Cuando hablamos de respetar los límites de la naturaleza y del planeta en el que vivimos, nos vienen a la cabeza numerosos hechos y factores que intervienen en lo insostenible de nuestro sistema. El ser humano ha logrado tener una capacidad de transformación del entorno inimaginable hasta hace unos pocos cientos de años. Y lo ha logrado gracias a la utilización de la energía, necesaria para cualquier actividad en las sociedades actuales.
En la historia de la humanidad, y mucho más en la del planeta, el lapso de tiempo en el que el ser humano ha hecho uso de las energías fósiles y de la nuclear es apenas un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, este hecho, que posibilita la vida social y económica tal y como la conocemos hoy en día, ha tenido efectos gravísimos. A nivel medioambiental, la utilización de este tipo de fuentes ha generado en todos los ámbitos un nivel de contaminación que ya está transformando de forma importante los ecosistemas. En el plano social, ha favorecido la concentración de poder a nivel planetario como nunca antes se había visto;ha generado conflictos sociales y bélicos también a escala global, etcétera.
Los cambios que ya se están dando en las dinámicas climáticas, y que se profundizarán en las próximas décadas, van a depender de los esfuerzos que se hagan para abandonar un modelo económico basado en la utilización de los combustibles fósiles. El escenario óptimo sería aquel que consiguiera limitar el incremento de temperaturas por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, aunque se recomienda un esfuerzo adicional para no superar un incremento de grado y medio. Un escenario así requeriría la descarbonización de la economía en la década de 2050. Esto es más o menos lo que se acordó en el llamado Acuerdo de París, en diciembre de 2015. La Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 está en consonancia con dichos acuerdos internacionales, aun a pesar de que se comenzó antes en el tiempo.
CONTEXTO
En este contexto se debería haber elaborado en el Estado español una Ley de Cambio Climático, que llamaron concretamente Ley de Cambo Climático y Transición Energética. Pero, después de muchas idas y vueltas, el Gobierno del PP, tal como anunció el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en su última comparecencia en el Congreso, optó por encargar a un Comité de Expertos, en su gran mayoría designados por el citado gobierno, para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década. El documento elaborado -cerca de 500 páginas- fue hecho público el pasado 2 de abril, tal como recogió este diario.
En el resumen ejecutivo del informe, se señala que en el escenario base para 2030 “el peso del gas y de las tecnologías renovables, especialmente la fotovoltaica, aumentan de forma muy relevante, mientras que la demanda de petróleo se reduce en gran medida”. Además, “se asume que las centrales nucleares se mantienen en el mix, si bien el carbón desaparece casi por completo”.
Ese escenario base que se ha elaborado a partir del modelo de Entso-E, la asociación europea de transportistas de electricidad, implicaría que en 2030 la potencia eléctrica total instalada en el sistema peninsular crezca algo más de un 50%.
El carbón prácticamente desaparecería y solo quedarían -según ese escenario- 847 megavatios instalados en el Estado español. Es decir, solo permanecería abierta una central mediana, frente a las quince actuales. Los ciclos combinados que usan gas serían los mismos que ahora, aunque funcionarían mucho más tiempo para cubrir el hueco que deja el carbón.
Sobre las renovables, el escenario de partida prevé un aumento de la energía eólica del 35%. Pero el gran salto se daría con la fotovoltaica, que se multiplicaría por diez al pasar de los 4.431 megavatios actuales a más de 47.000 en 2030. Ese escenario central prevé una instalación considerable de baterías para almacenar la energía que las renovables generan y que no se aprovecha.
LA ENERGÍA MÁS POLÉMICA
En ese escenario de implantación de renovables y fin del carbón, el tema más conflictivo, sin duda, es el de alargar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los cuarenta años -aunque se deja en manos del Parlamento y del Gobierno la decisión última- porque “es una vía para descarbonizar la economía y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2)”. Una vez más, se plantea el falso dilema, como ya se ha hecho en otras ocasiones, de que las centrales nucleares poco más o menos nos salvarán de la catástrofe climática, lo cual es una falsedad. Si bien es cierto que la energía nuclear ya funcionando y con el uranio en sus instalaciones, no emite CO2, hay que tener en cuenta todo su ciclo de vida y entonces la realidad es muy diferente. La minería y enriquecimiento del uranio, su construcción, el desmantelamiento y gestión de residuos y el transporte del combustible a la central, también emiten CO2 de forma intensiva.
Pero, además, están los problemas de los accidentes en las centrales nucleares -el próximo día 26 se cumplirá el trigésimo segundo aniversario de la tragedia nuclear en Chernobyl- y el de la gestión de los residuos radiactivos, todavía no resuelto.
Tal y como se ha venido proponiendo en otros informes técnicos recientes como el del prestigioso Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) para Greenpeace titulado Único sentido: 2025 sin carbón ni energía nuclear, actualmente es viable técnicamente sustituir la potencia nuclear y de carbón en 2025, tanto desde el punto de vista de cobertura de demanda, como del de la estabilidad de frecuencia.
DECISIÓN POLÍTICA
Este estudio demuestra que el cierre simultáneo del carbón y las nucleares no es un problema técnico, ni tampoco económico, es solo una decisión política. En las peores condiciones posibles, la seguridad de suministro está garantizada y en todos los casos la alta penetración de renovables y el ahorro energético disminuyen los costes, a diferencia de lo que en numerosas ocasiones ha planteado el ministro de Energía, Álvaro Nadal. De esta forma, y con la pretensión de meter miedo entre los consumidores, se ha afirmado desde el Gobierno del PP que un cierre anticipado de las centrales nucleares elevaría el coste de generación de entre 2.000 y 3.000 millones de euros cada año, lo que aumentaría el precio de la electricidad en un 20% y llevaría a duplicar las emisiones de CO2 en el sector eléctrico, cuando en el propio documento de los expertos, en el que también existen unas cuantas cuestiones interesantes -entre ellas, algunas ya planteadas, además de una fiscalidad energética con objetivos medioambientales-, se viene a decir que “la introducción extrema de las energías renovables produciría una reducción significativa del coste de generación”.
En resumidas cuentas, no es cuestión de escoger entre la catástrofe climática o la nuclear. Se puede avanzar hacia un escenario energético sostenible sin nucleares y sin carbón.
DEIA
