Elegir entre la libertad y la esclavitud

Trescientos tres años y cuatro meses y medio de sumisión colonial no lograron romper el espíritu de resistencia de la nación catalana, al menos en el trozo originario de Cataluña -en el País Valenciano y en las Baleares la política de asimilación de España, operando según el antiguo lema ‘divide et impera’, ha tenido bastante éxito. Pero este tiempo ha llevado a que las catalanas y los catalanes se sometieran demasiado voluntariamente a las normas de los señores españoles, y que algunos parecieran dispuestos a perder el coraje, aunque la lucha por una libertad autoconseguida, por la democracia y por un estado de derecho sin corrupción apenas haya comenzado.

En los últimos meses, el sistema jurídico español ha perdido completamente su legitimidad. Hay que decirlo muy claro: decisiones fundamentales de los altos tribunales españoles, al igual que la actuación de la fiscalía española, han llevado a un punto en el que la justicia española se ha convertido en una justicia injusta. El llamado Tribunal Constitucional, cuyos jueces no son nombrados -tanto antes como ahora- por méritos jurídicos, sino por los partidos políticos según su manera de pensar; que viola tanto el derecho español como el derecho vinculante internacional; que se toma la libertad de conceder o retirar derechos humanos ‘a la carta’; que no tiene solamente poderes legislativos, sino también ejecutivos; que se toma la libertad de tomar resoluciones de gran alcance que no tienen nada que ver con el recurso recibido, y que, por otra parte, no decide sobre recursos que ha aceptado mientras el motivo del recurso es actual, pierde su credibilidad. Los alemanes deberían pensar en los tribunales injustos del tiempo del nacionalsocialismo, a los que, en el modo de interpretar y aplicar el derecho, España se acerca con botas de siete leguas. Sólo se puede tener la esperanza de que, como le pasó a Slobodan Miloševic, todos los jueces y fiscales, como todos los miembros del gobierno español que en estos meses y días han tergiversado y violado arbitrariamente el derecho español y el internacional y que son responsables de millones de vulneraciones masivas de los derechos humanos, deban responsabilizarse de sus hechos ante un tribunal internacional, ¡ya que la, en parte corrupta, justicia española nunca les exigiría responsabilidades!

En tanto que los partidarios de una soberanía estatal catalana reconozcan la justicia española y obedezcan también decisiones claramente ilegales, perderán la partida y España ganará. Las catalanas y catalanes, en cambio, tienen al alcance de la mano la República Catalana y la libertad, si las implementan consecuentemente. Pero si actúan desalentados e indecisos, si se dejan dividir y aceptan las instrucciones ilegales del Estado español, las perderán y puede que no vuelvan a tener una ocasión de hacer efectivo su derecho humano de autodeterminación.

El derecho humano de autodeterminación del pueblo catalán no será realizable con una obediencia hacia España y sus tribunales, sino con una masiva desobediencia civil frente a las autoridades españolas y una ignorancia permanente de todas las instrucciones jurídicas ilegales de las autoridades de la Estado español, que, debido al curso de los acontecimientos, ha perdido en Cataluña su legitimidad. Por parte de la nación catalana, será decisivo que su lucha por la libertad siga siendo sin uso de la violencia. Se puede ser duro y decidido, pero no ha de recibir daños ni una sola persona. Incluso a la vista de las medidas violentas y vulneradoras de los derechos humanos por parte del Estado español, que ha habido hasta ahora y que aún vendrán, los catalanes deben seguir reaccionando pacíficamente, pero con toda la decisión.

En una confrontación política de estas dimensiones es muy humano que haya actores que cometan algún fallo o que demuestren debilidad. Sólo cuenta el resultado final. Desde el 27 de octubre de 2017, la parte catalana ha cometido los siguientes errores:

  1. La sumisión incondicional de la Generalitat de Cataluña y de todos sus funcionarios y empleados bajo el poder dictatorial del Estado español.
  2. Presentarse a las elecciones del 21 de diciembre de 2017 en tres listas separadas en lugar de hacerlo en una lista unitaria, adecuada a la situación excepcional.
  3. El aplazamiento de la elección del presidente catalán que estaba prevista para el 30 de enero de 2018.

Antes del 27 de octubre de 2017, el Estado español no tenía suficiente información sobre cómo Cataluña podía ser administrada y gobernada. Ahora sí lo tiene. Pero sólo está en situación de controlar y administrar efectivamente Cataluña mientras las catalanas y los catalanes colaboren. No le sería posible sustituir a corto ni a medio plazo cientos de miles de funcionarios competentes, ni sería capaz de sobrepasar la barrera lingüística, si catalanas y catalanes no se lo facilitaran debido a la sumisión idiomática aprendida desde pequeños. Para la comunidad internacional lo que cuenta es quién controla efectivamente el territorio catalán. Mientras esto lo haga el Estado español, ni el gobierno legítimo de Cataluña ni el parlamento catalán tienen ninguna perspectiva de poder ejercer con éxito el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.

El artículo 3 de la Constitución del reino de España de 1978, dice:

Art.3.

  1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.
  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades, de acuerdo con sus Estatutos.
  3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Mientras las catalanas y los catalanes, tras la proclamación -internacionalmente válida- de la República Catalana del 27 de octubre de 2017, aunque acepten esta Constitución, tendrían solamente la obligación de conocer la lengua castellana (que en Alemania generalmente se llama «español»), teniendo en cuenta que la Constitución española no indica ninguna norma (¡ni puede hacerlo!) de hasta qué grado deben dominar y “conocer” esta lengua. De su derecho de usarla no tienen por qué hacer uso. No se les puede obligar a hacerlo, sino que según la Constitución española tienen siempre el derecho inapelable -especialmente en Cataluña, y sobre todo también los funcionarios y empleados de la Generalitat de Cataluña- de usar exclusivamente la lengua catalana. Si el gobierno español -que sigue gobernando Cataluña con plenos poderes dictatoriales y con suspensión de las instancias democráticas- hace preguntas a los funcionarios catalanes en lengua española, estos tienen el derecho de contestar sólo en catalán. Tanto según la Constitución española como según los Pactos de Derechos Humanos no se les puede perseguir en modo alguno judicialmente, si hacen uso de su derecho constitucional. No es que se nieguen, en este caso, a contestar nada, sino que lo hacen dentro del marco que la Constitución les permite, en su lengua.

Si millones de catalanas y catalanes usan consecuentemente la lengua catalana en la vida civil y laboral, y también en el contacto con extranjeros usan otras lenguas como el alemán, el inglés o el francés, España en un sentido jurídico está maniatada, y no tendrá muchas posibilidades de controlar efectivamente a largo plazo, ni de seguir expoliando su colonia catalana. De forma parecida al movimiento ‘Me Too’, es necesario, si los independentistas van de verdad, una acción explícita a responder en catalán en cualquier forma de comunicación escrita u oral con todos los funcionarios públicos (políticos, fiscales, jueces, policías y otros) españoles, y un boicot de todos los medios en lengua española. Se podría decir también un movimiento «Jo també!». «Mentre se’ns oprimeixi i se’ns robi la nostra llibertat, només respondré en català!» -«Jo també!» («¡Yo también!». «Mientras se nos oprima y se nos robe nuestra libertad, sólo responderé en catalán!» – «¡Yo también!»).

El Estado español intenta, y no de manera torpe, desunir y dividir a los independentistas. Estos, si quieren tener éxito, no deben tener la meta de imponer el programa de su partido o de su lista electoral. Tienen que hacer, primordialmente lo que sea útil y provechoso para Cataluña. En esta situación, esto sólo puede ser, con prioridad absoluta, la investidura del legítimo 130º presidente de la Generalitat de Cataluña, que España no estaba legitimada para destituir, pero que de hecho le ha quitado todos los poderes. Cualquier otra cosa sería un fallo imperdonable. La meta del PP es someter completamente y para siempre a Cataluña, destruir las instituciones catalanas, a largo plazo asimilar Cataluña a España, y perpetuar el expolio de Cataluña. Cada cesión por parte de los catalanes ayuda a España y perjudica a Cataluña. No habrá ningún compromiso que sea soportable para Cataluña, y sería un error creer que se pueda negociar una versión ventajosa del Estatuto de Autonomía que permita seguir dentro del Estado español sin graves desventajas. Para Cataluña es una cuestión de todo o nada. Si Cataluña sigue dentro de España, desaparecerá en cuanto a lengua y cultura, y política y económicamente seguirá siendo una colonia fáctica de España. Quien da a España el dedo meñique, se encontrará con que no sólo le quita toda la mano, sino que sencillamente se lo quita todo. España ha rechazado y seguirá rechazando la propuesta catalana de un diálogo. Ahora el pueblo catalán debe responder de la misma manera a las medidas represivas de la política española y de los jueces que de ella dependen. No puede retirar su apoyo incondicional al 130º presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Debe conjurarse contra la represión del Estado español, violador de los derechos humanos, y realizar, paso a paso, la implantación de la República Catalana.

Era y es falso haber aplazado la elección del presidente catalán aduciendo los planes represivos de las decisiones injustas del Tribunal Constitucional español. Cataluña no gana nada, pero corre el riesgo de perderlo todo. Si los partidos catalanes que se pronuncian por la libertad de Cataluña, por el estado de derecho y la democracia, para la realización de los derechos humanos del pueblo catalán y para la formación de una República Catalana quieren conseguir su objetivo, deben ser consecuentes y hacer imperturbablemente lo que hay que hacer. Deben aceptar que, si es necesario, miles de mujeres y de hombres, políticos catalanes, serán encarcelados en prisiones españolas como presos políticos. No se puede encerrar a todo un pueblo. Por cada político que España encarcele violando gravemente el derecho español y los derechos humanos, han de venir dos nuevos. Quien tenga miedo ya ha perdido. Valor cuerdo y la conciencia de que la causa justa vencerá, llevan al éxito. Si España sigue violando los derechos humanos y oprimiendo a Cataluña como hasta ahora y aún en mayor medida, se convertirá en un Estado paria que será condenado internacionalmente de forma progresiva, como le ocurrió en otros tiempos a la República Sudafricana. Los costes económicos para España sobrepasarán pronto los 16 mil millones de euros que exprime cada año de su colonia catalana. Todo lo más tarde, cuando los daños económicos que tenga España, debido a las violaciones de los derechos humanos, pasen de los 160 mil millones de euros al año, ya no podrá seguir oprimiendo a Cataluña.

Haga lo que haga el Parlamento catalán, España intentará anularlo si va contra los intereses del Partido Popular. Por ello, Cataluña no debe reaccionar siempre a las órdenes españolas y someterse a ellas, sino que debe fijarla el marco en el que se produzcan los acontecimientos. ¿España prohíbe al diputado electo Carles Puigdemont, sin antecedentes penales y con inmunidad parlamentaria, no sólo su presencia en el Parlamento catalán para hacer uso de los derechos activos y pasivos a los que tiene derecho como diputado, sino que, además, no permite ni siquiera una conexión, técnicamente posible, desde Bruselas? Entonces el Parlamento catalán se debe reunir en Bruselas e investir allí al presidente catalán. Pero no debe someterse a la voluntad española. Porque ésta quiere ganar tiempo ostensiblemente, y con triquiñuelas legalistas llevar a una situación en la que según el derecho de los señores coloniales una elección de Carles Puigdemont esté completamente descartada.

Hay que decirlo claro: Quien, estos días y como político catalán, no esté dispuesto a realizar de manera directa su programa electoral y, si es necesario, ir a la cárcel, debería renunciar a su mandato y dejarlo para otro. Nadie quiere ser mártir por su gusto. Pero en la situación actual, Cataluña necesita patriotas convencidos que, si es necesario, estén dispuestos al martirio. Los Sres. Oriol Junqueras y Carles Puigdemont lo eran y lo son. Por ello, les corresponde ya hoy un lugar de honor no sólo en la historia de Cataluña, sino en la de toda Europa.

Traducción catalana de Pere Grau i Rovira (Hamburgo), publicada en catalán, por primera vez, en la revista ‘El Unilateral – El digital de la República Catalana`

Publicación original: http://blickpunktkatalonien.com/die Wahl zwischen freiheit und knechtschaft von prof dr axel Schoenberg / (3 de febrero de 2018).

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