El vergonzoso comportamiento de María Eugenia Gay

Desconozco cuál es la ideología política de la señora doña María Eugenia Gay, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, pero el hecho de que a estas alturas todavía no haya presentado la dimisión por el comportamiento inadmisible que tuvo el 24 de febrero, en la sede del Colegio, al faltar el respeto al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, lo deja muy claro. Sin embargo, no estamos hablando de política, sino de educación, y su comportamiento fue un modelo de lo que no debe hacer nunca el anfitrión de una entidad que tiene como misión fundamental la salvaguarda de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. Pero vayamos por partes y recuperemos primero las palabras del señor Torrent que tanto enfurecieron al nacionalismo español:

Roger Torrent, Presidente del Parlamento de Cataluña: “Se han producido lesiones graves a derechos políticos fundamentales y hay que denunciarlo cuando la voluntad de la ciudadanía, expresada en las urnas, no se puede materializar porque los tribunales, a instancias del poder ejecutivo, lo impiden. En este sentido, hay que denunciar la existencia de presos políticos acusados ​​de rebelión y sedición por delitos inexistentes. Sobre este punto hay que destacar el manifiesto de más de un centenar de profesores… [Se levantan varios asistentes, entre los cuales el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Barrientos, y el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y abandonan la sala. Algunos asistentes insultan al presidente del Parlamento. Este es visiblemente reprobado y conminado a acabar por la señora Gay y entonces, saltándose un buen trozo del discurso previsto, continúa: “Esta regresión de derechos fundamentales se ha observado con especial intensidad en Cataluña, dado que en los últimos meses se han producido vulneraciones graves en los derechos de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, del secreto de las comunicaciones, del derecho a la intimidad y del derecho a la defensa”.

Ciertamente es así. El Estado español ha violado y sigue violando día a día los derechos humanos, y denunciarlo no sólo era un derecho del Presidente del Parlamento, también era su obligación, Como lo es por parte de todo verdadero demócrata. Hacerse el loco o exigir silencio con argumentos vergonzosos, como ahora “no tocaba”, “no era el momento de decir eso” o “no era el lugar adecuado para hacerlo”, no denota únicamente complicidad ideológica con las violaciones mencionadas, demuestra, además, hasta qué punto hay todo un cuerpo de juristas que constituye por sí mismo una pieza inseparable del engranaje represor español. Ningún poder absolutista puede tener éxito en la violación flagrante de derechos humanos sin contar con la connivencia ideológica o la cobardía de una parte significativa de sus tribunales de justicia y de su clase jurídica. Y todos los que se levantaron corroboraron, sin darse cuenta, las palabras del Presidente del Parlamento y se identificaron como cómplices de las barbaridades que está cometiendo el Estado español. Tarde o temprano, sin embargo, la historia y las sentencias de los tribunales de derechos humanos los pondrán a lugar. Y la decana del Colegio de la Abogacía, con su reprobación al presidente del Parlamento de Cataluña, primera autoridad del país en ese momento (y aún ahora mismo), se inscribe en este marco. Un Estado donde los ministros y la prensa del Régimen anuncian las sentencias y resoluciones judiciales antes de que los tribunales las dicten no es un Estado de derecho. Es un Estado opresor. Y aún lo es más cuando estas sentencias y resoluciones criminalizan, inhabilitan, persiguen y encarcelan a personas inocentes por el solo hecho de ser desafectos a la ideología absolutista del Estado.

En estos días estamos viendo cómo varias voces del nacionalismo español en Cataluña se dedican a censurar al presidente del Parlamento con una misma canción, que es la cantinela oficial homologada con el ministro de Justicia español y el aparato represor del Estado. ¿Y qué dice esta cantinela? Pues dice que el presidente del Parlamento no podía decir lo que dijo porque “estaba allí no como miembro de un partido político, sino como representante de todos los catalanes, y no todos los catalanes son independentistas como él”. También dice la cancioncilla que el señor Roger Torrent “hizo un discurso político en un lugar en el que procedía únicamente un discurso institucional”. Hay, incluso, quien le dice que aquello fue “una ofensa a la democracia”. Dios mío, ¡cuán ciega y soberbia es esta religión llamada Unidad de España! Creo que vale la pena responderlo.

Cuando se dice que lo que procedía era un discurso institucional, significa que lo que tocaba era hablar sin decir nada. Es decir, un discurso purificado, esterilizado, fútil, inocuo y anodino. De esos discursos que invitan a echar una cabezadita y que sirven indistintamente para una entrega de premios o para la inauguración de un garaje. Querían, en definitiva, convertir al presidente del Parlamento de Cataluña en un florero de mesa, una mera figura decorativa que sonriera y que pusiera cara de buen chico. Aunque todavía no le pidieron que se pusiera un casco con penacho, como los de la unidad montada de la Guardia Urbana. Mira por donde, sin embargo, resultó que la figura decorativa tenía cerebro. Por eso la anfitriona y varios invitados lo reprobaron, como si fuera un humorista contratado que se ha salido del guión y les ha acabado explicando un drama.

El presidente del Parlamento dijo lo que dijo en el Colegio de la Abogacía, porque tanto él como esta institución tienen el deber ético de salvaguardar los derechos humanos y denunciar las injusticias que se cometen contra miembros de la sociedad. Y la ley mordaza, que es una ley fascista, la violación flagrante y persistente de la libertad de expresión por parte del Estado español, la criminalización del independentismo, la caza de brujas contra la disidencia, la manipulación de los resultados electorales, y el cautiverio de personas convertidas en rehenes es una violación de los derechos humanos ante la que ningún presidente de Parlamento ni ningún juez, fiscal o abogado pueden permanecer indiferentes. ¿Dónde estaban el 1 de octubre pasado, Jesús María Barrientos, Francisco Bañeres, Pablo Llarena y compañía, cuando miles de ciudadanos eran brutalmente golpeados por la policía española a las puertas o en el interior de los colegios electorales? ¿Cómo es que no se levantaron ante aquella ignominia que ha repugnado todo el mundo? ¿Cómo es que se muestran tan sumisos y aquiescentes ante la legitimación de la violencia del Estado contra el independentismo hecha por el rey español en su discurso de Navidad? ¿Es que no se supone que es el rey de todos los “españoles”, sean o no sean independentistas? ¿Y que no se supone que los miembros del Gobierno, con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, deberían tenerlo también presente, en vez de comportarse como ultranacionalistas españoles cada vez que abren la boca?

Señora doña María Eugenia Gay, el día del acto aquí mencionado, usted, con su comportamiento, tomó partido y se situó al lado del Estado represor. Pretendió amordazar a la segunda autoridad de Cataluña -repitámoslo: la primera aquel día- y, con su acción, demostró el poco valor que para usted tiene el Parlamento de nuestro país y su presidencia. Nunca en la vida, ni en los sueños más delirantes, habría osado tutear y amonestar a Felipe VI, Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo. Ni tampoco se habría atrevido, si se hubiera tratado de Ana María Pastor y Pío García-Escudero, presidentes del Congreso y del Senado españoles, respectivamente. ¡Nunca en la vida! Y es que ya se sabe, una cosa es la Autoridad, con mayúscula, y otra este pequeño barbudo de Sarrià de Ter que tiene la manía de llevar un lazo amarillo en la solapa de la americana. Ilustrativa escala de valores.

Pues bien, señora Gay, este ‘pequeño’, es el Muy Honorable presidente del Parlamento de Cataluña, uno de los parlamentos más antiguos del mundo, y su discurso, denunciando la conculcación diaria de derechos fundamentales por parte del Estado español, fue pronunciado en uno de los lugares más adecuados del planeta: el Ilustre Colegio de la Abogacía, donde se supone que se reúnen profesionales con una escala de valores según la cual la ideología personal nunca puede pasar por encima de la justicia. Y la prueba fueron los aplausos inmediatos que recibió el presidente del Parlamento por parte de muchos de los juristas presentes. Estos, lejos de sentirse ofendidos, agradecieron su coraje, porque lo que de verdad les ofende como demócratas y como profesionales del derecho es la escandalosa desacreditación de los tribunales de justicia provocada por colegas que actúan como políticos, no como juristas, y dan cobertura a la abominable deriva totalitaria española.

¿Quién se levantó, entonces? Pues se levantaron todos los que se dieron por aludidos. De este modo demostraron que para ellos, la unidad de España, está por encima de la democracia, lo que los inhabilita para intervenir en toda causa contra el independentismo, del mismo modo que no se puede permitir que un colectivo negro defensor de los derechos civiles sea juzgado por un tribunal blanco con prejuicios raciales. Ustedes, señora Gay, no están donde están para hacer cumplir las leyes, están donde están para hacer que prevalezca la justicia. Y un Estado que encarcela personas inocentes no tiene leyes, tiene cadenas. Ahora, por tanto, son usted y los que piensan como usted quienes deben decidir cuál es su lugar. Deben escoger entre las cadenas o la justicia. La segunda, señora Gay, comienza por su dimisión.

EL MÓN