El laboratorio vasco de la criminalización del independentismo

El 12 de septiembre de 1999 hacía un año que se había firmado el pacto de Lizarra-Garazi, las armas habían callado y comenzaba a consolidarse el camino de la distensión: la paz actual comenzó allí. Arnaldo Otegi, de la izquierda abertzale, y Joseba Egibar, del PNV, fueron las rúbricas mejor tintadas de aquel acuerdo que ya es historia. Para valorarlo, los reuní unos días antes en formato de entrevista doble.

Paseo muy distendido por la playa de la Concha, y una comida de larga sobremesa. Muchos temas de conversación, y uno que empezaba a ser extraordinariamente preocupante: en el Estado había incertidumbres ante la perspectiva de una reivindicación independentista con mucho ‘share’ y no contaminada por la violencia. Otegi la narraba en la primera persona del plural de quien lograba las máximas responsabilidades tras la detención en bloque de la mesa nacional de Herri Batasuna, incluidos sus tres diputados, por haber difundido un vídeo de ETA que propugnaba una «alternativa democrática». Egibar explicó la «teoría de la úlcera sangrante», atribuida a su mentor, Xabier Arzalluz, según la cual la violencia de ETA duele y es terrible para los familiares de las víctimas, pero la estructura del Estado la puede soportar. Un proceso secesionista democrático era otro esquema, y ​​los sectores más ultras siempre estarían dispuestos a sabotearlo.

Años después, el 13 de enero de 2006, una fuente totalmente opuesta expresaba unos argumentos similares. Una fuente del más alto nivel de la magistratura citó con nombres y apellidos un prohombre de la derecha más españolista que consideraba más o menos que el Estado era lo suficientemente fuerte para hacer frente a ETA, pero admitía que un secesionismo democrático presentaría problemas.

Lo que pasó a partir de Lizarra fue que, ante la eventualidad del fin de ETA, había que prefabricar un terrorismo político de laboratorio que no tendría ninguno de los inconvenientes de la del activista de bomba y pistola -no habría más víctimas- pero sí todas las ventajas que para los defensores más ultras de la unidad de la patria conlleva criminalizar un independentismo capaz de ganar elecciones. La maquinaria comenzó a funcionar, y los primeros en recibir fueron naturalmente los más cercanos a ETA. Pusieron fuera de la ley doce marcas de la izquierda abertzale hasta Sortu, en febrero de 2011. Pero finalmente Sortu, la marca número trece, fue legalizada.

La doctrina del «todo es ETA» afectó de lleno la izquierda abertzale, incluso cuando más comprometida estaba en poner fin a la violencia, con el fuego amigo pinchado por los servicios de inteligencia haciendo la pinza. La represión es prolija. Son significativos los cierres de dos periódicos, Egin y Egunkaria, golpes a la libertad de expresión y en el caso del director del segundo, Martxelo Otamendi, golpes también de la tortura al ser detenido. El macrosumario 18/98 se cobró 76 detenciones, con 47 condenas, todas civiles. El caso Bateragune encarceló a los arquitectos de la paz, entre ellos Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga, que han cumplido seis años y medio de prisión.

El «todo es ETA» todavía fue mucho más allá de su entorno: la contaminación ambiental de una especie de terrorismo ‘in vitro’ enrareció la política vasca. El lehendakariJuan José Ibarretxe, del PNV, y los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares -posteriormente lehendakari y consejero de Interior, respectivamente- fueron citados a declarar por haber dialogado con Batasuna, pero al final la causa no prosperó. El presidente del Parlamento, Juan Mari Atutxa, y los miembros de la mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao fueron juzgados y condenados a inhabilitación y multas del Supremo por haberse negado a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.

La extensión del terrorismo más allá del significado del término, que viene de la Revolución Francesa, atraviesa la historia y termina siendo una denominación funcional primero contra cualquier violencia enemiga y después incluso para desacreditar y castigar adversarios en situaciones de lesa democracia. La ley de partidos fue seguramente la restricción de derechos más flagrante hasta ese momento, en 2002, y la modificación del Código Penal del año siguiente, tras el plan Ibarretxe, con penas por convocar elecciones o referéndums sin autorización de las Cortes.

En 2005 el gobierno Zapatero instó a eliminar el cambio de este artículo, en una dinámica que compaginaba la persecución del delito indiscutiblemente criminal con el diálogo para buscar soluciones desde la política. Es la vía deseada por el nacionalismo vasco en general y por la izquierda abertzale en particular, que siempre ha tenido teléfonos rojos con el PSOE, posteriores al GAL y al plan ZEN (Zona Especial Norte) de 1983, una estrategia de antiterrorismo total inspirada en la CIA.

Confiar en el diálogo y en la política, y defenderse acudiendo a los tribunales europeos más sensibles a modelos garantistas. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo estimó que la mesa del Parlamento Vasco no había tenido un juicio justo, y también condenó a España por no haber investigado las torturas a Otamendi.

ARA