Diplomacia catalana

Durante el mes de marzo, las calles de Ottawa se impregnan con el tufo empalagoso del deshielo. Después de caminar tres esquinas y una vez llegado a una de las sedes de la Oficina del Consejo Privado -el corazón de la burocracia en la Federación Canadiense- dejo atrás el hedor ambiental, el neogótico chabacano y la fiebre constructora del centro de la ciudad.

 

Me he enterado de una presentación en ‘petit comité’ encargada a Jesús Ruiz-Huerta, profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El título de la conferencia es verdaderamente apasionante: “Independencia catalana y crisis económica española”. La realidad política catalana se ha convertido en un asunto con relevancia global y el gobierno canadiense, como muchos otros gobiernos y cancillerías de todo el mundo, ha iniciado la prospección del soberanismo catalán.

 

La sala de reuniones, presidida por una larga mesa de madera noble, dispone de un prominente reloj digital que marca las diferentes zonas horarias del vasto dominio territorial canadiense: de Terra-Nova hasta la Columbia Británica. Preside esta reunión de unos veinte participantes el Sub-Ministro Adjunto, Alfred Leblanc, el afable mandarín a quien se saluda con reverencia.

 

Ruiz-Huerta es un hombre enclenque, inquieto y bien acicalado, con traje inglés y pelo largo, de un tono plata blanquecino. Me parece una síntesis de un señor de Serrano con un hidalgo argentino. Observo que el título de la conferencia ha cambiado: “La actual situación de Cataluña en el contexto de la crisis económica española”. Una vez todo el mundo ha tomado asiento, llega agobiado Juan Antonio Martín Burgos, primer secretario de la embajada española en Ottawa. Martín Burgos es un hombre alto, vestido a la anacrónica usanza curchilliana.

 

Ruiz-Huerta comienza su intervención excusando su procedencia madrileña a la hora de hablar de Cataluña y recordando que, pese a ser madrileño, su segundo apellido es Carbonell, un factor que lo enlaza con los emprendedores catalanes que hicieron fortuna con la producción de aceite en Andalucía. Más adelante me explicará que es amigo personal de Antoni Castells, antiguo Consejero de Economía del Gobierno catalán. En términos generales, el catedrático español ofrece una visión precisa del Estado autonómico, el sistema fiscal de régimen común y el sistema foral vasco y navarro. Ruiz-Huerta destaca cómo los territorios con una hacienda foral han trampeado mejor la crisis, consiguiendo limitar el aumento de la tasa de paro.

 

La tesis desarrollada por Ruiz-Huerta consiste en destacar la sentencia del Tribunal Constitucional español de 2010 contra el Estatuto catalán y la negativa de Mariano Rajoy a negociar un pacto fiscal para Catalunya para explicar la explosión soberanista en el Principado. En términos generales, la presentación del economista madrileño me parece poco sesgada y merecedora de congratulación. Sin embargo, una vez terminado el PowerPoint e iniciada la fase de debate, decido convertirme en el primer participante incluso presentándome: “para aquellos de ustedes que no me conozcan, me llamo Agustí Bordas y Cuscó y soy un catalán”. Después de unos instantes de conmoción y sorpresa, el resto de participantes parecen haberse despertado con la presencia inesperada en la sala de un catalán con pasaporte canadiense.

 

Pese a no ser el conferenciante, explico varios factores omitidos en la presentación de Ruiz-Huerta: la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe que establece la consideración del principio de ordinalidad en la redistribución de los recursos fiscales, algo no respetado en el sistema español. Añado que, en ningún caso, un land con ingresos fiscales por debajo del promedio antes de la compensación, tendrá más recursos que la media después de la ecualización, algo perpetuado en el sistema español. En segundo lugar explico que la propuesta de pacto fiscal catalán incluía una partida adicional en materia de solidaridad, algo ausente en los sistemas vasco y navarro. En tercer lugar explico que los ranking presentados por Ruiz-Huerta están calculados con la metodología de Costo-Beneficio cuando, para entender los flujos fiscales, es más adecuado utilizar el enfoque del flujo monetario neutralizado. En cuarto lugar indico que la sentencia del Tribunal Constitucional se produjo con retraso, por un tribunal politizado y una vez el pueblo catalán ya había aprobado el Estatuto en referéndum. Finalmente, destaco que, en ningún caso, se puede considerar al nacionalismo catalán como un movimiento etnicista, algo sugerido por Ruiz-Huerta en su presentación.

 

En respuesta a esta intervención y con un tono de gendarme francés, el representante diplomático español indica que el Gobierno español ha decidido impugnar la Declaración de Soberanía del Parlamento de Cataluña -algo recibido con sonrisas socarronas por parte de unos participantes que habían entendido la composición e intencionalidad última del Tribunal Constitucional español- y la supuesta voluntad de Mariano Rajoy para dialogar con el ejecutivo catalán.

 

Unos instantes más tarde, Kevin Farrell, el consejero político de la British High Commission -equivalente de la embajada del R.U. en Ottawa- aclara que, a diferencia de España, el Gobierno británico sí había facilitado un referéndum de independencia para Escocia. Destacando la cultura democrática británica, se nota un cierto tono irónico en la voz de este escocés mientras se dirige al diplomático español.

 

Los acontecimientos de este pasado 1 de marzo ejemplifican la vital importancia para Cataluña de contar con una activa representación exterior. Sin duda, mi presencia es una anécdota poco relevante comparada con las decenas de reuniones gubernamentales y académicas que tratan -en ausencia de representación catalana- sobre el soberanismo catalán. Es necesario disponer de una diplomacia catalana para garantizar la humanización y comprensión de la voluntad catalana y, por este motivo, es imperativo que la Generalitat organice, con toda la celeridad posible, un argumentario y un equipo paraconsular para defender el proceso de emancipación catalán. Nos jugamos conseguir el reconocimiento internacional del Estado catalán.

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