Es conocido que el tejido productivo le conviene que haya una dotación apropiada de infraestructuras. También es necesaria para satisfacer las necesidades de movilidad cotidiana de las personas. Como la provisión puramente privada ha mostrado históricamente incapaz de satisfacer las necesidades productivas y sociales en sentido amplio, los gobiernos han tenido un papel central en la planificación de infraestructuras. Y esto es así en todo el mundo, incluso en países donde el sector público ha tenido un peso tradicionalmente más reducido, como EEUU.
En el contexto europeo, destacó la adhesión de los gobiernos sur-europeos a la inversión en infraestructuras, y la de una gran parte de la población. Sólo les superan en entusiasmo y fervor por la promoción pública de infraestructuras las empresas privadas de construcción de obra pública y las operadoras de concesiones de infraestructuras, por motivos fáciles de imaginar. En España la visión de las infraestructuras como remedio para los problemas económicos ha llegado a ser tan popular como la práctica de tomar una aspirina cuando se tiene alguna molestia de origen no identificado. Es conocido, sin embargo, que si bien una aspirina -aunque no resuelva la causa real del malestar- es inocua, un exceso de ingesta de aspirinas provoca problemas como náuseas, vómitos, confusión y somnolencia. ¿Y si un exceso de infraestructuras provocara problemas similares?
Imposible, dirán los expertos en efectos a corto plazo. Las inversiones crean puestos de trabajo, crece la economía, y luego «se podrán hacer cosas», que diría un expresidente del gobierno de España. Sin embargo, si ponemos luces largas, y miramos más allá, es probable que esto no ocurra siempre; de hecho, puede pasar lo contrario. El Banco Central Europeo publicó en 2017 ‘Los efectos de la inversión pública en Europa’, donde los economistas Jong, Ferdinandusse, Funda y Vetlov analizan los efectos de la inversión en capital público sobre el crecimiento económico en 12 países de lo que fue la Unión Europea de 15 (todos excepto el Reino Unido, Luxemburgo y Portugal). Se fijan en el impacto de la inversión desde inicios de los 60 hasta el 2007 (antes de la reciente crisis económica) y hasta 2013. Los resultados que encuentran son que la inversión en capital público tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico ena Grecia (país con atrasos tradicionales de dotación de infraestructuras) y los países del norte y el centro Europa, los que tienen mejores prácticas de planificación de infraestructuras.
Sin embargo, el efecto es muy discreto para Francia, moderadamente negativo para Italia, y particularmente negativo para España, farolillo rojo de la lista. Quizás es sólo casualidad, pero son los tres países de la UE donde la inversión en alta velocidad ferroviaria ha sido más fuerte, y destacan los sobrecostes italianos y la extravagancia española en cantidad de kilómetros, como se documenta en «Autoengaños de éxito».
¿Cómo? ¿Que a más inversión en infraestructuras menos crecimiento económico en España? Sí, y sorprendentemente para los devotos de los tópicos, el efecto negativo se modera un poco (no mucho) si el análisis incluye los años a partir del 2008, probablemente porque por la crisis presupuestaria se recortó la inversión. ¡Paradojas! Quizás la sorpresa se empieza a amortiguar si tenemos en cuenta que España es el país de la UE donde se produce un desfase mayor entre oferta y demanda (uso efectivo) de infraestructuras, como documentan Albalate, Bel y Fageda en «Cuando la oferta viaja mucho más lejos que la demanda».
Este resultado no parece tan extraño, si tenemos en cuenta que los recursos del presupuesto invertido en infraestructuras deben ser pagados con impuestos antes (si no, se produce déficit) o más tarde (si crece la deuda). Y los ingresos de impuestos dependen de la actividad económica que soportan las infraestructuras. Si las infraestructuras se utilizan poco o nada, aunque «las tengamos» (me vuelve a la cabeza aquel expresidente del gobierno) no contribuyen a generar ingresos públicos para pagarlas, por lo que se deben restar recursos a otras inversiones públicas alternativas (¿pueden ser educación o investigación?) o privadas, que habrían ayudado más al crecimiento económico y al bienestar social. Lamentablemente, esto no lo suelen tener en cuenta los estudios de impacto económico de las inversiones patrocinados por los gobiernos, usualmente ‘ad sua maiorem gloriam’, por lo que provocan un efecto engañoso y pernicioso sobre el debate público.
Una dotación adecuada de infraestructuras es necesaria para el buen funcionamiento de la fábrica social. Sin embargo, al igual que cuando nos pasamos con las aspirinas, cuando la oferta de infraestructuras viaja mucho más lejos que la demanda, como ha sido el caso de España -y en algunos aspectos también de Cataluña-, lo pagamos con menos crecimiento económico y menos bienestar social. Ojalá algún día los responsables institucionales de la materia relativicen la utilidad social de inauguraciones indiscriminadas de nuevas obras públicas, porque son aplausos para hoy, pero menos bienestar social para mañana.
ARA
