“La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como «dominación» y como «dirección intelectual y moral». Un grupo social ejerce su dominación sobre grupos adversos a los que tiende a «liquidar» o someter, incluso por la fuerza de las armas, y dirige a los grupos que le son cercanos o aliados. Un grupo social puede, e incluso debe ser, dirigente antes de conquistar el poder gubernamental […]; después, cuando ejerce el poder, e incluso cuando lo tiene fuertemente en las manos, se convierte en el grupo dominante, pero también debe seguir siendo el grupo dirigente”. Estas líneas de Antonio Gramsci son el pretexto para poner sobre la mesa una cuestión que mucha gente se plantea sin encontrar la respuesta adecuada: ¿cómo se entiende la cadena de despropósitos del Estado español? ¿Son meras equivocaciones de su gobierno minoritario, incapaz de rehacer las alianzas en el seno de los grupos dirigentes, mientras va perdiendo por el camino su capacidad de dominación? ¿O se trata de un problema más profundo, que afectaría la legitimidad del mismo Estado y obligaría a una recomposición social para fundar un nuevo grupo dirigente?
En caso de que se trate meramente de ‘errores’, bastaría con sustituir los actuales gobernantes del PP por otros de talante pretendidamente ‘moderno’ y ‘renovador’, cuya eficacia se basaría más bien en la debilidad constructiva del adversario que en una energía profunda y genuina; en consecuencia, estarían ligados a una situación concreta, cuando las fuerzas en lucha -PP, PSOE- no pueden representar una auténtica voluntad reconstructiva y el Estado estaría en riesgo de descomposición. En este sentido, por ejemplo, Ciudadanos, una fuerza subsidiaria y marginal, hasta anteayer, a los grupos dirigentes tradicionales, está aprovechando la crisis de dominación sobre Cataluña para atizar la catalanofobia y llevar al paroxismo la defensa de la unidad de España como bagaje electoral a un año vista (la puesta en escena de Manuel Valls para Barcelona, ?? en clave frentista, responde a este criterio).
Pero me parece que estamos ante un problema de legitimidad -como está sucediendo, sin ir más allá, con el aparato judicial-, en el que los recambios de personal no bastarían para recuperar la maltrecha condición del Estado. En este momento, los frentes abiertos son importantes en cantidad y calidad: afectan a personas, estructuras y discursos; minan prestigios, aparatos y lógicas. La tentación autoritaria ya es autoritarismo puro y duro, en forma de ley no promulgada de defensa del Estado, con una actitud desinhibida del complejo policial y jurídico, en todos los ámbitos de la vida civil, social y política, contra las libertades, que retrotrae a la época incierta de la llamada ‘transición’. La interpretación arbitraria de la ley lleva a ordenar la retención de rehenes en prisión para garantizar el dominio del Estado sobre Cataluña. La facundia policial del ministerio del ramo favorece la imposición en la calle de una violencia estructural, con bandas expresamente creadas y financiadas para generar miedo entre la población. La irresponsabilidad educativa del ministerio del ramo bajo el artículo 155 permite crear un estado de opinión desde las más altas instancias para convertir en víctimas las fuerzas represoras, aunque sea por subrogación parental, como el instituto de Sant Andreu de la Barca. Me excuso de no abundar en la contaminación de cloaca que flota en juicios como el de Altsasu o que difunde la peste machista con la sentencia de la Manada: cuando se retuerce la ley hasta límites propios de sociedades en estado de descomposición, la tarea educadora de los aparatos del Estado roza la barbarie intelectual y la abominación moral. Con este panorama, sólo el ascenso de fuerzas dinámicas efectivas, quiero decir que manifiesten una presencia activa y organizada, podría renovar los grupos dirigentes y permitir una refundación del Estado. (Hasta ahora, Podemos, que quisiera ocupar y rejuvenecer el caserón con personal nuevo, procedente de los intelectuales que ha producido el activismo del 15-M, sólo sujeta las fuerzas emergentes con una verbosidad hipnótica, pero no las dirige).
Ahora bien: mientras la crisis de Cataluña no se resuelva en términos verdaderamente democráticos, es decir, admitiendo la existencia de un sujeto político catalán diferenciado de la marca de Estado española, el resto de actuaciones de los actuales grupos dirigentes, o posibles sustitutos, sufrirá los mismos ‘errores’ y contaminará, bajo el pretexto de la defensa del Estado, todas las actuaciones, en todos los ámbitos, y todos los aparatos, con servidores públicos y privados incluidos.
EL PUNT-AVUI
