En defensa del Parlamento

El Tribunal Supremo está interfiriendo desde enero en la vida del Parlamento de Cataluña. Es una injerencia que rompe la división de poderes y pone la democracia parlamentaria bajo las patas de los caballos. No lo digo yo, lo han escrito importantes juristas de todo el Estado nada sospechosos de ser independentistas. La afectación más grave, hay que recordarlo, fue la alteración continua en la elección de la presidencia de la Generalitat, con tres sesiones de investidura abortadas directamente por el Supremo. Ahora se ha concentrado en la suspensión de siete diputados -entre ellos yo- con una interpretación malévola de lo que es la rebelión, por contraria a la doctrina consolidada del mismo Tribunal Constitucional (sentencia 199/1987).

En su itinerario el juez Llarena ya ha conseguido que 8 electos parlamentarios más (Forcadell, Forn, Bassa, Rovira, Puig, Serret, Ponsatí y Mundó) hayan tirado la toalla y hayan renunciado a su escaño. Es decir, un mínimo de 15 diputados, de un total de 135, nos hemos visto damnificados directamente por la acción del Supremo, casi un 13% de los diputados. Y todo ello, sin ningún juicio…

El Parlamento, de acuerdo con su reglamento (art. 25.1) y de acuerdo con la misma doctrina establecida por el Tribunal Supremo, es el único que puede suspender a sus diputados. No el juez. Este tiene la potestad de inhabilitar, pero para ello debe producirse el juicio y debe haber una sentencia firme. Y ahora no estamos aquí, ahora nos encontramos aún en la fase final de una instrucción.

El 2 de octubre el pleno del Parlamento rechazó por mayoría absoluta nuestra suspensión, sin rodeos ni medias tintas. Es un acuerdo muy vigente y que el Constitucional no ha anulado. Ni siquiera el gobierno español ha pedido una suspensión cautelar, dada la ausencia de base jurídica sólida para hacerlo. La conclusión es clara: no estamos suspendidos.

Una vez habíamos llegado a este punto, y dado que seguimos en prisión, desde el grupo parlamentario comunicamos a la mesa del Parlamento la delegación de nuestro voto en otro diputado, tal como hacíamos desde enero. Descartamos la sustitución (delegación de todos los derechos parlamentarios y no sólo del derecho a voto) que el pleno del Parlamento aprobó sólo como posibilidad, no como mandato imperativo, pero sobre todo porque es la figura que corresponde según el juez Llarena a la suspensión.

El Parlamento es la máxima institución de representación ciudadana y nos creemos y respetamos los acuerdos que pueda tomar. Actuamos movidos desde la convicción profunda. No hemos hecho filibusterismo ni nos hemos enfrentado a la mesa. Eso sí, jurídicamente discrepamos del informe de los letrados y políticamente no compartimos ni entendemos el acuerdo entre el PSC y ERC. Respetamos el resultado porque es la mayoría de la mesa pero no la asumimos. No es poco, pero tampoco es más. Con nuestra decisión de no ser sustituidos no perjudicamos a los letrados ni al PSC ni a ERC. Pero nadie nos puede obligar a actuar contra nuestra convicción: si no estamos suspendidos, no tiene sentido la sustitución.

Ha llegado el momento de decir basta a un tribunal que impone su criterio, incluso en contra de su propia jurisprudencia y con argumentos contrarios a los que el Constitucional tiene consolidados. Hemos de decir basta a un Supremo que quiere legislar y regular la vida y la organización de un Parlamento. No es competente para hacerlo. Hemos de decir basta también a una alteración del mandato de las urnas que no es de su gusto.

Hay momentos en los que hay que mirar decididamente la luna y no el dedo que la señala. Y eso es lo que hemos decidido hacer. Hace más de 10 meses que miramos el dedo con el peligro de que sea este mismo dedo el que haga invisible la misma luna. No contribuiremos a tragar la injusta suspensión que el juez Llarena y el Supremo nos han impuesto. No queremos convertir el acuerdo del pleno del Parlamento en papel mojado. No lo haremos. Y si esto conlleva perder 4 votos en el pleno del Parlamento, lo asumiremos. Creemos firmemente que así también se defiende el mandato de los ciudadanos recibido en las urnas el 21 de diciembre.

*Presidente del grupo parlamentario de JxCat

ARA