El jueves pasado la líder de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, sostuvo en rueda de prensa que no fue el Estado español, sino el régimen franquista, quien asesinó a Lluís Companys en 1940, y acusó de no saber historia o no querer saberla a aquellos que sostienen lo contrario. Más allá de las reacciones inmediatas que esta tesis suscitó en las redes sociales, me gustaría explicar de la manera más reposada posible por qué la señora Arrimadas se equivoca.
En primer lugar, el franquismo no fue una excrecencia, un accidente, un paréntesis menor y fortuito en la historia contemporánea de España. Tampoco constituyó el fruto de una ocupación militar extranjera, como la Francia de Vichy. Fue, por el contrario, un fenómeno sustantivo y endógeno, que gobernó España más tiempo que cualquier otro régimen del siglo XX. Además, el hecho de que durante esas casi cuatro décadas España conociera su definitiva modernización -autoritaria, pero modernización- tanto económica como social, cultural, administrativa, etcétera, el hecho de que las estructuras estatales hoy existentes (desde muchos ministerios hasta la arquitectura judicial) sean en gran parte hijas del franquismo, permite afirmar que su legado es mucho más amplio y pesado de lo que se suele admitir.
Sobre todo porque nunca se produjo una ruptura clara y nítida -una ruptura de legitimidades, de lealtades, de servidores públicos…- entre el régimen de Franco y el sistema parlamentario posterior. Hoy, nadie con dos dedos de frente atribuirá al Estado italiano los crímenes del ‘Ventennio’ fascista, porque entre 1943 y 1946 Italia vivió una verdadera ruptura con el pasado dictatorial, y el Duce y muchos de sus secuaces fueron fusilados, y los aparatos del Estado depurados… Nadie, tampoco, imputará a la actual República Portuguesa las atrocidades del salazarismo, porque en 1974 triunfó la Revolución de los Claveles, y los policías torturadores de la PIDE y otros servidores del ‘Estado Novo’ fueron expulsados.
En España no pasó nada de eso. Por joven que sea, la señora Arrimadas ya debe saber que Franco murió en la cama y que el tránsito del franquismo a la Constitución de 1978 se hizo «de la ley a la ley», con perfecta continuidad jurídica. También sabe, supongo, que los democratizadores Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa, y Fernando Abril Martorell, y Pío Cabanillas, y Antonio Ibáñez Freire, y…, habían vestido muchas veces la camisa azul y la casaca blanca de la Falange, y hecho el saludo fascista. Y que bajo estos gobernantes, lógicamente, ningún cuerpo estatal (ni la judicatura, ni los militares, ni los policías, ni el alto funcionariado…) fue objeto de la más mínima limpieza, ni a nadie se le pidieron explicaciones por los servicios prestados al Régimen del 18 de Julio.
No, no estoy afirmando que la España del 2018 siga siendo la del franquismo. Digo que entre el Estado español actual y el anterior a 1978 ha habido pocas rupturas y demasiado continuidades, lo que no permite endosar tranquilamente al franquismo la muerte de Companys o tantas otras, y absolver de ellas al Estado, como si éste y el régimen de Franco no hubieran tenido nada que ver. Si Alemania Federal ha pedido mil veces perdón y ha indemnizado a los crímenes nazis -aunque el Tercer Reich había sido aplastado, y el país poco o mucho desnazificado-, el Estado español, ¿no es en alguna medida responsable por el franquismo, que no fue ni derrotado ni depurado?
A ver, señora Arrimadas, si con algunos ejemplos me explico mejor. Si usted tuviera razón respecto del fusilamiento de Companys, la juez Carmen Lamela no habría podido enviar a prisión ningún líder independentista en calidad de instructora de la Audiencia Nacional, por la sencilla razón de que esta Audiencia -simple mutación, en enero de 1977, del Tribunal de Orden Público franquista- no existiría, como no existe en ningún otro país democrático. Si usted tuviera razón, la miembro del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante no estaría a punto de dictar nueva sentencia por la consulta del 9-N, porque sin las credenciales de su padre (Jaime Mariscal de Gante, inicialmente policía de la dictadura y después magistrado del TOP) es poco probable que la hija hubiera hecho la carrera judicial y política que ha hecho.
Si usted tuviera razón, la ley de la memoria histórica de 2007 habría declarado nulas todas las sentencias de la represión franquista; pero no lo hizo, por miedo de violentar retrospectivamente la pseudolegalidad de los consejos de guerra sumarísimos. En fin, si la líder naranja tuviera razón, probablemente España no sería un reino, o quizás lo sería con otro monarca, porque la elección del régimen y de la familia reinante fueron decisiones omnímodas de Franco, ni revisadas ni revocadas desde 1947 y 1969, respectivamente.
Según el CEO, un 70% de los encuestados encontraron las intervenciones de Arrimadas en el último debate de política general «superficiales y demagógicas». No me extraña.
ARA
