El 4 de abril, un grupo de personas, miembros santcugatenses del Comité de Defensa de la República (CDR), se reunieron en la plaza de Octavio de Sant Cugat, sentados en un pequeñO círculo, para hablar sobre diversas cuestiones relacionadas con el Proceso, y, como es natural, no hubo ningún problema. Sin embargo, al encuentro, se añadieron unos agentes de los Mossos de paisano para espiar qué se decía y, de repente, aprovechando que uno de los asistentes tenía que marchar a media reunión, le siguieron hasta la plaza de los Cuatro Cantones, es decir, toda la calle Santiago Rusiñol de arriba abajo, y le exigieron que se identificara. Luego, los mismos agentes volvieron a la reunión y notificaron a los participantes que, en adelante, tienen órdenes de identificar a un responsable en todos los actos en que se reúnan más de veinte personas. Incluso les amenazaron que si no nombraban ninguno serían multados.
Quiero resaltar que el cuerpo de Mossos actual no es el mismo que el que había el 1 de octubre pasado. Los miembros del cuerpo sí que son los mismos, pero no su mando. La policía catalana se ha convertido en una policía española dirigida desde Madrid que no tiene nada que ver con la que estaba bajo control del consejero Joaquim Forn y del mayor Josep Lluís Trapero. Nada que ver. Recientemente hemos podido comprobar la violencia que gastan apaleando a pacíficas personas independentistas. Y es que esto es justamente lo que quiere el Estado español, romper la corriente de simpatía de la población hacia los Mossos con motivo de su comportamiento en los atentados en agosto en Barcelona y Cambrils y en los hechos del 1 de octubre. Se trata, en definitiva, de presentar el independentismo como terrorismo para poder no sólo prohibir, sino para poder criminalizar su más mínima expresión, incluidos los distintivos en los balcones de las casas.
La Ley Mordaza es una ley fascista, y los extremos de opresión a la que ha llegado el Estado español ya son retratados y caricaturizados por toda la prensa internacional. El Estado español se ha quitado la máscara que se puso el 20 de noviembre de 1975 y, como se ha visto, está dispuesto a violar los derechos humanos sin ningún tipo de escrúpulo. Como ocurre en los regímenes dictatoriales, no sólo la calle ha dejado de ser un espacio libre, también el ciudadano ha dejado de ser inocente mientras no se demuestre lo contrario para convertirse en sospechoso permanente. Por eso todo encuentro de un grupo de personas, ya sea en la calle, en una plaza o en un parque público, ha pasado a ser sospechoso. Y por eso, también, de acuerdo con aquel principio fascista según el cual la gente no piensa por sí misma sino que necesita un führer, se obliga, bajo amenaza, que todas las reuniones que se celebren nombren un responsable.
Ya sé que para un demócrata eso es una locura, pero hay que ponerse en la mente de un Estado dictatorial como el español para entender que lo que le rompe los esquemas es que los CDR sean personas que actúan individualmente y no subordinadas a un organismo, cosa, por supuesto, que le obliga a perseguir a miles y miles de personas una por una. No es que les detengan escrúpulos morales, simplemente no tiene suficientes cárceles para encerrar a tantos catalanes. Propongo, pues, que los CDR celebren reuniones paralelas de diecinueve personas. Y si el Estado hace una ley que pone el tope en diez, pues reuniones paralelas de nueve. Y así sucesivamente hasta demostrar al mundo que Cataluña se enfrenta al fascismo.
SANT CUGAT
http://www.cugat.cat/diari/opinio/136140/l_assetjament-als-cdr
