos por buena la cifra del 50% favorable a la independencia: a) el Estado español, en la forma que lo conocemos y que hay pocos indicios de que vaya a cambiar a corto o medio plazo, no aceptará nunca la independencia de Cataluña, independientemente de su porcentaje de apoyo; y b) la supuesta mitad restante que, parafraseando el documento, se opone de alguna manera a la independencia, no es abiertamente contraria, sino que contiene matices considerables, más si tenemos en cuenta la afirmación misma del documento de que no podemos equiparar mecánicamente los apoyos parlamentarios con la base social de un proyecto político concreto. Además, hay que tener presente que la capacidad organizativa y de movilización del unionismo es mucho menor a la del movimiento republicano, Ya que no tiene proyecto propio y una base social eminentemente conservadora.
Esto nos lleva de nuevo a la primera de las razones (punto «a»): no es un problema de falta de base social, sino de la naturaleza autoritaria del Estado. Y desde el movimiento republicano siempre se ha tenido muy claro que el proyecto de la República Catalana responde a los intereses objetivos del conjunto del pueblo catalán, independientemente de que haya una parte considerable que participe de la ideología hegemónica españolista. Con estos argumentos, pues, se negaría el carácter real de nuestra lucha de liberación nacional. Por lo tanto, para defender y ganar la República no debemos esperar necesariamente a cruzar una línea imaginaria que nos legitime, sino que el cúmulo mismo de victorias electorales que arrastramos y el fuerte movimiento popular que las refuerza son una razón suficiente como para considerar que ya disponemos de las condiciones necesarias como para ganar la República.
Por otra parte, la afirmación de que la mayor parte de la clase trabajadora no es favorable a la República (recuerden el punto «b»), alimenta el discurso soleturista, propio de la izquierda españolista que tradicionalmente ha calificado de burgués la raíz y el motor del catalanismo. Ciertamente, esta no es la intención del redactor, tal como se refleja en la constatación de que el poder mediático y económico es contrario a la independencia (puntos «3» y «4»), por lo que rezuma un cierto «acomplejamiento» que no contribuye a fundamentar un análisis real de la sociedad catalana. Dicho en pocas palabras: que la mayor parte de la clase trabajadora no es independentista es rotundamente falso.
¿Qué éramos, sino clase trabajadora, los millones de personas que defendimos las urnas, que votamos favorablemente en el referéndum y que nos hemos conjurado masivamente para defender la República? Supongo que se trata de un análisis excesivamente restrictivo de lo que se considera «clase trabajadora», conjugada con algunas variables superestructurales como lo son el nivel educativo o de otro tipo, a la hora de evaluar el apoyo social de cada una de las candidaturas. O bien una lectura «barcelonacéntrica» de nuestra sociedad, en la que se identifica el área metropolitana de Barcelona como la que reúne casi exclusivamente los contingentes de la clase trabajadora del país. Una lectura que, por cierto, ignora el componente etnicista de la ideología hegemónica españolista y que, consiguientemente, coincide con la perspectiva de análisis de Ciudadanos, el PSC y el PP, ‘soleturismo’ aparte.
Que amplios sectores de las clases populares defiendan posiciones objetivamente contrarias a sus propios intereses no es ninguna exclusiva del proyecto de la República Catalana, sino que también forma parte del problema que históricamente ha tenido que abordar la izquierda a la hora de combatir la ideología hegemónica que también implica el hecho de que sean estos mismos sectores los que a menudo apoyen a los partidos de derechas y fascistas. En el caso de Cataluña, dada la correlación de fuerzas, esta identidad entre derecha y fascismo españolista es una constatación más de eso. Por lo tanto, evidentemente que hay que tratar de seducir al conjunto de los sectores populares desde el republicanismo, como también desde la izquierda, pero esto no nos puede llevar a afirmar que la masa social republicana no sea fundamentalmente trabajadora.
Esto también se liga con los puntos «3» y «4», en donde se habla de una estructura económica y de una superestructura mediática contrarias a la República, como un elemento adverso que dificulta las condiciones necesarias. Pero la historia nos demuestra que las estructuras de poder siempre se han dotado de medios ideológicos, jurídico-políticos, mediáticos, etc., es decir, superestructurales, para reproducirse y mantener así los privilegios de las clases dominantes. No son estos medios superestructurales los que hay que abordar fundamentalmente si queremos lograr una transformación de la conciencia de las clases populares y de las relaciones políticas y sociales en general, sino que hay que emprender cambios de carácter estructural; es decir, impulsar estructuras de contrapoder republicano que aglutinen la voluntad popular e intensifiquen las contradicciones entre el Reino de España y la República Catalana: el embrión constituyente del nuevo poder democrático.
En segundo lugar, pues, sobre lo que la ponencia califica de «hacer república», pienso que es un programa con muchos aspectos positivos de cara al proceso constituyente de la República. Ahora bien, aunque se hubiera podido firmar casi íntegramente en 2009, en pleno 2018 no veo ninguna apuesta realmente republicana, sino autonomista. Esta política calificada de «republicana», en realidad es un programa de acción institucional en el marco autonómico, sin apuesta real por la ruptura y el ejercicio de la soberanía de la República Catalana. De hecho, podemos encontrar un claro paralelismo con la retórica de «las soberanías» que utilizan los Comunes, evitando así abordar la «soberanía» fundamental.
Aunque comparto «el espíritu» de la apuesta estratégica, en el sentido de que hay que dotar de contenido social al proyecto republicano, para interpelar a la mayor parte de la sociedad catalana, pienso que plantearlo exclusivamente desde el marco autonómico no tiene ningún recorrido. Lo hemos visto durante esta legislatura con las propuestas progresistas como las que abordaban la pobreza energética, los depósitos bancarios, la renta garantizada, entre otras, que si no han sido dinamitadas por el Tribunal Constitucional, lo han sido por la vía del decreto de ocupación del 155. Por lo tanto, si realmente queremos dotar de contenido social el proyecto republicano, es necesario que las propuestas políticas que busquen mejorar las condiciones materiales de la sociedad, los derechos sociales y laborales, etc., vayan de la mano de un proceso constituyente de la República y de todas las estructuras necesarias para hacerles frente. El Estado lo impedirá, ciertamente, como también impediría las medidas autonomistas antes ejemplificadas, de modo que si lo que se busca es intensificar las contradicciones con el Régimen del 78, no puede haber ningún avance que no vaya ligado al ejercicio de la soberanía, defendido en las insituciones y en las calles.
Lo mismo podemos decir con respecto a la lucha contra la represión, por la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Ésta, junto con la internacionalización de la causa catalana, no puede ir desligada de una apuesta firme por implementar la República. Debemos tener en cuenta que el mundo sólo nos tomará en serio si nosotros somos los primeros que nos tomamos en serio la defensa de nuestra causa. Lo mismo podemos decir con respecto a los reconocimientos internacionales, que no llegarán hasta que no seamos nosotros los que nos reconozcamos a nosotros mismos.
Abandonar el embate actual, pues, sería de una gran irresponsabilidad histórica, ya que dadas las condiciones de movilización y de internacionalización del conflicto, esperar un «embate futurible» es como caer en un cierto determinismo histórico, en una visión estática de las dinámicas políticas. Y, por tanto, contra cualquier idea de «retirada estratégica», hay que hacer valer la idea de «la oportunidad histórica» que se nos presenta actualmente, para plantear una nueva ofensiva democrática, coordinada por el conjunto del poderoso movimiento popular que tenemos nuestro país, motor y garantía de toda estrategia republicana.
La estrategia de ERC
Albert Botran
EL TEMPS
Publicado el 7 de mayo de 2018
Núm. 1769
ERC ha convocado una conferencia nacional para el próximo mes de junio, para la que ha elaborado una ponencia base que la semana pasada se hacía pública. El texto hace un esfuerzo por ir más allá del hiperrealismo en que los discursos públicos del partido se han instalado desde la campaña electoral previa al 21D.
Cuesta entender que el partido que, desde el Gobierno, se cargó el referéndum en los hombros con todas sus consecuencias, ahora esté transmitiendo un mensaje tan conservador a nivel táctico y estratégico. En la ponencia se explica la base argumental de esta nueva posición: hay que ser autocríticos con la falta de poder que se tuvo para implementar el mandato del referéndum. Se apunta al poder político (y no sólo institucional) como factor clave en todos los procesos de liberación nacional.
El problema, sin embargo, está en la falta de propuestas para hacer valer ese poder político que implican, necesariamente, el desgaste del poder político vigente del Estado español.
Es a partir de la página 16 donde encontramos algunos elementos del planteamiento de este embate al Estado. Estos serían en primer lugar los actos unilaterales, aunque quedan sin concretar; en segundo lugar, dejar la puerta abierta a la negociación; y finalmente, buscar el apoyo de terceros actores. Todo ello acompañado de una nueva acumulación de fuerzas, de un logro de la mayoría social, que es la línea estratégica que el partido parece situar como auténtica prioridad, desplegando para ello propuestas como la «Alianza democrática por los derechos y las libertades» o el «gran diálogo de país de vocación constituyente».
El esquema que imagina una negociación con el Estado, así como la mediación de terceros, es correcto siempre que se tome como un punto de llegada, no de partida, que sólo será posible después de generar suficientes problemas en la gobernanza en el Estado para sentarlo a la mesa. La ponencia no da muchas claves al respecto: «La creación de la República Catalana será necesariamente fruto de un proceso multilateral, y la ruptura con el régimen del 78 no se producirá por una ruptura repentina, sino más bien por la fatiga de materiales, gradual pero constante; de cara a trabajarla, las virtudes más importantes serán la paciencia, el coraje, la constancia, la resistencia y la visión a largo plazo» (p.20).
Más allá de estas actitudes, es imposible encontrar consignas de combate democrático que aceleren esta «fatiga de materiales». No se asigna ningún papel al sindicalismo. No se plantea la creación de contrapoderes o instituciones más allá de las ya existentes. Ni tampoco se prevén movimientos de desobediencia y confrontación democrática, totalmente coherentes con la estrategia no violenta.
Las claves del éxito del 1-O y el 3-O se encuentran, sí, en la capacidad integradora del relato republicano: Democracia contra autoritarismo, derechos contra prohibiciones, futuro contra pasado. Pero también radican en el papel de las instituciones, un papel que si ahora no pueden cumplir por el 155 (vigente o como amenaza), obligan a pensar en institucionalidades paralelas. Se encuentran, en tercer lugar, en la autoorganización popular que permitió, por ejemplo, hacer llegar las urnas a todos los rincones del país. Y en cuarto lugar y finalmente, también fue una clave de éxito el salto cualitativo que la movilización de masas hizo en las semanas previas: se pasó de manifestaciones muy visuales y amables, como habían sido todos los Once de Septiembre, a un tipo de movilización descentralizada y basada en la resistencia no violenta, el mejor ejemplo es la defensa de los colegios electorales.
Estas son herramientas necesarias para cualquier lucha democrática contra un régimen autoritario. El estadounidense Gene Sharp, que murió a principios de este año, dejó escritas dos obras que han sido traducidas al catalán por el Instituto Catalán Internacional para la Paz. Sharp centró su obra en el análisis de los puntos débiles del poder y cómo desgastarlos, y si bien la puso al servicio de la política exterior de EE.UU., conviene igualmente leerla. En el libro ‘De la dictadura a la democracia’ (2012) apuntaba cuál es la dinámica de la lucha no violenta: «Estas armas tienen diferentes nombres: protestas, huelgas, desobediencia o no-cooperación, boicots, desafección o fuerza de la gente. (…) Los gobiernos sólo pueden dirigir un país si, por medio de la cooperación, la sumisión y la obediencia de la población y de las instituciones de la sociedad, reciben la renovación constante de las fuentes de poder que necesitan» (p.49).
Estamos de acuerdo con ERC en que no hay ninguna receta de acceso rápido a la República. Estamos de acuerdo también en que hay trabajo estratégico aglutinador. Pero desde el máximo respeto a Oriol, Marta y todos los presos, exiliados y encausados de ERC, debemos exigir más claridad estratégica.
ALBERT BOTRAN: Historiador y diputado de la CUP. Autor de ‘Unidad Popular. La construcción de la CUP y el independentismo de izquierdas’ (Ediciones el Junco, 2012).
