El día que comenzó el ‘Proceso’

El lunes pasado compartí mesa en Esade con Enric Hernández, director de ‘El Periódico’, y el colaborador de ‘La Vanguardia’ Jordi Amat, que publicó recientemente un librito sobre el ‘Proceso’ que él mismo califica de “panfleto” (‘La confabulación de los irresponsables’, Anagrama). El objetivo de este breve texto -que en mi opinión no es ningún panfleto sino un buen ensayo breve- es cuestionar que la respuesta contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de 2006 sea realmente el punto de inflexión de la actual situación política.

La mayoría de análisis sobre el ‘Proceso’ parten de referencias cronológicas muy diferentes. Desde la perspectiva soberanista, es habitual datar el inicio simbólico del Proceso el 10 de julio de 2010, cuando se produce la gran manifestación contra la mencionada sentencia del TC. Sin embargo, hay discrepancias al respecto -muy anteriores, por cierto, al libro de Amat-. Fijar el inicio del ‘Proceso’ es más importante de lo que parece, en la medida que, como veremos a continuación, condiciona radicalmente el análisis de los parámetros ideológicos que se han ido poniendo sobre la mesa.

Desde la perspectiva más o menos compartida de los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, el resurgimiento del viejo ‘problema’ catalán no tenía ninguna relación con el descabezamiento del Estatuto de 2006 por sentencia del TC, sino que respondía a los epígonos de la crisis económica que se inició posteriormente, entre 2007 y 2008. Esta explicación no es compartida por los principales partidos soberanistas catalanes, que la vinculan a la consolidación de Cataluña como sujeto político específico, con lo que ello implica: aspiraciones a un Estado propio, bilateralidad, etc.

Esta discrepancia cronológica, en definitiva, no es anecdótica, sino todo lo contrario. Fijémonos que la datación del inicio del ‘Proceso’ condiciona dos explicaciones axiológicas que, en último término, resultan antagónicas. Siguiendo la terminología del sociólogo norteamericano Ronald Inglehart, la primera apunta a que el proceso catalán se debe a una disfunción en la esfera de los valores materiales (financiación, déficit de infraestructuras, etc.), mientras que la segunda hace referencia a valores de carácter postmateriales (reconocimiento, identidad, etc.). No es extraño, pues, que el remedio insinuado por el PP y el PSOE -pero nunca formulado en términos reales y programáticos- para resolver el problema se base en aspectos relacionados con cuestiones económicas, mientras que desde una perspectiva soberanista se insista en políticas encaminadas a fortalecer Cataluña como sujeto político. De alguna manera, la completa disparidad de los ejes conceptuales esgrimidos en la mayoría de los diagnósticos imposibilita de raíz un diálogo real en relación con los valores en disputa y, evidentemente, con su traducción política y programática.

El impacto argumental de la datación del ‘Proceso’, sin embargo, no termina aquí. De manera tácita, pero también clara, algunos retrotraen sus gérmenes más remotos a finales del XIX, con el ‘Memorial de Greuges’ (‘Memorial de Agravios’) y la estandarización del catalanismo político; otros centran el inicio más profundo de la disputa en la Segunda República, con constantes paralelismos entre los ‘Hechos de Octubre’ de 1934 y los ‘Hechos de Octubre’ de 2017; ciertos analistas insisten en los equívocos de la Transición, y muy especialmente en el corto pero intensísimo período que va del retorno del presidente Tarradellas a la aprobación de la Constitución española del 78, etc. En función de los referentes históricos y cronológicos que elijamos, pues, el análisis de los valores referidos al ‘proceso’ catalán adquiere un carácter u otro, quedando fijado institucionalmente mediante coordenadas conceptuales no sólo divergentes, sino también irreconciliables.

El librito de Jordi Amat vincula el ‘abc’ del Proceso con las vicisitudes que rodearon la gestación, aprobación en referéndum y posterior impugnación por parte del TC del Estatuto de 2006. Yo no osaría datar el inicio del ‘Proceso’, pero sí el preciso momento en que se convierte en una cuestión imposible de resolver por medio del diálogo político. A finales de noviembre de 2013, García-Margallo, entonces ministro de Exteriores, envía un largo informe a todas las embajadas y consulados españoles en que transforma un problema político en una especie de drama emocional con connotaciones confusamente morales: “desconcierto”, “consternación”, “angustia”, “desgarro”, “fractura”, “enfrentamiento”, “empobrecimiento”, “España amputada”… Este registro operístico resulta literalmente incompatible con el de la racionalidad política: un debate cualquiera es inimaginable, imposible, desde esta asimetría dialógica. Y así sigue la cosa.

ARA